Luis ‘Alvise’ Pérez, líder de Se acabó La Fiesta.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrea en República Dominicana y Hong Kong los fondos provenientes de la presunta estafa perpetrada por la plataforma de inversiones Madeira Invest Club (MIC), el entramado que habría abonado 100.000 euros en metálico al eurodiputado y líder de ‘Se Acabó la Fiesta’ Luis Alvise Pérez.

Así se desprende del sumario de esta causa, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se revela que la Audiencia Nacional se ha dirigido a República Dominicana para solicitar información bancaria, fiscal y patrimonial de una serie de sociedades que se habrían utilizado para mover el dinero de los inversores.

Los investigadores sitúan a la cabeza de la presunta estafa piramidal a Álvaro Romillo, alias ‘Cryptospain’, y a Borja Lara. Romillo, a su vez, se habría rodeado de su «esfera personal» para establecer un entramado de sociedades «dentro y fuera de España».

Además, según la UCO, en la estafa también habrían participado el padre de ‘Cryptospain’, Domingo Romillo, su pareja o la prima hermana de Álvaro, Eva Romillo. Todos ellos habrían realizado «múltiples desplazamientos a lo largo de 2024» a República Dominicana, donde la Guardia Civil ha situado hasta 13 sociedades, «no descartándose la existencia de otras».

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El juez, que indaga en delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales, y falsedad de documentos mercantiles, destaca que el MIC era «el eje sobre el que los investigados organizan y ejecutan una estafa piramidal», publicitándose como «un club privado de inversiones» y prometiendo rentabilidades mínimas de un 20% anual previo pago de una cuota anual.

La Guardia Civil sostiene en uno de sus informes que el MIC habría ofertado entre sus miembros un total de, al menos, 44 obras por un valor total de 261.180.762 euros. «Del mismo modo, el MIC habría obtenido entre 5 y 7 millones de euros, a través de las 3 fases de admisión para miembros abiertas en 2023 y 2024», indica. Sin embargo, el MIC colapsó «en septiembre de 2024, cesando sus operaciones y dejando de atender a sus obligaciones, imposibilitando a los inversores retirar los fondos depositados.»

29 millones a una cuenta en Singapur

Fue el pasado mes de diciembre cuando la Guardia Civil pidió al instructor, el magistrado José Luis Calama, que emitiera una comisión rogatoria a Dominicana para pedir información, una solicitud todavía por responder. Hasta la fecha, ya ha recibido documentación de Singapur, Portugal y Bélgica.

Precisamente, el magistrado está a la espera de recibir por parte de la unidad de Delitos Económicos y Delincuencia Internacional de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil un informe en el que se dé cuenta de la documentación recibida hasta la fecha. En lo relativo a esos dos últimos países, la UCO indica que las autoridades policiales de Singapur han informado de que una sociedad que tiene cuenta bancaria en ese país ha recibido fondos de dos sociedades portuguesas.

En concreto, «la Policía de Singapur ha comprobado que las empresas que han realizado las transferencias pertenecen a Álvaro y Domingo Romillo». Entre julio y agosto de 2024, esa cuenta habría recibido más de 29 millones de euros procedentes de dos empresas portuguesas.

Singapur explicó a la Audiencia Nacional que procedía a bloquear esas transferencias al tratarse de «una operativa sospechosa». Pare mantener ese bloqueo, el país explicó al tribunal que para mantener ese bloqueo tenía que acreditar que los fondos procedían del presunto fraude.

En cuanto a Bélgica, el magistrado se dirigió al país después de haber sido «identificadas varias cuentas bancarias que han sido destinatarias de fondos de los perjudicados», vinculadas con el propio Domingo Romillo. La UCO también pone el foco en Alejandro Pérez, que «ocuparía un escalón inferior» a Romillo y Lara. Pérez habría realizado «videos promocionales de las obras del MIC, en los que promete altas rentabilidades», además de haber titulado «varias de las mercantiles que componen el entramado societario de la organización criminal» y de haber gestionado el WhatsApp del MIC.

Los agentes sitúan en ese segundo nivel a otros trabajadores del MIC: Dani -que no ha sido identificado-y su padre eran los encargados de soporte y gestión financiera; Rosa María de Oliveira era la directora del Club Privado; Rocío Chaves era la encargada de recepción y salas de reuniones. Sitúan además a otras personas presuntamente relacionadas con la plataforma, y que se habrían encargado, entre otras cuestiones, de los eventos del MIC, como el caso de Pedro Estanislao Bris. La Guardia Civil destaca que el MIC realizó «tres eventos multitudinarios en distintas ubicaciones de Madrid entre 2023 y 2024, contando incluso con la presencia de personalidades de renombre como ‘Alvise’ Pérez».

«Con esta estrategia de comunicación se conseguiría fortalecer su reputación y demostrar su solidez económica», indica la UCO, que detalla que el eurodiputado «publicitó los servicios de Sentinel», una sociedad presuntamente implicada en la estafa y que permitía el intercambio de dinero en efectivo sorteando el control de Hacienda. Cabe destacar que Romillo aseguró ante el juez que entregó 100.000 euros en metálico a Alvise Pérez procedente del remanente de Sentinel para recibir favores futuros del dirigente y también beneficiarse de su influencia en la red social Telegram. Romillo asegura que ese dinero iba destinado a que el eurodiputado pudiera «financiar con seguridad y holgura su campaña» -para las elecciones europeas– sin persecución estatal».

Rentabilidades de más del 30%

Los investigadores explican que del análisis de varios videos promocionales «se desprende que cuando los inversores transferían capital al MIC para invertir en las obras seleccionadas, el MIC les transfería una obra de arte digital». «Una vez que la financiación de la obra en cuestión había finalizado, y que había pasado un periodo estipulado, el MIC procedía a lo que se denomina como recompra, que consiste en volver a adquirir la obra transferida a los inversores, por un importe mayor que incluía el capital invertido por estos y los intereses», añaden.

Sin embargo, la Guardia Civil indica que el MIC no estaba autorizado para realizar actividades reservadas a instituciones de inversión colectiva, «por lo que trataría de mostrar dichas inversiones como la compra por parte de los inversores de una obra de arte digital que posteriormente el MIC recompraría por un valor superior».

Los agentes explican que «la organización utilizó diversas herramientas para generar la confianza necesaria para que los inversores depositaran sus fondos en el MIC». En concreto, la plataforma «garantizaba por contrato la devolución de la aportación monetaria realizada más el rendimiento generado por la obra». Asimismo, el MIC «ofrecía rentabilidades anuales superiores al 30%, siendo ese objetivo el mínimo de rentabilidad ofertada». «No obstante, la rentabilidad ofrecida para algunas obras superaba con creces ese 30%», indican.

Además, la Guardia Civil pone el foco en la llamada carta de última voluntad, un «documento privado que supuestamente garantizaba el aseguramiento de la inversión en caso de fallecimiento del titular, nominando un legatario al que ceder un poder total, único y absoluto sobre cada una de las obras en las que se participaba». La causa que se encontraba bajo secreto hasta principios de este mes de mayo después de que el juez acordase no prorrogar esta medida. Fue en octubre del pasado año cuando el instructor admitió a trámite tres denuncias por estafa contra el MIC, entre ellas las presentadas por el despacho Aránguez Abogados.