El grado de incoherencia en las políticas del gobierno socialista español, que protege a quienes usurpan viviendas en España, alcanzan niveles mas allá de la imaginación.

En un caso que ha generado un profundo malestar social, la Policía ha desalojado a los legítimos propietarios de una vivienda en Gerona para devolvérsela a un grupo de okupas con antecedentes penales. El insólito suceso, que ha encendido las redes y generado un intenso debate sobre el sistema legal, pone en cuestión la capacidad de las leyes actuales para proteger a quienes cumplen con sus obligaciones.

La familia había logrado recuperar su hogar, que había sido ocupado ilegalmente, pero una orden judicial revirtió la situación. Según informes, los okupas, que enfrentan causas penales abiertas, alegaron derechos de residencia que llevaron al juez a emitir la polémica decisión. Este caso pone de manifiesto un vacío legal que deja desprotegidos a los propietarios, alimentando la sensación de injusticia. ¿Cómo es posible que quienes incumplen la ley parezcan tener más derechos que quienes la respetan?

La víctima, Jordi Riera, quiso contar con un hilo en su cuenta de X la «impotencia y absurdidad legal» con la que se ha encontrado y en solo dos días la historia se ha viralizado hasta el punto de que el Ayuntamiento les ha mostrado su apoyo públicamente.

«Hace unos años compramos, con mucho esfuerzo, una casa en Gerona», empieza Jordi sus explicaciones, dejando claro que «era nuestro sueño, un proyecto familiar» por el que llevaban tiempo ilusionados. Durante meses panificaron su reforma y estuvieron esperando la autorización municipal, que finalmente les llegó a las puertas de Navidad. Emocionados con ello, «el 3 de enero la ilusión se truncó» cuando fueron conscientes de que la casa había sido okupada.

«Empezaron a amenazarnos…»

Así, unos vecinos los llamaron alarmados porque escuchaban ruidos en el interior del piso, por lo que se plantaron allí y fueron conscientes de que alguien había derribado la tapia que tenían para prevenir intrusiones y había entrado con fuerza: la casa estaba dañada y llena de basura y mantas. Jordi explica que llamaron en seguida a un paleta para volver a tapiar la finca y que entonces se les presentó un hombre, con muy buen aspecto, exigiendo entrar.

Al cabo de un rato volvió a la casa con dos hombres más, que «empezaron a amenazarnos» y que obligaron a que Jordi y su padre, que le había acompañado, decidieran trucar a la Policía Municipal de Gerona. Ya allí, «la situación pasó de alarmante a surrealista», explica el propietario, puesto que los tres hombres fueron identificados (lo que permitió saber que uno de ellos tenía además una causa abierta pendiente) y tras el chequeo llegó «la sorpresa».

«La policía nos informó, que a pesar de ser los propietarios, nos recomendaban abandonar nuestra casa. Según ellos, había ‘indicios’ de que esa era la residencia de los intrusos», expone Jordi en su hilo, incidiendo en que la prueba era un vídeo de ellos mismos durmiendo entre mantas «y ‘cocinando’ en una casa sin gas, agua ni luz».

Como ellos se negaron rotundamente en un primer momento, los agentes les avisaron de que podrían ser «acusados de violación de domicilio» y que podían incluso acabar detenidos. «No dábamos crédito: estábamos siendo expulsados de nuestra casa por los ocupantes», detalla Jordi. El momento surrealista acabó con la policía permitiendo la entrada de los ‘okupas’ y con ellos, ya dentro, aplaudiendo. «La humillación fue máxima», recuerda Jordi.

Las causas, solo los miércoles

La familia, incrédula y consciente de que los inquilinos estuvieron provocando más destrozos en la casa, acudió a poner una denuncia por la ‘okupación’, aunque no fue fácil. Les explicaron entonces que tenían que declarar previamente y que los Mossos se harían cargo del caso, pero que solo abordaban causas relacionadas con los juzgados los miércoles, algo también difícil de entender.

«Esta situación nos ha dejado desprotegidos, solo e impotentes», critica duramente Jordi, que lamenta que «ni las autoridades ni las instituciones han mostrado algo de empatía hacia nosotros». Así, en su hilo, añade que la ley actual «es ridícula y absurda» y comenta entre otros aspectos, que conocidos han cuestionado que llegaran a pedir ayuda a la policía, algo que no entiende porque parece que él mismo no tenga derecho a protegerse.

Jordi remarca que, a pesar de todo, estaban «pendientes de si el juez considera urgente el caso o no». «Nos sentimos totalmente desamparados ante un sistema que no parece dar soluciones a situaciones tan flagrantes», denuncia el gerundense, que acaba sus explicaciones haciendo un llamamiento a «revisar una legislación ridícula e ineficaz que deja desamparadas a las víctimas».