Los dos sindicatos más relevantes, UGT y CC. OO., han dado sobradas muestras en los últimos años de una lamentable sumisión a Pedro Sánchez, paralela a un sospechoso incremento de las subvenciones públicas concedidas de manera discrecional.

El último episodio, convocar una manifestación contra la oposición para respaldar un bulo del Gobierno, el inexistente rechazo del PP a la revalorización de las pensiones, es una tétrica prueba de ese fenómeno, que ya no engaña a nadie.

La protesta apenas contó con la presencia de medio millar de personas, una cifra muy inferior a la de los miles de liberados sindicales que no prestan los servicios para los que fueron contratados para atender tareas de la organización y representar, teóricamente, los intereses de los trabajadores.

Si ni ellos se sintieron concernidos por la llamada de Unai Sordo y Pepe Álvarez, qué decir de la ciudadanía en su conjunto, indiferente ante dos centrales que dedican sus energías a proteger al Gobierno y acompañarle en su juego sucio contra sus rivales.

El papel de los sindicatos fue clave en los comienzos de la democracia y, sin duda, ayudó a conformar un espacio de derechos y obligaciones sociales, empresariales y laborales decente.

Pero ese tiempo pasó hace mucho y hoy CC. OO. y UGT son burdos amplificadores de la política de vendettas, trampas y falacias de un presidente sin líneas rojas.

A la labor de asistentes de Sánchez en sus campañas orquestadas le añaden, además, un pernicioso protagonismo en las políticas económicas, caracterizadas por un atroz intervencionismo en el mundo empresarial, bien para inmiscuirse en su organización sin calibrar las consecuencias, bien para entrar directamente en sus consejos de administración.

Si a todo ello se le añaden los múltiples casos de corrupción, con los ERE andaluces en primer lugar, el cuadro final de servilismo interesado no puede ser más evidente.

CC. OO. y UGT no son ya mucho más que ministerios oficiosos, bien financiados, capaces de lanzarse a las calles por una subida mínima de la luz y de callarse por el mayor sobreprecio de la historia, en función de quién gobierne en cada momento.

Que buena parte de su sectarismo esté financiado con dinero público obliga a reflexionar sobre cuál debe ser el papel del Estado en su funcionamiento. No parece que gastar decenas de millones en quienes centran su activismo en respaldar a un partido pueda durar eternamente.