Claudia Montes, la expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos que fue contratada en la empresa pública Logirail, está citada a declarar este martes como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga al exdirigente socialista por presuntamente haber recibido comisiones a cambio de contratos de obra pública o de material sanitario durante la pandemia.

Montes será la segunda expareja de Ábalos en comparecer ante el alto tribunal en el denominado ‘caso Koldo’, toda vez que el pasado 27 de febrero declaró otra exnovia del exministro, Jésica Rodríguez, que estuvo contratada en otras dos empresas públicas, Ineco y Tagsatec. En su testifical reconoció que aunque llegó a cobrar el salario mínimo en ambos casos no realizó trabajo alguno.

El magistrado Leopoldo Puente, a cargo de la investigación, acordó tomar declaración a Montes -también conocida por haber ganado el certamen de Miss Asturias en 2017- a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes avisaron de que la mujer “podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes” por la “influencia” de Ábalos y “con la relevante colaboración” de su entonces asesor Koldo García, “formando aquella parte del ‘círculo personal’ del primeramente citado”.

Entre los mensajes intervenidos en la causa figura un mensaje que Ábalos envió a Koldo el 8 de octubre de 2019: “¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?”. “Lo arreglo”, le contestó García. Según el Instituto Armado, el entonces asesor ministerial “actuó como transmisor con el fin de que dicha contratación no solo se llevara a cabo, sino que, una vez formalizada, no se rescindiera”.

Un currículum falso

En el informe consta que en octubre de 2019 Montes envió su currículum a Koldo, quien lo hizo llegar a Isaías Taboas, entonces presidente de Renfe, la única accionista de Logirail, “puntualizándole que el lugar de trabajo sería Gijón”. Según los agentes, Montes consiguió el trabajo y, al igual que Rodríguez, tampoco fue a trabajar a la oficina. En febrero de 2022, la mujer avisó a García de que la habían despedido.

Los agentes señalaron que “estaría decidida a tomar medidas para impedir la extinción de su contrato laboral y no quería que sus actos afectaran a Koldo y Ábalos”. En este contexto, y “ante la necesidad de encontrar un nuevo puesto de trabajo”, Montes le pidió a Koldo que le diera la versión del currículum que le permitió entrar en Logirail. “Lo siento, no tengo nada”, respondió el exasesor.

Ella advirtió que si había “falsedad en los estudios que se pusieron y en el trabajo” podía incurrir en un delito. Sin embargo, en una conversación posterior, Koldo contó a Ábalos que estaba dispuesta a denunciar porque “el CV era falso”, ante lo que el exministro mostró su sorpresa: “Pero si lo falseó ella…”.

La UCO apunta que Montes también acudió a Ábalos “en busca de un nuevo puesto de trabajo”, a pesar de que en ese momento ya no estarían juntos y él ya no era ministro. “Que se deje de líos y busque otras ayudas”, zanjó Ábalos en un mensaje a Koldo. Antes de que la UCO presentara su informe, Montes emitió un comunicado en el que aseguraba que “el único contacto personal” que había tenido con Ábalos era “una fotografía entre compañeros del PSOE” y que había conseguido el trabajo en Logirail a través del portal Infojobs.

El socio de Aldama
Este martes también está citado a declarar César Moreno, uno de los socios del presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, el empresario Víctor de Aldama, que forma parte del grupo de Whatsapp de ‘los cuatro mosqueteros’ que aparece en varios informes de la UCO.

Aunque Moreno acudirá al Supremo en condición de testigo, tendrá que hacerlo acompañado de un abogado porque figura como investigado en la rama de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. En dicho procedimiento, la Fiscalía defiende que ‘los cuatro mosqueteros’ podrían haber participado en un delito de blanqueo de capitales.

El magistrado ha llamado a comparecer a Moreno al considerar que puede aportar conocimiento sobre “las pretendidas entregas periódicas de 10.000 euros mensuales” por parte de De Aldama (o personas que actuaban por su encargo), a Koldo.

La UCO asegura en uno de sus informes que Aldama habría articulado “una compleja estructura financiera y societaria de alcance tanto nacional como internacional”, que ha experimentado “mutaciones” a lo largo del tiempo y en la que estaría “subordinado” el propio Moreno. No obstante, el pasado noviembre Moreno se desvinculó de la presunta trama en su declaración como investigado en la Audiencia Nacional. Según fuentes jurídicas consultadas entonces por Europa Press, el empresario se acogió a su derecho a contestar únicamente a las preguntas de su defensa y se limitó a negar su participación en los contratos de mascarillas investigados.