El ministro Óscar López, durante la presentación del anteproyecto de ley

El plan de Sánchez para afrontar con éxito las elecciones de 2027 sigue el ritmo previsto. Es un escenario muy inquietante para el Estado de Derecho y la separación de poderes, pero no importa, porque su prioridad es mantenerse en La Moncloa a cualquier precio. Con la falsa excusa de transponer una directiva europea quiere controlar los medios de comunicación para impedir o minimizar las críticas que sufre su Gobierno, así como esconder los problemas que afectan a su partido y su familia. El primer paso en esa estrategia para mediatizar la libertad de expresión fue excluir de las campañas de publicidad a los medios de comunicación que no son afectos al sanchismo. Se ha hecho de una forma tan grosera como descarada, pero con absoluta impunidad. Es algo que caracteriza una legislatura marcada por su irritación contra aquellos que ponen de manifiesto una serie de prácticas autoritarias que son inaceptables en una democracia. El anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación no adapta la normativa española a la legislación europea en la materia, sino que es un escandaloso ataque contra la libertad de empresa, de expresión y de opinión.

Estamos ante una norma que sería inconstitucional en cualquier país de nuestro entorno, pero Sánchez tiene bajo su control el Tribunal Constitucional. A estas alturas tenemos la certeza de que las limitaciones de derechos o los actos inconstitucionales que le convengan serán refrendados por Conde-Pumpido que hará una de esas interpretaciones características de un defensor del uso alternativo del Derecho. Los términos regulación o gobernanza democrática son inquietantes cuando surgen de un Gobierno que se pudo constituir gracias a la compra de unos votos gracias a una amnistía manifiestamente inconstitucional, como señalan los juristas más prestigiosos de nuestro país. La conversión del Constitucional en un órgano político y politizado controlado por un sanchista como Conde-Pumpido es uno de los mayores escándalos de nuestra democracia. El registro público de medios de comunicación no busca la transparencia, sino controlar y amedrentar a los críticos con Sánchez y sus aliados. Es una medida innecesaria en una democracia, aunque sí es algo propio de concepciones autoritarias de la izquierda populista y radical iberoamericana, que es el modelo que inspira al sanchismo.

Un nuevo paso hacia la dictadura de Sánchez

«Pseudomedios», «fachosfera», «galaxia digital ultraderechista», «máquina del fango», «cabeceras ultraconservadoras»… en el último año, Pedro Sánchez no ha ahorrado en descalificaciones hacia la prensa no afín, la que lleva doce meses destapando las actividades de su mujer, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Coincidiendo con el primer aniversario del estallido del caso Begoña, el Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de la nueva ley de servicios digitales y medios de comunicación. Se trata de una norma con tintes de «ley mordaza», con la coartada de que hay que incorporar al ordenamiento jurídico español diversos reglamentos europeos, como el 2022/2065. Sin embargo, los reglamentos europeos son de aplicación directa en los estados miembro, sin necesidad de ninguna ley nacional; y son las directivas europeas las que sí hay que trasponer.

El anteproyecto elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y que, este martes, Óscar López definió como una herramienta al servicio de la pluralidad informativa y del buen hacer periodístico, introduce cuatro grandes cambios: la creación de un registro estatal de medios al cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; la capacidad de la CNMC de enviar inspecciones y multar; un régimen de sanciones de hasta 600.000 euros, que en el caso que las muy graves decidirá directamente el ministro López; y la posibilidad de las suspensiones temporales de la actividad para los infractores.

Según el Ejecutivo, el hecho de que la CNMC se encargue de ese registro será una garantía de independencia. Sin embargo, la cúpula ese organismo regulador ha sido nombrada por los socialistas: la presidenta lo fue en 2020 y, en diciembre de 2024, el Gobierno designó al vicepresidente y cuatro consejeros más cuyo mandato había caducado.

En ese registro, los «prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito estatal», que así los denomina el Ministerio, deberán aportar información sobre su estructura de propiedad, vías de financiación privadas e ingresos por publicidad institucional, entre otros datos.

El anteproyecto distingue entre prestadores de servicios intermediarios, como las plataformas y los motores de búsqueda; los prestadores de servicios de medios de comunicación; y los proveedores de sistemas de medición de la audiencia.

Respecto a los primeros, el texto otorga competencias a la CNMC para «realizar todas las inspecciones necesarias en las instalaciones del prestador de servicios intermediarios de que se trate». «Los funcionarios autorizados para llevar a cabo una inspección podrán entrar en los locales (…), examinar los libros y otros documentos (…) precintar todos los locales utilizados con fines relacionados con la actividad comercial, negocio, oficio o profesión del prestador».

Las sanciones

En lo que se refiere a la prensa, el régimen de sanciones varía en función del medio. Para las televisiones, las infracciones muy graves son de hasta 600.000 euros, las graves de hasta 300.000 y las leves de hasta 100.000. En el caso de las radios y la prensa escrita, muy graves hasta 200.000 euros, graves hasta 100.000 y leves hasta 50.000.

En el caso de las plataformas y motores de búsqueda, las infracciones muy graves llevarán aparejadas multas de entre 150.001 y 600.000 euros o el 6 % de la facturación del ejercicio anterior. Si en tres años cometen dos o más infracciones muy graves, se les puede prohibir actuar en España por un máximo de dos años. Para las infracciones graves, las multas oscilarán entre 30.001 y 150.000 euros, o el 4 % de la facturación del ejercicio anterior. Y para las infracciones leves, las multas serán de un máximo de 30.000 euros, o el 2 % de la facturación.

En infracciones graves o muy graves se podrá acordar: «La suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios y, en su caso, cierre provisional de sus establecimientos»; y también el «precinto, depósito o incautación de registros, soportes y archivos informáticos y de documentos en general, así como aparatos y equipos informáticos de todo tipo».

Las sanciones por infracciones muy graves las impondrá «la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública». Es decir, Óscar López. Y las graves y leves, «la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial», que actualmente es María González Veracruz.

La norma también fija controles especiales para aquellos medios de comunicación que concentren más del 10 % de la audiencia en sus respectivos ámbitos, ya sea televisión, radio, prensa escrita o prensa digital. El ministro se reserva la potestad de «autorizar la concentración de medios de comunicación» o «prohibir la concentración de medios de comunicación por sus efectos en el pluralismo y la independencia editorial». Como también puede modificar ese umbral del 10 % si lo desea, previo informe de la CNMC.

El anteproyecto aprobado este martes deberá ahora recabar los informes de diversos órganos consultivos antes de volver al Consejo de Ministros, ya como proyecto de ley. Y, de ahí, a las Cortes para su tramitación parlamentaria.