La bandera sueca entre las flores y velas de un memorial por las víctimas del tiroteo masivo en Örebro

La imagen de Suecia como uno de los países más seguros del mundo ha empezado a desmoronarse durante los últimos años. La explosión de una bomba cada día en enero, el asesinato a sangre fría de un activista iraquí que quemó varios ejemplares del Corán la semana pasada y el tiroteo masivo que dejó once muertos en Örebro el martes muestran que la violencia en el país nórdico, cuna del Estado de Bienestar y la igualdad, ha cruzado una peligrosa línea.

El Gobierno de centro de derecha, que asumió el poder tras las elecciones de 2022 con apoyo parlamentario de la ultraderecha, situó la lucha contra las bandas del crimen organizado que se disputan el control del tráfico de drogas como su mayor prioridad. El endurecimiento de las penas y el refuerzo de la Policía con apoyo incluso del Ejército, sin embargo, tardarán años en tener resultados.

«Suecia descuidó el crimen y la segregación durante muchos años. Las medidas que hemos implementado claramente tienen un efecto positivo. Al mismo tiempo, existe un riesgo constante de que surjan nuevas espirales de violencia bajo la superficie», explica el ministro sueco de Justicia, el conservador Gunnar Strömmer en una entrevista al diario británico “Financial Times”.

Ante las críticas, el primer ministro, Ulf Kristersson, achaca la ola de violencia a la herencia recibida de ocho años de Gobiernos socialdemócratas. «Si hubiéramos hecho lo que estamos haciendo ahora hace años, no estaríamos donde estamos ahora», explica antes de añadir que se necesitará «toda la década de 2020 para resolver este problema».

Con todo, el número de homicidios con armas de fuego ha disminuido ligeramente en Suecia, pasando de un pico de 63 en 2022 a 54 en 2023, y 44 el pasado año, frente a los 15 registrados en 2010. Cifras que colocan al país escandinavo a la cabeza de Europa tras Albania y Montenegro.

El mayor problema es la actividad de la bandas criminales, cuyas acciones, otrora circunscritas a los suburbios de las grandes ciudades (Estocolmo, Gotemburgo y Malmö), empiezan a extenderse a localidades más pequeñas. La Policía sueca estima que alrededor de 62.000 personas están relacionadas con las pandillas. En comparación, la Policía danesa tiene registradas a 1.252.

Estas organizaciones criminales intentan infiltrarse de manera sistemática en instituciones clave del Estado, como los tribunales, la Policía y las prisiones, lo que socava la capacidad del Gobierno para enfrentar de manera efectiva el crimen organizado. E incluso tratan de extender sus tentáculos a las vecinas Dinamarca y Noruega.

«En Suecia, no hablamos de un sistema judicial o policial fallido. El problema es una sociedad del bienestar que ha fallado, donde los niveles de marginalidad y los factores de riesgo son mucho mayores que en Dinamarca o Noruega», señala David Sausdal, experto en criminología en la Universidad de Lund.

La Razón