Antonio R. Naranjo.- La pregunta es oportuna. Porque solo los tontos pueden permitir que los culpables máximos de una tragedia puedan acabar siendo los mayores beneficiarios políticos de ella. La brillantez con que el PSOE transforma sus propios errores en tantos a su favor es legendaria, y nace de una combinación perfecta entre la habilidad de sus portavoces, la obediencia ciega de sus altavoces y la galopante falta de escrúpulos, que es el ingrediente fundamental de todo aquel que ve siempre una oportunidad en un drama.

La tragedia valenciana, y un poco castellanomanchega aunque a Page le salven misteriosamente de la «doctrina Mazón» que carga en los presidentes autonómicos la respuesta a un desbordante desafío nacional, puede acabar perfectamente con Pedro Sánchez colocado como Comisario del Cambio Climático de la ONU, con Teresa Ribera de Comisaria de Competencia de la Unión Europea y con las políticas fracasadas y negligentes que ambos representan consolidadas como catecismo definitivo de obligado cumplimiento cotidiano, fiscal y legislativo.

Y todo ello, pese a ser culpables, de manera dolosa incluso, de no haber prevenido primero y actuado después ante una amenaza que debían haber detectado y, a continuación, atendido con urgencia.

No es una opinión, es un hecho incontrovertible, por mucha bomba de humo que lance el Gobierno y mucho heraldo sanchista que se golpee el pecho para proteger al señorito e intente colocar en el ámbito de las responsabilidades autonómicas lo que es, en realidad, un asunto de la estricta competencia del presidente del Gobierno.

Nada de esto resta gravedad a la deplorable actitud del presidente valenciano, entre cuyos silencios, contradicciones y errores figura, a la cabeza, el único que nadie le reprocha: no se sabe la Ley, ni él ni nadie de su costoso ejército de consejeros, asesores, altos cargos y demás fauna.

Porque si se la supiera, en lugar de comportarse al principio como un vulgar subgobernador civil pelota de Sánchez y al final como un heroico, pero incomprendido héroe sin dormir en una semana, le hubiese montado un cristo al presidente del Gobierno por no actuar enérgicamente antes de la tragedia, para salvar vidas, y con todos sus recursos después para salvar a los afectados y empezar a restañar las gravísimas heridas causadas.

Una catástrofe natural, que destroza una provincia y afecta hasta a cinco comunidades autónomas con distinta intensidad, no es un asunto doméstico, ya por sentido común.

Pero no lo es tampoco con la Ley en la mano, que equipara un episodio de esas características con un ataque de Marruecos a Ceuta o Melilla, por ejemplo. Y diseña, en consecuencia, quién es el responsable, cómo puede actuar, qué obligaciones tiene y de qué poderes dispone.

La inclusión de las catástrofes y emergencias de este tipo en el epígrafe donde solo el Estado está al frente viene recogida en la Constitución y en una Ley de Seguridad Nacional que no ofrecen dudas ni interpretaciones alternativas.

Y desarrollada, de puño y letra por el propio Sánchez, en al menos un Real Decreto y una Orden que fijan, milimétricamente, el papel de todos y cada uno de los actores a coordinar para atender una hecatombe.

El propio presidente del Gobierno se cuidó muy mucho de dejar claro que él mandaba, como impone el más elemental sentido común, y que, para traducir esos galones en algo práctico e inmediato antes y después de un desafío a España, tenía a su disposición las herramientas jurídicas, legales y operativas imprescindibles para paliar los estragos.

No hay nada ni nadie por encima, y el resto de legislación, de competencias y de recursos están, en ese escenario apocalíptico o bélico, al servicio de las órdenes superiores con el objetivo de mejorar la respuesta, con una coordinación que no elimina a nadie, pero sitúa obviamente al sargento por debajo del General.

Sánchez, en fin, no solo ostentaba el mando por definición, sino que además tenía la obligación de ejercerlo, bajo riesgo de incurrir en una omisión con tintes criminales. Y, sin embargo, se ha instalado la doble mentira de que el único culpable es Mazón, cuya ignorancia es suficiente para invalidarlo y pedir su dimisión, y de que Sánchez, Ribera, Marlaska y todos sus secuaces son tan inocentes como pacientes con el ruido de las campañas de bulos y agresiones ultraderechistas.

Así que la pregunta es oportuna: ¿Son tontos en el PP? ¿Hay alguien ahí? El correcto análisis de esta situación no obedece al deseo de salvar o condenar a nadie, dos objetivos irrelevantes al lado del respeto y la atención que exigen las víctimas. Pero eso no se atenderá del todo mientras no quede claro, por ellas y por el futuro, dónde demonios estaba cada uno y quién y cómo aumentó los daños. Cada uno que corra con la parte que le corresponda, pero la de Sánchez es única e indivisible: él estaba entre la India y Azerbaiyán, mientras España se ahogaba. Uno ha de ser muy listo y desvergonzado para librarse ahora de las consecuencias, pero los otros muy tontos para comérselas todas.