Jesús Rivasés.- Maurice Duverger (1917-2014), uno de los grandes teóricos del constitucionalismo que estudiaron –o debieron estudiar– generaciones de españoles en la universidad, escribió en su manual «Instituciones políticas y derecho constitucional» que «los distintos modos de escrutinio tienen consecuencias muy diferentes, especialmente sobre los partidos». Es la conocida como «Ley Duverger», que también reza que «el procedimiento más sencillo es declarar elegidos a los candidatos colocados en cabeza de la lista, pero así se llega a privar parcialmente a los electores de escoger a los elegidos y se traslada a los comités electorales que confeccionaron las listas». La sublimación y perversión de esa ley la personifica el socialista Miguel Ángel Gallardo con su acceso, de urgencia y por la puerta de atrás, a un escaño en el parlamento extremeño, con todas las ventajas del aforamiento.

Gallardo, presidente de la Diputación provincial de Badajoz, fue incluido en la candidatura del PSOE de las últimas elecciones autonómicas, pero en un puesto en el que no iba a ser elegido, como así ocurrió. El PSOE extremeño debería haber obtenido nada menos que seis escaños más en su circunscripción para que Gallardo llegara a la Cámara. Tampoco parecía interesarle. Le convenía más la presidencia de la Diputación. Ahora, sin embargo, quiere ese escaño, según dice, por razones políticas. Todo muy sospechoso. Solo horas después de arreglar los papeles, la juez Beatriz Biedma lo enviaba al banquillo por tráfico de influencias y prevaricación, junto a David Sánchez, hermano del inquilino de la Moncloa. Su aforamiento precipitado abre la controversia si se le puede/debe aplicar o no. La perversión democrática aparece porque para que Gallardo acceda al Parlamento extremeño han tenido que renunciar a su puesto la diputada que ocupaba el escaño y los cuatro que todavía figuraban delante de él en la lista.

Es legal y lo contempla la ley, pero violenta las formas democráticas y aleja a los votantes de los elegidos. Todo se agrava porque la diputada que ha renunciado al escaño iba a ser recompensada –ahora está menos claro– con una subdelegación del Gobierno. Es grave que Gallardo quiera ser diputado para sortear a la Justicia, pero todavía lo es más cómo se pervierte el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas –en otros no ocurre, sobre todo en los de distrito uninominal–, algo que hacen con descaro todos los partidos que son quienes eligen a los diputados, y no los ciudadanos, como explicó Duverger.