La mayor urgencia para España no es eliminar la corrupción, ni echar a Pedro Sánchez del poder, sino dotarse de una nueva Constitución que impida que los delincuentes, los psicópatas y los corruptos se apoderen del Estado en el futuro y despeñen al país por el barranco de la Historia.

Nada hay más urgente y vital para España que impedir que otro Pedro Sánchez alcance el poder en el futuro.

Otro Pedro Sánchez en el futuro sería el fin de España.

Algunos dirán que la Constitución actual es válida y que bastaría con cumplirla para que los actuales problemas y déficits se solucionen, pero la Constitución vigente, además de no ser respetada, ha demostrado que permite y propicia la corrupción, el abuso de poder y la sustitución de la democracia por una tiranía más o menos encubierta.

El núcleo del problema español es que si un canalla llega al poder puede hacer lo que quiera. Incluso destrozar la nación y violar la Constitución, sin que pague por ello, como merecería, con la pérdida del poder y la prisión.

En España el ciudadano, que es quien debería decidir, en vez de exigir a los políticos, es un cero a la izquierda por culpa de una clase política indigna y de una Constitución que entregó todo el poder a los partidos, generando una partitocracia, no una democracia.

Una Constitución que permite que el presidente del gobierno lo controle todo y ponga a las instituciones y fuerzas del Estado a su servicio personal no es una Constitución válida, sino un arma al servicio de la tiranía.

De un análisis del sanchismo se desprende, como primera conclusión, que la Constitución ha fracasado por haber permitido que Sánchez acose a la Justicia, se apropie del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General del Estado, de la Abogacía, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad y hasta de la Corona. además de colocar a sus peones en centenares de instituciones y empresas que la democracia exige que sean libres e independientes.

Las violaciones del sanchismo son sobrecogedoras: indultos a sinvergüenzas, canallas y golpistas, alianza con partidos que odian a España, cesiones a sus aliados separatistas que rompen la unidad y la igualdad, cambio de leyes para beneficiar a los suyos y facilitar la corrupción, apoyo a determinadas delincuencias, como el robo de viviendas por okupas, corrupción en las concesiones, subvenciones y contratos del Estado, un deterioro profunda en los servicios públicos y una utilización del dinero público y de los recursos del Estado para la compra de votos, la manipulación de la información y el asesinato de la verdad y la democracia.

La Constitución Española vigente nació tras la muerte de Franco, cuando el pueblo tenía depositada su confianza en los políticos y en la incipiente democracia, razones que permitieron que el texto constitucional naciera desequilibrado, entregando todo el poder a los partidos, marginando a los ciudadanos y dotando al poder Ejecutivo de privilegios y poderes que están reñidos con la verdadera democracia.

Una Constitución que es violada constantemente por el poder, que permite que el himno de la nación sea pitado en los estadios, que las fronteras no sean defendidas, que el Rey esté en silencio mientras España es acuchillada, que los corruptos con poder sean impunes y que la democracia y los valores sean asesinados por los políticos que están obligados y su defensa, es en realidad una cloaca.

El sanchismo ha demostrado que para España es vital y urgentísimo reformar las reglas del juego para impedir que en el futuro otros chorizos, corruptos y psicópata se apoderen del Estado y desde allí destrocen la nación.

La nueva Constitución que España debe incluir los mandatos siguientes: Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas; una Ley de transparencia más estricta; obligar a los políticos a publicar sus patrimonios, agendas y reuniones con lobbies en tiempo real; auditorías independientes sobre las actuaciones del gobierno; creación de organismos no partidistas que supervisen el gasto público y los contratos, con poder sancionador real; sanciones severas para la corrupción; prohibición de que los condenados por corrupción puedan ocupar cargos públicos de por vida; reforma del sistema electoral; listas abiertas; elección directa de los candidatos, en lugar de votar por listas cerradas controladas por los partidos; reducción del clientelismo para dar más poder al votante; revisión de la Ley D’Hondt, que favorece a los grandes partidos y a las regiones más pobladas; aprobar alternativas que equilibren la representación territorial; eliminar aforamientos y privilegios judiciales porque todos los políticos deben responder ante la justicia en igualdad de condiciones; mejorar la selección de los políticos; exigir experiencia profesional o formación relevante para ciertos cargos públicos y eliminar el requisito de lealtad al partido; limitar los mandatos hasta un máximo de dos legislaturas para cargos ejecutivos (presidentes, alcaldes…) y legislativos, evitando la profesionalización de la política; garantizar la independencia de los partidos y reduciendo la financiación pública de los partidos, limitando también su control sobre las candidaturas para fomentar nuevas voces; educar desde la escuela, Inculcando valores de ética pública, pensamiento crítico y conocimiento del sistema político; implementar referendos vinculantes y consultas populares en temas clave para que los ciudadanos tengan más peso; controles contra la manipulación; sancionar la desinformación deliberada por parte de políticos, sin coartar la libertad de expresión, mediante un código ético vinculante; asegurar que los medios de comunicación sean neutrales, fomentar un periodismo independiente y reducir la influencia de los partidos en los medios públicos; fortalecer la justicia y las instituciones, hoy debilitadas y manejadas por el gobierno; despolitizar el Poder Judicial; reformar el sistema de elección de jueces del Consejo General del Poder Judicial para que no dependa de acuerdos entre partidos; fortalecer los organismos reguladores; dotar de más recursos e independencia a instituciones como el Tribunal de Cuentas o la CNMC; cambiar la sucia cultura política reinante en España; premiar el consenso y la colaboración en lugar de la confrontación; buscar líderes políticos que den ejemplo y no mientan ni estafen a los ciudadanos; disminuir drásticamente los privilegios de los políticos y los partidos; e impedir que los partidos bloqueen reformas; incentivar el valor de la presión ciudadana.

Aunque parezca increíble casi ninguna de estas exigencias genuinamente democráticas están garantizadas en nuestra actual Constitución, cuyo mayor pecado es que sólo confía en la clase política, despreciando por igual al ciudadano, al bien común y a la auténtica democracia.

Ahí está la clave de nuestra dramática decadencia, nuestra brutal corrupción y el permanente abuso de poder de los que gobiernan.