La agenda reformista del gobierno de Donald Trump en relación a los asuntos migratorios pasa una importante prueba en la Corte Suprema de Justicia.

Ayer, el máximo tribunal escuchó los argumentos del Departamento de Justicia que intenta eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una de las promesas más divisorias de la actual administración. Los abogados del gobierno defienden que los tribunales inferiores no deberían tener la facultad de bloquear a nivel nacional decisiones del Ejecutivo, como la polémica orden sobre la ciudadanía.

Hasta la fecha, al menos tres tribunales federales han emitido fallos que impiden que dicha orden ejecutiva entre en vigor, extendiendo su alcance más allá de los casos particulares para aplicar a toda la política nacional. En total, más de 30 decisiones similares han frenado partes clave del plan de gobierno de Trump. En respuesta, el Departamento de Justicia ha solicitado a la Corte Suprema que limite el uso de estas medidas cautelares a nivel nacional. Las órdenes judiciales de alcance nacional se han vuelto cada vez más frecuentes desde la era del demócrata Barack Obama, pero se han multiplicado exponencialmente bajo Trump.

Algunos juristas, sin importar su afiliación ideológica, sostienen que este fenómeno puede paralizar la acción presidencial, ya que más de 600 jueces tienen la capacidad de frenar políticas federales.

Sin embargo, organizaciones civiles y estados que impugnan la orden de Trump argumentan que la ciudadanía es un asunto de carácter intrínsecamente nacional. Limitar las medidas cautelares dejaría a miles de bebés nacidos en EE UU sin documentos, expuestos a la deportación o incluso a quedar apátridas. Todos los tribunales que han revisado el caso han declarado que la medida es probablemente inconstitucional, y las cortes de apelaciones han mantenido los bloqueos. Esto sugiere, según los demandantes, que el sistema judicial está funcionando sin necesidad de intervención de la Corte Suprema. Aunque el caso actual no debate directamente la validez constitucional del derecho de nacimiento, sí pone a prueba la voluntad de la Corte Suprema de limitar el alcance del poder judicial frente al Ejecutivo.

El juez conservador Clarence Thomas, quien tradicionalmente quien formula la primera pregunta durante los alegatos orales ante la Corte, interrogó al procurador general John Sauer, el principal abogado de la administración Trump ante la Corte Suprema, sobre los «orígenes de las medidas cautelares universales», en un intento de abrir la discusión. Sauer apenas tuvo tiempo de responder antes de que la jueza liberal Sonia Sotomayor interviniera para cuestionar la postura del gobierno. Ella sugirió que la orden de Trump viola cuatro precedentes de la Corte Suprema y que eliminar las medidas cautelares universales obligaría a los tribunales a «quedarse de brazos cruzados y esperar» a que cada persona afectada por una acción acudiera individualmente a la justicia en busca de alivio.

En una muestra del tono de la comparecencia, la jueza Elena Kagan le pidió a Sauer que considerara, hipotéticamente, que la orden ejecutiva de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento es ilegal. «Supongamos que está completamente equivocado», dijo. «¿Cada persona afectada por esta orden ejecutiva tendría que presentar su propia demanda?», preguntó. También cuestionó si existen alternativas a las medidas cautelares de alcance universal y cuánto tiempo tomaría brindar alivio a los afectados. Sauer sugirió que se podría certificar una demanda colectiva para impugnar la orden. «Eso no me inspira mucha confianza», respondió Kagan.

Esta batalla legal atrajo ayer a decenas de manifestantes hasta las afueras de la sede del máximo tribunal en Washington DC, desde donde protestaban por la arremetida de Trump en diversos temas migratorios. Los jueces también están considerando las solicitudes de la administración para poner fin al permiso humanitario otorgado a más de 500.000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.