Gonzalo Conde-Pumpido Martínez de Careaga, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y de la presidenta de la Sala Militar del Tribunal Supremo, la magistrada Clara Martínez de Careaga, ha sido contratado como directivo de Telefónica, que depende estratégicamente del Gobierno según cuenta El Debate.

De acuerdo a la misma fuente el fichaje, que se ha llevado a cabo con máxima discreción, se cerró a lo largo del mes de abril y se produce poco después de que el Palacio de La Moncloa maniobrara para forzar la salida de José María Álvarez-Pallete, presidente de la empresa durante la última década, y promoviera un nuevo liderazgo más próximo al PSOE, con Marc Murtra como figura de referencia.

El citado medio señala que el hijo de Conde-Pumpido tuvo su primer día este lunes, coincidiendo con el apagón eléctrico, y se presenta a sus compañeros con con el apellido Conde, eludiendo la segunda parte, para pasar más desapercibido. El cargo que ostenta dentro de la compañía es el de gerente y analista jefe de Políticas Públicas, Competencia y Asuntos Regulatorios. Con apenas treinta años y una trayectoria profesional limitada, el joven ha logrado acceder a un puesto privilegiado que, según un organigrama interno al que ha tenido acceso este periódico, se sitúa tan sólo a dos escalones del propio presidente del gigante de las telecomunicaciones.

Fuentes de la empresa confirman que «su contrato es un misterio y su salario depende de lo que haya pactado», aunque lo sitúan en cifras superiores a los 100.000 euros anuales, a los que se suman distintos bonus, beneficios laborales, cheques comida, plaza de garaje y un plan de pensiones. Su jefe directo es Juan Montero Rodil, director de Políticas Públicas de Telefónica, mientras que por encima se encuentra Pablo de Carvajal González, secretario general de la compañía y considerado en la práctica la mano derecha de Murtra. Telefónica no ha querido hacer ningún comentario sobre la contratación.

Hasta ahora, Gonzalo Conde-Pumpido era el miembro más discreto de su familia. Formado en la universidad Cunef, en los últimos años ha participado en actos públicos junto a altos cargos del Ejecutivo como Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, y Nadia Calviño, exvicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Además, es fundador de Order In, una empresa dedicada a la venta de cartas digitales para la hostelería. Es hermano del abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, detenido en varias ocasiones, la última de ellas tras ser acusado de agresión sexual en un caso que finalmente fue archivado.

La contratación del hijo de los magistrados se produce apenas tres meses después de las maniobras de Moncloa para forzar un cambio de liderazgo en Telefónica. La presión se ejerció de la siguiente forma: primero, el Gobierno reforzó su influencia mediante la compra de un 10% del capital social a través de la SEPI, consolidando su capacidad de intervención en la compañía. Paralelamente, se buscó el respaldo de accionistas estratégicos, como CriteriaCaixa, para apoyar el relevo. A través de discretas conversaciones con grandes fondos y consejeros, Moncloa transmitió la necesidad de un perfil directivo más alineado con los intereses del Ejecutivo, especialmente tras la entrada inesperada del fondo saudí STC en el accionariado. Con Álvarez-Pallete ya debilitado internamente, se abrió paso a la sustitución, impulsando figuras próximas al entorno socialista como Marc Murtra, con el objetivo de asegurar un mayor control sobre las decisiones estratégicas de la principal empresa de telecomunicaciones del país.

Su incorporación coincide, además, con un momento en el que su padre atraviesa una de sus etapas más controvertidas como presidente del Constitucional. Bajo su mandato, el alto tribunal ha avalado leyes clave del Gobierno de Pedro Sánchez, como la eliminación del delito de sedición o la controvertida reforma del propio tribunal para asegurar una mayoría progresista. Además, Conde-Pumpido maniobró para anular parte de los ERE de Andalucía, el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente de España, en el que se vieron implicados altos cargos socialistas. Estas decisiones han reforzado la imagen de un Constitucional alineado con los intereses del Ejecutivo y han situado a su presidente en el centro de la polémica.