Casi 4.000 inmigrantes han sido detenidos en el Reino Unido desde julio de 2024, cuando el laborismo llegó al poder, como parte del objetivo del Gobierno británico de combatir la inmigración ilegal, informó este lunes el Ministerio de Interior.

Los arrestos tuvieron lugar en salones de salones de manicura, lavaderos de coches y restaurantes.

En concreto, desde el 5 de julio de 2024 y hasta el 31 de enero de 2025, los agentes de inmigración arrestaron a 3.930 personas en 5.424 establecimientos, lo que supone un aumento del 38 % en comparación con el período del año anterior, según Interior.

Solo en el mes de enero de este año, los agentes allanaron 828 establecimientos y detuvieron a 609 personas, un alza del 73 % en comparación al mismo mes del año pasado.

Las autoridades recalcaron que a las personas que entran en el Reino Unido de manera irregular se les hacen falsas promesas sobre las posibilidades de vivir y trabajar, lo que les alienta a realizar viajes peligrosos, como cruzar el Canal de la Mancha (entre Francia e Inglaterra), organizados por bandas criminales.

Pero al llegar, estos inmigrantes viven en malas condiciones y se les obliga a trabajar largas horas para empleadores que evaden impuestos.

La ministra del Interior, Yvette Cooper, dijo que el Gobierno está aumentando la aplicación de la ley a “niveles récord”.

“Las normas de inmigración deben respetarse y hacerse cumplir. Durante demasiado tiempo, los empleadores han podido contratar y explotar a inmigrantes ilegales y demasiadas personas han podido llegar y trabajar ilegalmente sin que se haya tomado ninguna medida”, dijo.

“Esto no solo crea una peligrosa atracción para que las personas arriesguen la vida cruzando el Canal en una pequeña embarcación, sino que da lugar al abuso de personas vulnerables, del sistema de inmigración y de nuestra economía”, agregó.

Estas medidas fueron dadas a conocer mientras se tramita en el Parlamento un proyecto de ley sobre Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración, cuyo objetivo es introducir una serie de nuevos delitos para acabar con los traficantes de personas.

En el proyecto se incluye una pena de 14 años de prisión para las personas que vendan y manipulen piezas de barcos sospechosas de ser utilizadas en los cruces del Canal.