El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha considerado este sábado que el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se está “parapetando detrás de su escaño” como diputado en la Asamblea de Extremadura para “evadir durante unos meses” a la Justicia.

Así, tras referirse al líder de los socialistas en la región como un “señor temeroso” que “utiliza” la condición de aforado de que dispone, tras haber recogido este pasado miércoles, 21 de mayo, su credencial como diputado en la Cámara autonómica, Bautista ha asegurado que Gallardo persigue con su aforamiento un “beneficio personal”.

Esta condición de aforado supone que, al acceder a la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo tendría que ser juzgado, en caso de serlo, por un tribunal superior al ordinario.

“Detrás de todo esto hay una operación orquestada desde la Moncloa, dirigida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cual Gallardo no es más que una pieza al servicio de una familia corrupta”, ha remarcado este sábado el consejero en declaraciones a los medios en Badajoz, en el marco de la clausura de las Escuelas Deportivas Municipales.

A renglón seguido y, tras resaltar que Sánchez “tiene imputado a su hermano, al fiscal general y a su mujer”, así como “ahora” tiene “sentado en el banquillo” al líder de los socialistas en Extremadura, Bautista ha calificado al PSOE de “organización mafiosa”.

A su vez, como representante de la Junta de Extremadura, Bautista ha expresado la “absoluta vergüenza” que siente con el “uso torticero de las instituciones” al que, ha insistido, actualmente se está asistiendo.

Cabe recordar que la noticia de que Gallardo había recogido su acta como diputado autonómico, tras dejar la presidencia de la institución provincial pacense, se supo el mismo día que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz abrió un juicio oral contra el propio líder de los socialistas en la región, así como contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y otras nueve personas, por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.