José Torné-Dombidau y Jiménez. – La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) fue creada por la Ley 29/1975, de 27 de Junio (BOE del 30) con las firmas de Francisco Franco y del presidente de las entonces Cortes Españolas, Alejandro Rodríguez de Valcárcel. Doy estos datos porque no son una mera pincelada erudita en el triste acontecer por el que atraviesa esta persona jurídica de Derecho público, encargada desde hace casi cincuenta años de gestionar el Régimen Especial unificado de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

A mi juicio son dos los motivos que han determinado la crónica de una muerte probable de este organismo autónomo público que, con sus carencias o insuficiencias (alguna tendrá), viene, no obstante, haciendo frente aceptablemente a las contingencias cubiertas en su Ley fundacional, gestión que puede y debe ser perfeccionada, pero que en modo alguno justifica y aconseja su anómala y abrupta extinción. Y los dos motivos son, por desgracia, de carácter ideológico, no de naturaleza técnica, administrativa ni financiera del Ente, por lo que, de por sí, la proa puesta al mutualismo administrativo que representa la MUFACE, la causa o causas de extinción alegadas por los cargos ministeriales, son enteramente rechazables.

Esas motivaciones solapadas son dos, como digo. Una es que la Mutualidad fue una creación, una obra debida al Régimen de Franco en sus postrimerías, algo, sin embargo, con la suficiente carga política como para que los actuales integrantes del Gobierno de coalición, el «Gobierno Frankenstein», sobre todo el sector Sumar (por todos, la ministra comunista Mónica García), sufran de erisipela aguda: su sectarismo, su extraviada ideología política les impide respetar y defender el interés general que representa la Mutualidad para esos servidores públicos, y optan por su desaparición, por borrarla del mapa, por muy buen papel que la Mutualidad cumpla. Esta irrefrenable inclinación iconoclasta de servicios u obras públicas que padece la extrema izquierda gubernamental, capitaneada por la gran lideresa Yolanda Díaz, se ve favorecida indirectamente por la abulia y complicidad del sector mayoritario sanchista, quien, por continuar pisando las losetas de Moncloa, cede lo que le pidan.

La anterior es una motivación ideológica, por supuesto, que los impulsores de la enemiga contra la MUFACE han puesto en funcionamiento como si con ella quisieran contribuir al brillo del aberrante año de actos que bajo el lema «España en libertad», en el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, ha anunciado Pedro Sánchez como memorable tarea política y cultural del Gobierno para 2025, con la excusa de conmemorar ‘medio siglo de democracia’ (¡sic!).

La otra motivación –que está también en el fondo de dejar morir a la Muface– es que, para los ministros comunistas y para quienes, desde el socialismo radical, coinciden en la estrategia y en los mismos objetivos políticos, esta entidad gestora de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado supone y representa un régimen especial, privilegiado, y esto es de todo punto inadmisible para estas personalidades que han alcanzado, inimaginablemente, el Gobierno del Estado, presentándoseles la excepcional ocasión para llevar a la práctica el absurdo, pacato y muy negativo igualitarismo comunista, asumido –hasta el empacho– en sus lecturas juveniles, caiga quien caiga, se rompa lo que se rompa, por ejemplo la Muface.

De esta manera, no les importa destruir lo que funciona; no se detienen en sopesar lo que conviene al interés general; no se dejan guiar por estudios, informes o dictámenes de órganos consultivos sino por objetivos espurios, partidistas, ideológicos. Quienes dejan que la Muface desaparezca por inanición, por asfixia económica, por programa de partido político o por cálculo electoralista, en definitiva por ideología, no les importa la seguridad social de este amplio colectivo de funcionarios, ni su salud, ni su situación personal, sanitaria o emocional. Sólo quieren terminar con un vestigio de la era de Franco (aunque sea positivo para los ciudadanos) e imponer un adolescente y falso igualitarismo que conduce directamente a cometer un error político mayúsculo en materia de derechos sociales de un colectivo de profesionales a las órdenes de la Administración Civil del Estado.

Hora delicada, pues, para la Muface y sus afiliados. Su perniciosa desaparición, de consumarse, significa, por otra parte, un grave y gratuito ataque al actual modelo estatutario de la Función Pública, supondría una laboralización que desnaturaliza injustificadamente su régimen jurídico. Con estos políticos, que no se atienen al mandato constitucional de la satisfacción del interés general (art. 103.1 CE), cualquier desgracia es posible. El ciudadano asiste atónito a la falta de seguridad jurídica, al arbitrismo más atroz, a la confusión en un Estado de derecho, que se esfuma por días. Y si la atención sanitaria empeora, tampoco les importa.

*José Torné-Dombidau y Jiménez es presidente del Foro para la Concordia Civil