LG.- El caso de Albaida del Aljarafe, en Sevilla, ha dejado de ser una anécdota local para convertirse en la punta del iceberg de una trama de presunto fraude electoral que salpica directamente al PSOE en varios puntos del país. La Guardia Civil investiga un entramado de amaños en el voto por correo durante las elecciones municipales de 2019 y 2023 que, según los agentes, responde a «un patrón sistemático de actuación» con ramificaciones en provincias como Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real.

El sumario revela prácticas que se repiten: coacción, suplantación de identidad y compra de votos a cambio de favores laborales, todo ello presuntamente orquestado desde las propias estructuras locales del PSOE. La Guardia Civil constata que los responsables se habrían servido de trabajadores públicos o personas vinculadas al partido para captar votantes vulnerables y manipular los trámites en Correos.

Uno de los casos más detallados es el de Albaida del Aljarafe. Allí, un funcionario del Ayuntamiento, relacionado con el PSOE, habría ofrecido un contrato temporal a un vecino a cambio de gestionar su voto por correo, usando incluso su DNI. También se documentó el caso de una anciana que, según la investigación, nunca acudió a la oficina de Correos ni firmó documento alguno, aunque su hija votó en su nombre.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General exige que la solicitud del voto postal se haga en persona y con DNI original, sin intermediarios. Pero en Albaida se habrían multiplicado las irregularidades, ignorando abiertamente el protocolo legal.

La investigación nació de una denuncia del coordinador local de Izquierda Unida, que alertó a la Fiscalía de Sevilla sobre una supuesta red tejida por cargos y militantes socialistas para intercambiar votos por contratos públicos. El relato judicial señala una estructura jerárquica bien definida: desde quienes accedían al censo hasta quienes presionaban telefónicamente o introducían papeletas en el sistema postal. Entre los implicados figuran la concejal socialista A.C.L., su marido B.D.A., y un trabajador de Correos, A.G.D.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor abrió diligencias por fraude electoral, falsedad documental, suplantación de identidad, prevaricación y pertenencia a organización criminal. La causa sigue viva seis años después.

Lo ocurrido en Sevilla no es un hecho aislado. En Mojácar (Almería), la Fiscalía investiga a militantes del PSOE por captar votos entre inmigrantes ilegales. En Albudeite (Murcia), una candidata socialista y otros trece acusados están procesados por delitos similares. En Melilla, la explosión de votos postales en 2023 —de 4.200 en 2019 a más de 11.700— llevó a la detención de diez personas, entre ellos un exconsejero del gobierno local.

También en La Gomera se investiga una red que habría suplantado la identidad de los vecinos desde ordenadores del Cabildo para solicitar el voto por correo y luego manipularlo mediante visitas a domicilio. El Cabildo está presidido por Casimiro Curbelo, histórico del PSOE que ahora lidera la Agrupación Socialista Gomera.

En Tenerife, el juzgado investiga una denuncia contra el PSOE por presunta compra de votos en Arona, tras una denuncia presentada por varios partidos. Y en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), otro escándalo: un hombre denunció que fue coaccionado por familiares del candidato socialista David Triguero para votar al PSOE a cambio de entre 50 y 120 euros. La Policía Nacional confirmó que el denunciante, por su situación de vulnerabilidad económica, accedió a la petición de los hermanos del candidato.

La sombra del fraude electoral vuelve a cernirse sobre el PSOE, con un modus operandi repetido y una justicia que, aunque lenta, empieza a desmontar el andamiaje de estas tramas. Las pesquisas continúan.