Tragsa toma medidas en el caso Jésica, la expareja de Ábalos: Cese de una directiva y apertura de investigaciones
El Grupo Tragsa, matriz de la empresa pública Tragsatec, ha tomado medidas en el escándalo de la contratación de Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos.
En las últimas horas, la compañía ha cesado a una gerente del área de Desarrollo Rural y Política Forestal, departamento que aprobó la contratación de Rodríguez. Esta decisión llega después de que Tragsa confirmara a Telemadrid que se está llevando a cabo una investigación interna para esclarecer responsabilidades.
Investigaciones en marcha y silencio de Ineco
Mientras que Tragsatec ha anunciado su propia investigación interna, la empresa Ineco, también implicada en la contratación de Rodríguez, ha optado por el silencio. La principal pregunta sigue siendo: ¿Cómo se adjudicaron estos contratos en empresas públicas? ¿Se siguieron los procedimientos adecuados y hubo suficiente control?
Los datos conocidos hasta ahora revelan que Jésica Rodríguez estuvo contratada durante dos años en Ineco sin haber trabajado ni una sola hora, percibiendo un sueldo de 1.635 euros mensuales. En total, cobró cerca de 40.000 euros de fondos públicos. Al finalizar este contrato, pasó a formar parte de Traxatec sin que haya registros de su actividad laboral.
Más contratos bajo la Lupa
Según The Objective, Ábalos habría facilitado la contratación de al menos dos de sus parejas anteriores en empresas vinculadas a Renfe. Andrea de la Torre, otra expareja, trabajó durante dos años en Logisraíl como auxiliar administrativa sin contar con titulación para el puesto.
También se ha revelado que Claudia Montes, miss Asturias 2017, fue empleada de la misma empresa durante más de dos años en un cargo similar. Hasta el momento, Logisraíl no ha revelado los sueldos de ambas trabajadoras.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido en el Senado que los contratos se ajustaron a la legalidad y que no se ha encontrado ninguna irregularidad en los expedientes de contratación. Sin embargo, la presión sigue creciendo, ya que ni el Gobierno ni otras entidades han asumido responsabilidades hasta la fecha.
Por su parte, el sindicato CSIF ha exigido al Comité de Empresa de Tragsatec una investigación detallada sobre el caso. La dimisión de la gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal ha sido la primera consecuencia visible, pero queda por ver si se tomarán más medidas a medida que avancen las pesquisas.
El escándalo sigue evolucionando y se espera que en los próximos días se conozcan nuevos detalles sobre las investigaciones en curso y el alcance de las posibles responsabilidades.
