El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo (PSOE), investigado en la causa abierta contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha anunciado que dejará este cargo para incorporarse “de forma inmediata” como diputado autonómico en la Asamblea extremeña.

De acceder a la Cámara legislativa regional, Gallardo adquiriría la condición de aforado, es decir que en caso de ser juzgado habría de serlo por un tribunal superior al ordinario.

Si finalmente se celebra juicio oral por la causa contra David Sánchez, en la que él también está investigado, el procedimiento deberá ser trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), han confirmado a EFE fuentes judiciales.

Su intención de ser diputado autonómico y renunciar a la Presidencia de la Diputación pacense la ha dado a conocer esta tarde en rueda de prensa tras una reunión celebrada por la Comisión Interparlamentaria del PSOE extremeño, del que es secretario general.

En su comparecencia, Gallardo ha afirmado que su paso a la Asamblea no supone “inmunidad” y que el proceso judicial en el que estará inmerso “seguirá su cauce”.

Sin embargo, basta leer el artículo 18.2 del Estatuto de Autonomía de Extremadura para atestiguar que los diputados regionales “no podrán ser detenidos ni retenidos en el territorio de la Comunidad sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Fuera de dicho territorio la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

En este sentido, ha reconocido que ha cambiado de opinión al decidir entrar ya en el Parlamento, pues en su día manifestó que lo haría una vez concluido el proceso judicial, y lo ha justificado ante el intento del PP y las acusaciones populares de alargar la causa “como si fuera un chicle” y, en el caso del primero además, de impedirle confrontar políticas en el Parlamento extremeño.

Tras el auto de procesamiento dictado por la jueza instructora de la causa, Beatriz Biedma, contras las once personas que figuran en la causa por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, entre ellas David Sánchez y Miguel Angel Gallardo, las acusaciones populares elevaron una petición de apertura de juicio oral en la que piden tres años de prisión para ambos.

Por contra, la Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Badajoz el archivo del procedimiento por entender que “no hay indicios racionales” de criminalidad, como también consideran las defensas particulares.

Para que Gallardo acceda a la Asamblea es necesario que uno de los 16 diputados autonómicos del PSOE por la provincia de Badajoz deje su escaño y que cuatro personas integrantes de la lista electoral socialista renuncien a la posibilidad de ser diputado autonómico.

Gallardo figuraba en el puesto 23 de la lista autonómica del PSOE por Badajoz en las últimas elecciones autonómicas, en las que los socialistas pacenses lograron 16 escaños. Tras la renuncia al cargo de dos de ellos -Guillermo Fernández Vara y Rafael Lemus-, se incorporaron a la Asamblea los candidatos situados en los puestos 17 y 18.

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, considera que con su anuncio Miguel Ángel Gallardo, además de buscar ser “aforado”, lo que hace es “una confesión de culpabilidad encubierta” en el asunto de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. “Lo que ha hecho Gallardo es anunciar que se quiere blindar ante la justicia y decirle a los extremeños que quiere ser aforado”, “con nocturnidad y alevosía”.