LR.- Colocar un «apetitoso dulce» encima de la mesa para que los «golosos» lo quieran degustar sin hacerse preguntas de cómo ha llegado allí ni si las consecuencias son «engordar» unos kilos de más. Esa es la propuesta que ayer presentó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que llevará a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con el objetivo de que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda de todas las comunidades autónomas, una iniciativa que parte del acuerdo de investidura alcanzado con ERC y ante la que el PP –que gobierna en la mayoría de las regiones– ya ha mostrado su frontal oposición.

El Gobierno pretende «compensar» a las comunidades autónomas por el sobreendeudamiento al «que se vieron sometidas durante la crisis financiera debido a los recortes en financiación», justificó ayer la vicepresidenta primera, después de que el Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), haya financiado a las que no han sido capaces de financiarse en los mercados –todas menos Madrid–, con una cifra que se fijará en función de la población ajustada pero que después se corrige con varios criterios adicionales. Para hacer un guiño a la región que preside Isabel Díaz Ayuso, la vicepresidenta subrayó que todas las comunidades autónomas del régimen común se verán beneficiadas, «incluidas las que no tengan deuda con el Estado», para no penalizar a las regiones «que pudieron y quisieron salir a los mercados», lo que implicará la asunción de deuda con terceros y, por tanto, intereses de deuda, que en el global podrían alcanzar hasta 7.000 millones.

Montero jugará en el CPFF con las cartas marcadas, ya que tiene salvado este primer escollo al disponer de la mitad de los votos asignados al Estado, por lo que solo necesitará el apoyo de una comunidad, en este caso Cataluña tras el pacto firmado ayer, para poder tramitar en el Congreso como ley orgánica su propuesta.

Fuentes gubernamentales defienden que el montante global de la deuda es el mismo, el único cambio es que ésta se trasvasa, en vez de computar en las cuentas de las comunidades autónomas lo hace en las del Estado. Lo que no dicen es que este endeudamiento se cargará sobre las espaldas de cada uno de los españoles, computados por población ajustada. Es decir, que cada ciudadano sumará otros 1.900 euros más a la ya descomunal deuda que asume: 452.000 millones desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, por lo que se sumarían a los casi 10.000 euros que ya han asumido desde 2018.

Montero también «vendió» ayer que varias comunidades populares serían las más beneficiadas. Andalucía alcanzaría los 18.791 millones de euros de exención, más incluso que Cataluña (17.104 millones), sumando entre las dos el 43% del total. Otras diez comunidades dirigidas por el PP verían una quita de deuda: Comunidad Valenciana (11.210 millones), Comunidad de Madrid (8.644 millones), Galicia (4.010 millones), Castilla y León (3.643 millones), Murcia (3.318 millones), Aragón (2.124 millones), Baleares (1.741 millones), Extremadura (1.718 millones), Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

Pero las comunidades populares no quieren que un árbol tape el bosque que hay detrás. Sus gobiernos autonómicos han desechado el «plan Montero» al calificarlo como «oferta trampa» y de «traje a medida» para perdonar a Cataluña a costa del resto de regiones y de todos los españoles. Un rechazo que ha sido secundado Alberto Núñez Feijóo, que confirmó que los presidentes autonómicos de su partido votarán en contra de la exención en el CPFF.