Emmanuel Alejandro Rondón.- La pasada semana el Parlamento de Australia fue protagonista absoluto de un debate que lleva años, pero ahora se convirtió en un problema ineludible: el acceso total de los jóvenes a las principales redes sociales.

En un procedimiento muy cuestionado, que ciertamente recibió un apoyo considerable de los ciudadanos australianos, el Congreso y el Senado aprobaron en tiempo récord una ley que prohíbe el uso de las redes sociales, salvo excepciones, para menores de 16 años. Entre las plataformas afectadas se encuentran Facebook, X, TikTok, Snapchat, Instagram y otras. YouTube y las aplicaciones de mensajería, incluida WhatsApp, quedaron por fuera de la prohibición.

La ley, controvertida para algunos y necesaria para otros, ha elevado aún más el debate: ¿Es la censura o las restricciones gubernamentales la forma correcta para hacer que las redes sociales sean seguras para los más jóvenes o usuarios más vulnerables?, ¿recae en el Gobierno la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos menores?, ¿esta prohibición podría ser el preámbulo de otras medidas para sitiar a las redes sociales y atacar la libertad de expresión?

Son preguntas, por ahora, sin respuestas. Sin embargo, para muchos, la prohibición a menores de 16 años puede sonar bien en el papel, pero en el fondo no resuelve el problema integral de la salud mental o los peligros que pueden enfrentar los usuarios.

“Ninguno de los contenidos dañinos se eliminaría. Es como si pateara el problema más adelante y te arrojara al abismo a los 16 años”, dijo al New York Times Leo Puglisi, un adolescente australiano de 17 años que dirige un sitio de noticias, 6 News.

Puglisi, quien trabaja con un personal lleno de adolescentes, muchos menores de 16, además afirmó que no tiene dudas de que su hermano, de 14, encontrará la forma de burlar la prohibición y tener acceso nuevamente a las redes sociales.

En la ley australiana, por cierto, los padres y los menores no tendrán castigo alguno por si un adolescente o niño logra burlar la prohibición. Las plataformas, en cambio, si pudieran verse duramente castigadas con multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones de dólares) por fallas “sistémicas” en la implementación de los requisitos de edad.

Esta medida pionera en el mundo occidental se produce en un momento donde diversos países, incluyendo EEUU y Brasil, han tomado medidas contra las plataformas tecnológicas, aunque por situaciones completamente distintas.

Por ejemplo, la próxima semana un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos deberá decidir si se ratifica la ley aprobada en el Congreso que exige que ByteDance, con sede en China, venda o se deshaga de los activos estadounidenses de TikTok a principios del próximo año o se enfrente a una prohibición en el territorio nacional.

Esta ley, sin precedentes en el país, ha desatado un intenso debate sobre temas clave como la libertad de expresión, la seguridad nacional de Estados Unidos, y la creciente exposición de los datos personales de los ciudadanos a potencias extranjeras como China. Además, pone en el centro de la discusión la salud mental de los jóvenes, quienes tienen acceso sin restricciones a una red social cuyo contenido abarca desde recursos útiles, educativos y entretenidos hasta materiales potencialmente perjudiciales y peligrosos.

Por el momento, el presidente electo, Donald Trump, prometió durante la campaña presidencial que se opondría a la prohibición de TikTok, que es utilizada por 170 millones de estadounidenses, muchos de ellos no solo para fines de ocio sino para ganarse la vida vendiendo productos, convirtiéndose en influencers o promocionando sus negocios.

Lo cierto es que los casos de EEUU y Australia, que han sitiado a redes sociales bajo el argumento de ser un peligro para la seguridad nacional y los jóvenes, difieren notablemente de la cruzada contra la red social ‘X’, de Elon Musk, en Europa y Brasil.

En 2022, en Europa se promulgó la polémica Ley de Servicios Digitales (DSA), que entró en vigor en febrero de 2024 y está siendo utilizada para amenazar a ‘X’ con multas en caso de que la plataforma no ayude a eliminar la propagación de “contenido ilegal” o mejore la transparencia de sus algoritmos, como exige la normativa.

Esta ley ha llevado a Musk a enfrentarse públicamente con la Unión Europea, acusando a la comisión que investiga a X de antidemocrática mientras Bruselas lleva abiertas otras investigaciones formales contra empresas estadounidenses como Meta y a su plataforma Instagram por posibles incumplimientos de la DSA.

La situación entre Musk y la UE ha escalado tanto que, incluso, el vicepresidente electo JD Vance sugirió en una entrevista que Washington no tendría que respaldar a la OTAN si los países europeos no respetan los valores estadounidenses como la libertad de expresión.

“El líder, no recuerdo exactamente qué funcionario era dentro de la Unión Europea, le envió a Elon esta carta amenazante que básicamente decía: ‘Te vamos a arrestar si apoyas a Donald Trump’, quien, por cierto, es el probable próximo presidente de los Estados Unidos”, dijo Vance en una entrevista con el youtuber Shawn Ryan.

“Entonces, lo que Estados Unidos debería decir es, si la OTAN quiere que sigamos apoyándolos y la OTAN quiere que sigamos siendo un buen participante en esta alianza militar, ¿por qué no respetan los valores estadounidenses y respetan la libertad de expresión?”, preguntó Vance.

“Es una locura que apoyemos una alianza militar si esa alianza militar no va a ser pro libertad de expresión. Creo que podemos hacer ambas cosas. Pero debemos decir que el poder estadounidense tiene ciertas condiciones. Una de ellas es el respeto a la libertad de expresión, especialmente en nuestros aliados europeos”.

Sudamérica, la censura llama la puerta

En Brasil, a diferencia de la Unión Europea, un juez de corte progresista no se anduvo con titubeos para amedrentar a Musk y los empleados de X, incluso prohibiendo la utilización de la plataforma en territorio brasileño hasta que X pagara multas millonarias y empezara a cumplir con las exigencias de censura por parte del polémico magistrado Alexandre de Moraes.

Esa lucha de meses entre Musk y de Moraes, quien obligó a X a nombrar un nuevo representante legal en el país y empezara a suspender cuentas ligadas al presidente conservador Jair Bolsonaro, provocó que millones de usuarios brasileños no tuvieran acceso a la principal plataforma de noticias y opiniones del planeta, en un cerco informativo sin precedentes que solamente era burlado a través de redes VPN bajo el riesgo de multas fuertes contra quienes se atrevieran a usar la plataforma.

En el camino, X se había negado a bloquear las cuentas a petición del juez de Moraes, y Musk, autodenominado “absolutista de la libertad de expresión”, afirmó que las prohibiciones eran un abuso de poder por parte del magistrado de la Corte Suprema.

Pero, después de cerrar su oficina en Brasil y batallar durante meses contra las autoridades brasileñas, el multimillonario estadounidense dio su brazo a torcer e hizo que su plataforma se reestableciera en uno de sus mercados más importantes.

El caso de Brasil es una prueba viva de cómo un funcionario motivado con gran poder podría usar las leyes para generar conflictos existenciales contra las redes sociales, incluso trascendiendo el ámbito legal para llegar al terreno de lo político.

En Venezuela, una dictadura consolidada hace mucho, el régimen del socialista Nicolás Maduro incluso fue más allá, llevando adelanto un bloqueo contra X, plataforma que sirvió cómo mecanismo comunicacional para burlar la censura en radio, prensa y televisión para denunciar el fraude electoral masivo del 28 de julio perpetrado por el propio Maduro y sus aliados.

Quizás lo de Venezuela es un buen espejo para ver y recordar cómo los regímenes autoritarios, como China, Irán, Cuba o Rusia, se ve amenazados por la libertad de expresión que emanan las redes sociales y por qué hay peligros notables detrás de algunas regulaciones que exceden los límites de la sensatez.