María Jesús Montero, en el pleno del Congreso

Daniel La calle. – El Gobierno y sus socios siguen obsesionados con atacar a las grandes empresas, utilizando la inseguridad jurídica y la regulación. Las consecuencias son evidentes. La inversión en España lleva estancada desde 2019 y la inversión extranjera se desploma desde 2018.

Todo viene de una visión maniquea y sectaria que viene de pensar que una empresa que gana mucho es mala y, sobre todo, que, si gana mucho porque invierte muchísimo más, hay que penalizarla. Atacar a las grandes empresas es atacar el progreso y poner en peligro el sistema de bienestar que fingen proteger. Tenemos menos empresas y menos grandes, y solo se encuentran con desprecio regulatorio y fiscal.

El esperpento fiscal que perpetra el Gobierno es de tal calibre que no somos conscientes del daño que hace al país. España pierde oportunidades y se desplazan inversiones a lugares donde haya seguridad jurídica y la fiscalidad sea atractiva.

El impuestazo que exigen los socios comunistas del PSOE es un ejemplo de poner en peligro lo que fingen proteger. Pone en riesgo 30.000 millones en inversiones y miles de puestos de trabajo. Lo que pretenden recaudar, que no llegará a los 1.000 millones de euros, es menos de lo cuatro veces lo que el Gobierno gasta en «asuntos económicos», y además generará una pérdida de recaudación a medio plazo superior a lo que expolian ahora. Efecto negativo, además de espantar a otros sectores que perciben esa inseguridad jurídica y fiscal.

Lo mismo ocurre con la banca. Debilita a la banca nacional, encarece los servicios y encima el efecto recaudatorio es negativo a medio plazo. Miopía fiscal. No solo es la voracidad recaudatoria y el sectarismo, la aleatoriedad e inseguridad, ya muy negativas por sí mismas. Es la miopía regulatoria.

La Razón