Antonio Naranjo.- En un país normal, en el que la política entendiera que las responsabilidades éticas y estéticas son de juicio inmediato, atienden a la necesidad de respetar al ciudadano y son distintas a las penales, Carlos Mazón debería haber dimitido ya sin necesidad de ser culpable: la quiebra de la confianza es suficiente razón para abandonar un puesto en el que la autoridad moral es básica para empezar a restituir los daños.

Puede no ser justo y, sin duda, el clima generado en su contra por la formidable maquinaria de propaganda del Gobierno, la que ve fascistas en lugar de víctimas, la que acusa al sargento mientras protege al general, la que señala hasta al Rey para proteger al presidente; tiene los componentes abyectos habituales en toda tragedia utilizada desde hace veinte años por el PSOE, desde el Prestige hasta el Alvia pasando por el 11-M.

Los mismos que consideran que Aznar o Rajoy son culpables de las bombas de unos salvajes y de las locuras de un capitán de barco o del maquinista de un tren dicen ahora que, ante una emergencia nacional, la ausencia de una respuesta del mismo rango es culpa de quien tiene la menor jerarquía y, simplemente, tiene menos recursos preventivos, menos medios paliativos y menos galones legales: todo para disculpar a un Comandante en Jefe que estaba en la India y tenía a sus ministros haciendo el indio al mismo tiempo.

Pero si Mazón debe irse por haber dejado de representar la imprescindible conexión entre un pueblo afligido y el calor que debe percibir entre su representante más cercano; Sánchez debe hacerlo por omitir ilegalmente sus responsabilidades, mirar para otro lado cuando debía centrar sus energías en un drama inmenso y abandonar, de manera dolosa, a un pueblo amenazado por un peligro finalmente culminado de la peor manera posible.

Solo pueden pedir la dimisión de Mazón quienes, antes de eso o al menos a la vez, exijan la del presidente del Gobierno y, además de eso, reclamen una auditoría independiente, una investigación parlamentaria y un juicio formal de la escandalosa chapuza negligente de Pedro Sánchez, que en los prolegómenos de la catástrofe pudo ser involuntaria, pero en el epílogo es criminal y dolosa.

La libertad de expresión, a menudo malversada, permite mantener cualquier postura por error, ignorancia o interés, incluida la que empieza a ser hegemónica, según la cual el único responsable de esta tragedia es un señor rodeado de inútiles, incapaz de pedir ayuda y además desaparecido en las horas clave por estar en una extravagante comida con una periodista guapa que se alargó casi hasta la merienda cena.

Pero si el presidente de la Generalitat valenciana sobra es, además de por sus propios errores inflamados por el coro sanchista a sueldo, por no conocerse la ley y haber alimentado él mismo un relato falso de los hechos: no tenía que pedir ayuda, debía haber denunciado desde el primer momento la desaparición del Gobierno.

Porque no es opinable quién tenía el mando, quién no tenía derecho a no ejercerlo, a quién señala la ley como responsable de estas emergencias y cómo debía haberse actuado antes de la Dana, cuando una rápida respuesta preventiva hubiera salvado a decenas de personas; y después de ella, cuando un despliegue masivo hubiese atendido a cientos de miles de personas hoy abandonadas miserablemente a su suerte como si fueran de un pobre país tercermundista.

Quien tenga dudas al respecto y se haya tragado el falso debate competencial alimentado por los paladines de la confusión, solo tienen que leer la información de hoy en este periódico, sustentada en la brillante investigación que Julio Naranjo y su equipo han elaborado con una prolija e inapelable documentación oficial que no admite interpretación alternativa.

Cuando una Nación queda conmocionada por una tragedia que golpea y tambalea su mismísima esencia, solo hay una postura decente: buscar la verdad, contarla sin cálculos políticos y pasar las facturas correspondientes, por respeto hacia las víctimas y antídoto futuro.

Y en este caso son obvias: que se vaya Mazón, claro, pero no antes de que la omisión dolosa de Sánchez, decisiva para elevar las cifras de muertos y los inmensos daños materiales, le cueste el cargo y una próxima citación en sede judicial.