Italia endurece su postura contra los vientres de alquiler, ampliando las sanciones legales a quienes participen en esta práctica fuera del país. La nueva ley, promovida por el gobierno de Giorgia Meloni, establece penas de cárcel de tres meses a dos años y multas de hasta un millón de euros para quienes realicen, faciliten o incluso promocionen esta técnica.

El alcance de la normativa es extraterritorial, permitiendo que ciudadanos italianos sean procesados bajo esta legislación, aunque los hechos ocurran en el extranjero. La gestación subrogada ya era ilegal en Italia desde 2004, pero este nuevo marco busca cerrar las puertas a quienes recurrían a otros países para esquivar las restricciones nacionales. Meloni ha defendido la medida calificando esta práctica como «inhumana» y prioritaria en su agenda política.

Desde la oposición, las críticas no se han hecho esperar. Riccardo Magi, secretario general del partido progresista Más Europa, tildó la normativa de «inconstitucional» y aseguró que será anulada por los tribunales, al entrar en conflicto con derechos recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Según Magi, esta ley solo perjudica a «familias y sus hijos», y crea divisiones sociales entre distintos tipos de núcleos familiares.

El rechazo también ha llegado desde colectivos como las Familias Arcoíris y asociaciones LGBT, que han acusado a la normativa de fomentar desigualdades y de ser «retrógrada». Por su parte, Ivan Scalfarotto, líder de Italia Viva, sostuvo que la legislación vulnera el artículo 3 de la Constitución italiana, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos.

A nivel internacional, organizaciones de derechos humanos han advertido que la ley podría criminalizar a parejas que buscan procreación asistida fuera de Italia, además de restringir el acceso a procedimientos reproductivos en un contexto globalizado. A pesar de ello, el gobierno insiste en que la norma busca proteger a mujeres en situaciones vulnerables y evitar que los menores sean tratados como simples bienes de intercambio.

Eugenia Roccella, ministra de Familia y Natalidad, respondió a las críticas subrayando que esta ley cuenta con el apoyo de numerosas redes feministas internacionales, que consideran a Italia un referente en la lucha contra la explotación reproductiva. Según Roccella, «no se puede justificar esta práctica con argumentos de derechos, ignorando su impacto ético y social».