Un voluntario camina junto a una pila de vehículos destrozados en Paiporta, este martes

Era cuestión de tiempo que la gestión de la DANA en Valencia se acabara judicializando. Una estrategia cada vez más recurrente (ya se vio durante la pandemia del coronavirus por las medidas del Gobierno) por parte de partidos políticos y asociaciones privadas de toda índole para doblegar al adversario o, cuanto menos, atacar su reputación pese al mayoritario archivo de estas acciones judiciales.

En este sentido, los tribunales han recibido hasta la fecha cinco querellas penales y tres demandas administrativas para examinar la responsabilidad judicial de cargos públicos y órganos superiores del Gobierno central y la Generalitat Valenciana. Según fuentes oficiales, el Tribunal Supremo ha registrado ya cinco escritos de diferentes entidades y particulares y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), tres.

En la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal se han presentado querellas de Vox, el pseudosindicato Manos Limpias, el partido antisistema Iustitia Europa y un particular, Manuel Romeral Frías, presidente de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción. Estas acciones penales se dirigen contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, la titular de Defensa Margarita Robles y la de Transición Ecológica Teresa Ribera. A todos ellos se les acusa por la presunta negligencia en sus actuaciones que, ya sea por acción u omisión, ha creado un riesgo con “resultado de muerte o lesiones”, en alusión a los fallecidos ya confirmados y los cientos de afectados por la riada del pasado 29 de octubre.

Los delitos genéricos que se incluyen en estas querellas contra los aforados son homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. Del mismo modo, algunos de estos escritos también apuntan a otros cargos intermedios de la administración central: a la subsecretaría del Ministerio de Interior, Susana Crisóstomo; a la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), María José Rallo; y a su homólogo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues. La clave de bóveda de estas querellas es la presunta inacción del Ejecutivo de Sánchez al no declarar la emergencia de interés nacional.

También en el Supremo, en concreto en la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), el abogado valenciano Curro Nicolau ha registrado una demanda contra las decisiones de órganos superiores del Gobierno en el marco de la DANA. En concreto, el también empresario del sector energético centra su escrito en la supuesta “inactividad” de la administración central. Una conducta más propia de examinar por la jurisdicción penal que la administrativa, donde se suelen recurrir actos ejecutivos, decretos o leyes.

El mismo particular, que ya pleiteó sin éxito en su día contra las restricciones de la pandemia, también ha actuado por el mismo motivo contra la Presidencia de la Generalitat Valenciana y la Agencia de Seguridad y Emergencias autonómica ante el Tribunal Superior valenciano. La pasada semana se admitió a trámite su demanda (salvo errores de forma es una decisión automática de la Sala) y se ha reclamado a la administración regional, como primer paso, que entregue para su examen los expedientes en los que se detalla el proceso de toma de decisiones vinculado a la gestión de la emergencia.

“Abandono absoluto”

En esta misma jurisdicción se recibió una demanda de recurso contencioso-administrativo de protección de derechos fundamentales por parte de la asociación Liberum. Un colectivo de claro perfil político ya que está personado por ejemplo en el ‘caso Koldo’ o la causa contra el hermano de Pedro Sánchez en Badajoz. Su escrito en este caso se dirigió contra la Delegación del Gobierno en Valencia por su actuación “imprudente” en la riada y el demandante reclamó medidas cautelarísimas al tribunal superior para asegurar “una intervención inmediata a fin de evitar mayores perjuicios a la población afectada”. El TSJCV respondió que no tiene competencia para conocer este recurso al ser el Supremo el órgano competente, tal y como se pronunció el fiscal.

También en el TSJ autonómico se ha interesado analizar la querella interpuesta por el partido Iustitia Europa contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por delitos de homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y prevaricación. A falta de corregir un trámite formal en el escrito, el siguiente movimiento de la Sala Civil y Penal será dar traslado de la denuncia al Ministerio Fiscal para que informe antes de resolver sobre la admisión o archivo de la misma.

En su querella, el colectivo que obtuvo el 0,15% de los votos en las pasados elecciones europeas, pide eliminar la agenda 2030 y reclama el final de la OTAN, señala que Mazón ha realizado un “abandono absoluto” en la gestión de la emergencia, detalla lo que considera una “cadena de fallos y omisiones flagrantes” y considera que el PP “ignoró la gravedad de la DANA y las posibilidades existentes de preparar la emergencia a través del Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana (Patricova), un protocolo diseñado específicamente para actuar en catástrofes de esta magnitud”.

Asimismo, apunta también que pese a que las reiteradas alertas de AEMET advertían de lluvias torrenciales y riesgo extremo desde el 24 de octubre, el presidente autonómico no solicitó la intervención de la UME hasta cuando ya existían las inundaciones, omitió la ley de protección civil y no reclamó el estado de alarma.