Jonathon.- La maternidad subrogada es una forma de trata de personas.

Esto es cierto no sólo desde el punto de vista ético (utilizar la FIV para crear hijos en un laboratorio y luego alquilar una o más mujeres para gestarlos), sino también, en un número cada vez mayor de lugares, desde el punto de vista legal. Italia ha prohibido la gestación subrogada por esos motivos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un raro momento de claridad moral, también ha calificado la gestación subrogada de trata de personas (al igual que el Parlamento Europeo).

Los enredos éticos y legales que genera la mercantilización de la vida humana y el tráfico de niños nunca han sido más evidentes. He cubierto muchas de esas historias en este espacio; hay muchas otras sobre las que podría haber informado, como el grotesco aumento de las “fábricas de bebés” con fines de lucro en países como Ucrania y Nigeria , impulsadas por occidentales ricos que no pueden concebir sus propios hijos de forma natural o simplemente prefieren externalizar la tarea de tener hijos a mujeres de países en desarrollo que están desesperadas por conseguir dinero.

Si no fuera tan siniestro, sería divertido el balbuceo confuso de los progresistas sobre las leyes pro vida que crean un nuevo Gilead teocrático al estilo de El cuento de la criada de Margaret Atwood. En su mundo al revés, las leyes que protegen a los niños no nacidos en el vientre de sus madres son opresivas, pero las mujeres con problemas de liquidez alquiladas por homosexuales ricos que intentan conseguir un hijo no lo son. No les importa que las mujeres y los niños sean mercantilizados; sólo quieren que la mercantilización la lleven a cabo sus élites preferidas.

El 20 de febrero, The Independent publicó otra historia que sirve de advertencia: “Se advierte a los futuros padres que buscan vientres de alquiler extranjeros que el gobierno puede impugnar sus solicitudes de adopción, lo que dejaría a los bebés apátridas de forma permanente y legalmente sin padres”. El caso del Tribunal Supremo en cuestión involucraba a una pareja de lesbianas mayores y “egocéntricas” del Reino Unido que participaron en un “acuerdo ilegal con una clínica en Chipre” que dio como resultado que nacieran dos hermanos de mujeres ucranianas que posteriormente quedaron apátridas durante “cuatro años antes de que el juez les concediera la adopción como su única opción”.

Una solicitud de orden parental después de una gestación subrogada convencional sólo puede realizarse si los gametos de la solicitante se utilizaron para lograr la creación del embrión. Pero en este caso, las mujeres de sesenta años habían utilizado donantes para los óvulos y el esperma. Además, la orden no puede realizarse si se ha pagado a la gestante, salvo por los gastos “razonables incurridos”, pero los honorarios pagados por el acuerdo fueron de alrededor de £ 120.000.

Los abogados del Ministerio del Interior advirtieron que el gobierno podría oponerse por “motivos políticos” a futuros intentos de adoptar niños nacidos mediante acuerdos de gestación subrogada comerciales en el extranjero antes de ser traídos al Reino Unido. Andrew McFarlane, presidente de la división de familia del tribunal, dijo que la decisión debería poner a los futuros padres “en aviso de que los tribunales de Inglaterra y Gales pueden negarse a conceder una orden de adopción… con el resultado de que el niño que han hecho nacer puede ser permanentemente apátrida y legalmente sin padres”.

El juez McFarlane dejó muy claro que su fallo tenía como objetivo disuadir a los demás. “Para decirlo sin rodeos, cualquiera que intente conseguir la incorporación de un niño a su familia siguiendo los pasos de estos solicitantes debería pensárselo dos veces”, afirmó.

La pareja de lesbianas en el centro del caso había decidido utilizar una clínica de gestación subrogada extranjera que creían que tenía su sede en Chipre, pero que en realidad estaba ubicada en la República Turca del Norte de Chipre, donde tanto la gestación subrogada como la colocación de niños en parejas del mismo sexo están prohibidas. Ninguna de las mujeres es la madre natural de los niños y, por lo tanto, no podían ser llevados al Reino Unido, pero los niños tampoco tenían derecho a la ciudadanía ucraniana ni a la de Chipre del Norte.

Los niños quedaron atrapados entre dos países hasta que un tribunal dictaminó, basándose en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que los compradores podían obtenerlos. “Durante la vista, expresé enérgicamente mi preocupación por todo el proyecto en el que se habían embarcado estos dos adultos”, enfatizó MacFarlane. “Califiqué que la sensatez, en términos del bienestar de los niños que se crearan con semejante esfuerzo, era altamente cuestionable. Los motivos de los dos solicitantes al querer convertirse en padres de bebés a finales de sus sesenta años parecen haber sido completamente egoístas, sin pensar en el bienestar a largo plazo de los niños resultantes”.

De hecho, en su declaración, MacFarlane señaló la naturaleza grotesca de la maternidad subrogada: los niños son tratados como mercancías y quienes los compran lo hacen con total desprecio por el bienestar de esos niños, que tienen derecho a sus padres naturales pero en muchos casos nunca sabrán quiénes son. “Fue sorprendente saber, y su abogado lo confirmó, que los solicitantes no habían tenido en cuenta el impacto que tiene en los niños tener padres que son mucho más de 60 años mayores que ellos”, afirmó MacFarlane.

Casos como estos, como ya he señalado, se han vuelto cada vez más comunes y, afortunadamente, están alimentando un creciente escepticismo sobre esta forma de trata de personas. Como señaló el Independent : “Al resumir la presentación de los abogados del Ministerio del Interior, el juez dijo que el gobierno considerará en futuros casos si se opone a una orden de adopción por razones políticas”. Si ese resulta ser el caso, entonces al menos la tragedia de estos niños puede evitar que ocurran injusticias similares en el futuro.