El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado otra humillación más de España, al dar por aprobada la condonación de más de 17.000 millones de deuda pública de la Generalidad de Cataluña, tantos de ellos invertidos en sostener durante lustros una política de destrucción del orden jurídico y constitucional.

Lo primero que hay que decir es que las deudas no desaparecen porque el independentismo lo exija y Pedro Sánchez lo acepte, en un caso de extorsión con pocos precedentes: simplemente cambia el responsable de los pagos, que en adelante serán todos los españoles por desplazarlos de las instituciones catalanas al Estado central.

Es decir, Sánchez se arrienda la Presidencia obligando al conjunto de los ciudadanos a asumir el peaje que él debe abonar si quiere seguir en el cargo, sin ninguna lógica más allá de la estrictamente personal: si no paga, pierde el respaldo interesado del nacionalismo, que solo se lo arrienda si a cambio le ayuda a coronar objetivos incompatibles con las obligaciones de un presidente digno y contrarios a los intereses de España.

Estamos, sin más, ante una nueva modalidad de «impuesto revolucionario», consistente en que unos giran facturas inviables y otro las acepta para sobrevivir, sin encaje en la Constitución, el criterio de igualdad entre ciudadanos y la obligación de trabajar para la prosperidad del conjunto del país. Lo que no paguen los catalanes, deberán costearlo los madrileños, andaluces, extremeños o gallegos, rehenes de una componenda que no se distingue en nada de un chantaje, caracterizado por el intercambio de beneficios a costa de los intereses de la mayoría.

Que haya sido Junqueras el heraldo del anuncio lo hace aún más sangrante: alguien que debería estar en prisión por alentar un golpe de Estado institucional, en calificación de la Fiscalía del Tribunal Supremo, se erija en portavoz de una agresión al conjunto de España, es inadmisible.

Y que eso se corone con el anuncio de que Junts desistirá en su intento de someter a Sánchez a una moción de confianza, presagia nuevas concesiones intolerables, con la cesión de las competencias en inmigración a añadir a las humillaciones de la amnistía, el cupo catalán o la eventual celebración de un referéndum de independencia pactado.

El líder del PSOE incurre así en otra ignominia, con la que hipoteca el progreso y la cohesión de España por algo tan vulgar como su propia permanencia en el poder, pagada con un talonario económico, legal y moral a todas luces insoportable: se premia el exceso y se castiga la fidelidad constitucional, con Cataluña como ejemplo de lo primero y Madrid como emblema de lo segundo.

El roto no se va a compensar con la oferta al resto de las comunidades para que trasladen su deuda al Estado, algo que ninguna debería avalar por tentador que resulte: lo que está en juego es mucho más que la tranquilidad financiera al corto plazo, y de ser tolerada comportaría el fin de la España sustentada en la igualdad de todos sus habitantes.

Hay que rebelarse ante esto, con todas las energías y recursos legales, porque si se consolida el criterio de que todo puede revisarse y adaptarse a los chantajes de los socios de Sánchez, España sufrirá un deterioro irreversible.

El Debate