Ramón Pérez-Maura.- Según el artículo 124 de la Constitución española el fiscal general del Estado tiene encomendada la promoción de la acción de la Justicia «en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social». Y en esas circunstancias nos encontramos con que quien debe defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público se ha apresurado a borrar todos los mensajes de su móvil de los días comprometidos no fueran a caer en manos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Pero, según la Benemérita, todos es todos. Se ha «borrado todo». Con un par.

Con qué cara de hormigón armado puede alguien presentarse como representante del interés público y la independencia de los tribunales cuando está borrando sus actuaciones de su propio teléfono. Y ¿se le ocurre a alguien alguna razón por la que se puedan borrar los mensajes del teléfono antes de que te lo intervenga la Guardia Civil si no es porque contienen una ilegalidad? Hubo un tiempo en que el adulterio era delito, pero hoy en día es casi algo que merece elogios públicos. Y si no, que alguien nos explique lo del piso en Atocha que pagaba Víctor de Aldama a Ábalos y al ministro Torres. Hoy en día el exministro y el actual ministro no parecen nada preocupados por esas andanzas. Sí, las niegan, pero son un asunto menor. Las feministas de su ámbito ideológico se cuidan mucho de salir a denunciar ese abuso de mujeres. No quiero imaginar si al que hubieran pillado en ese putiferio, con perdón, fuese un ministro del otro lado del estrado parlamentario.

Para completar el día del fiscal general Álvaro García Ortiz, ayer la UCO confirmó también que en el palacio de la Moncloa tuvieron acceso al correo electrónico que envió el abogado de Alberto González Amador al fiscal encargado de la causa tributaria por el que se le investigaba antes de que apareciera en los medios de comunicación. Otro delito del entorno del fiscal general si no es de él mismo.

Pero aquí da todo igual. Lo que estamos viviendo es una degradación de nuestro sistema político que cada vez más evidencia que los delitos son perdonables o se deben encubrir, cuando los perpetra uno de los suyos. Esta es la España polarizada que nos está dejando Sánchez. Una amoralidad sin pudor.

Y todo esto conduce a que, si García Ortiz no ha tenido que dimitir pese a estar imputado ante el Tribunal Supremo, cuando llegue una imputación contra el presidente del Gobierno, él tampoco dimitirá. Solo saldrá de allí esposado por la Guardia Civil. Y digo bien. Solo en esas circunstancias.