María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)

El aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y actual diputado autonómico del PSOE en Extremadura, ha desatado una nueva tormenta política y judicial. El movimiento, impulsado por su propio partido en la Asamblea regional y avalado por el Gobierno, ha sido duramente criticado por sectores de la judicatura y de la oposición, que lo ven como un intento de entorpecer el proceso judicial en su contra.

María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en declaraciones a Telemadrid, señala que “lo único que puede buscar es ganar tiempo”. En su opinión, el cambio de fuero —que lleva la causa desde el juzgado de instrucción ordinario al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX)— no supone ninguna ventaja judicial sustantiva. “De verdad que los jueces van a ser igual de independientes”, remarcó.

Gallardo está siendo investigado por la presuntas irregularidades en la contratación del hermano del presidente, David Sánchez, en una causa que salpica también a otras diez personas. Este hecho eleva las sospechas de que la maniobra del aforamiento podría estar destinada a protegerse de una instrucción judicial incómoda.

Riesgos de contradicción judicial

La decisión de aforar a Gallardo plantea un problema técnico y jurídico complejo: la posible fragmentación de la causa. Si se juzga a Gallardo por el TSJEX y al resto de los imputados por los tribunales ordinarios, podrían emitirse fallos contradictorios sobre unos mismos hechos. Del Barco alertó sobre ese riesgo: “Hay que evitar que, si se produjera un enjuiciamiento doble por dos órganos diferentes, las sentencias fueran contradictorias”.

Será ahora la jueza de instrucción del caso, Beatriz Biedma, quien deba decidir si la causa puede dividirse sin vulnerar el principio de unidad del delito ni el derecho a un proceso con todas las garantías.

Un aforamiento “desproporcionado”

Más allá del caso concreto, la portavoz de la APM aprovechó para cuestionar la figura del aforamiento, especialmente su extensión a los parlamentos autonómicos: “Creo que es un exceso y que no se justifican determinadas conductas”. Del Barco argumentó que la Constitución solo contempla esta protección para diputados y senadores del Congreso y el Senado, y que todo lo demás es “una cuestión de voluntad política”.

“Los políticos, antes de tener la capacidad de decidir, siempre abogan por eliminar aforamientos pensando que le afectan al contrario. Hasta que están ellos en el poder, que entonces ya no quieren quitar ningún aforamiento porque les afecta a ellos”, sentenció.

Reacciones políticas y sociales

Desde la oposición, tanto el PP como Vox han pedido explicaciones inmediatas y la comparecencia del ministro de Justicia. También han exigido la retirada del aforamiento como gesto de transparencia. “El PSOE pretende blindar a sus cargos con privilegios medievales”, afirmó un portavoz del PP en el Congreso.

Por su parte, fuentes del Gobierno han defendido la legalidad del proceso y aseguran que el aforamiento no altera el curso de la investigación ni su resultado, al estar en manos de un tribunal igualmente independiente.

Mientras tanto, diversas asociaciones judiciales y plataformas cívicas han aprovechado el escándalo para reabrir el debate sobre la supresión de los aforamientos, una vieja promesa política que sigue sin cumplirse.