Después de meses de negociaciones opacas, cesiones interminables y un tira y afloja que parecía no tener fin, el traspaso de competencias en materia de inmigración y fronteras entre el PSOE y Junts ya se ha materializado.

Lo que hace apenas unos meses era impensable, ayer se consumó como un nuevo episodio en el precio que Pedro Sánchez está dispuesto a pagar por mantenerse en La Moncloa. Mientras el PSOE, una vez más, ha cedido ante las exigencias de Carles Puigdemont, poniendo en manos de la Generalitat una cuestión clave para la seguridad y la gestión migratoria.

Sin embargo, los miembros del Ejecutivo no siempre han tenido la misma opinión al respecto sobre la legalidad de esta delegación de materias del Estado, y prueba de ello es la hemeroteca, que en esta ocasión ha señalado, además de a la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Marlaska decía que la competencia no se podía “transferir o delegar”

La hemeroteca ha vuelto a señalar a miembros del Gobierno, al igual que ya lo hizo en numerosas ocasiones con el presidente Sánchez, quien se defendió argumentando que sus contradicciones se correspondían con “cambios de opinión”.

En esta ocasión, uno de los señalados ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien hace unos meses aseguraba en sede parlamentaria que las competencias en materia de inmigración eran “exclusivas del Estado”.

“Sabe que tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados”, argumentó el ministro durante una Sesión de Control en el Congreso de los Diputados, respondiendo así a una interpelación de un diputado del Partido Popular.

“Sin embargo, hay muchos otros aspectos relacionados con la migración que sí pueden ser competencias de las Comunidades Autónomas, y en los que podemos trabajar. Siempre en el marco de la legislación española y del derecho europeo”, continuó explicando en su ponencia.

Además, el ministro quiso apuntar que “cualquier cesión de competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña será fruto del acuerdo entre formaciones políticas, pero siempre respetando el diálogo en el ámbito parlamentario y el trabajo que desde el Gobierno venimos haciendo dentro de nuestras respectivas competencias”, ya que, “tanto este Gobierno, como el PSOE, siempre está en el marco de la legalidad y de la transparencia”.

Todo ello en unas delcraciones que, meses después, han quedado retratadas, porque el PSOE ha acordado delegar sus competencias en materia de inmigración en la Generalitat de Cataluña. Algo que, hace tan solo unos meses, el ministro consideraba que era impensable.

Profesional, así como protavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien hace unos meses argumentaba en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las competencias en materia de inmigración eran “únicas y exclusivas” del Estado.

“Las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular están están referidas en el artículo 149 de la Constitución, y por tanto son competencias únicas y exclusivas de la Administración General del Estado”, argumentaba por entonces la aragonesa en unas declaraciones que, hoy, han quedado retratadas.

De esta manera, los grupos parlamentarios del PSOE y de Junts en el Congreso de los Diputados presentaron ayer la propuesta de Ley Orgánica de Delegación de competencias en materia de Inmigración por la que Cataluña pasará a configurarse como “ventanilla única” en la autorización de estancias de larga duración y residencia temporal de los inmigrantes, así como expedirá el Documento de Identidad para Extranjeros (NIE).

Además, otras de las medidas más importantes que se recogen en este acuerdo son que los Mossos d’Esquadra pasarán a gestionar puertos y aeropuertos, así como las devoluciones de los extranjeros cuando estos tengan prohibición de entrada.

Mientras, las zonas críticas para el Estado se gestionarán por la policía autonómica en cooperación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), como es el caso de las fronteras, que pasarán a ser controladas por Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra.

Finalmente, el acuerdo recoge que el cuerpo de Mossos d’Esquadra ampliará su plantilla en 1.800 efectivos y, una vez se apruebe la Ley Orgánica en la Cámara Baja, será Cataluña quien ejerza la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos.