Sánchez y el PSOE caen en la trampa que tendieron a Mazón .
Una de las reuniones del comité de crisis en la Moncloa
La ministra de Ciencia y líder de los socialistas en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, entró el jueves por la noche en la antena de la SER. La emisora estaba contando que la consejera de Justicia e Interior de la Generalitat, Salomé Pradas, había confesado en una entrevista previa que desconocía el sistema de alertas por móvil hasta ese mismo día. También se hacía eco a esa hora ciertas de filtraciones interesadas por parte del Gobierno para echar toda la responsabilidad sobre las espaldas del presidente valenciano y su equipo.
A Morant le preguntaron cómo es posible que el Ejecutivo del que ella forma parte permanezca de brazos cruzados sin asumir el mando si cree —como así lo cree— que los responsables de la Generalitat valenciana están mostrando incompetencia. La ministra se quedó callada un momento y respondió: «Los valencianos le tenemos mucho apego y mucho respeto a la institución de la Generalitat valenciana, que tiene grandes servidores públicos. Y entendemos que la mejor manera de afrontar una catástrofe de esta dimensión es hacerlo juntos, de manera coordinada, respetando la institución de la Generalitat valenciana, respetando a sus servidores. Y entendemos que esa es la mejor manera de ser eficaces en un momento en el que todavía hay muchos problemas que resolver y el trabajo es muy complejo».
El Gobierno de Pedro Sánchez ha caído en su propia trampa, la que el presidente tendió a Carlos Mazón. El empeño de Sánchez desde el primer momento en no declarar la emergencia nacional para no ponerse al frente del operativo y que el presidente valenciano asumiera todo el desgaste —aun con más de 200 muertos— ha acabado atrapándolo. Ahora ni él, ni sus ministros, ni tampoco la líder del PSPV tienen las manos libres para cargar contra Mazón y sus altos cargos, ni para pedir dimisiones. Porque Sánchez pudo dar la orden de desplazarlos de la primera línea y no quiso hacerlo por cálculo político. Aunque la versión oficial hable de razones de «unidad, eficacia, respeto institucional y responsabilidad», que son la que el propio líder del Ejecutivo dio el martes en una comparecencia en la Moncloa.
La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, tan invocada estos días, señala en su artículo 29 que la declaración de emergencia nacional la hace el ministro del Interior, «bien por propia iniciativa (es decir, la del presidente) o a instancia de las comunidades autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas». No faltó cobertura legal. Tampoco faltó motivación. Simplemente faltó voluntad y sobró intencionalidad.
Ésa es la razón de la moderación que, de forma temporal y aparente, el presidente, los ministros y los socialistas valencianos están teniendo con el Ejecutivo valenciano. Unida a la pretensión del Gobierno de sacar rédito político de esta fase de respuesta y posterior reconstrucción. Pero salir en tromba contra Mazón y su equipo, pedir dimisiones, es también recordar a la ciudadanía que Sánchez pudo haber tomado el control, pero no lo hizo ni lo hará, a pesar de la insistente petición de Alberto Núñez Feijóo (también cargada de intención). «Hay que ayudar al resto de administraciones a que desempeñen sus competencias con la mejor eficacia posible. Sustituir sería restar eficacia», insiste el presidente, que estos días ha recuperado el término «cogobernanza», de infausto recuerdo para los presidentes autonómicos durante la pandemia.
De ahí que los socialistas repitan incesantemente que ya llegará el día de pedir responsabilidades, pero que ahora es el momento de estar «todos a una». De ahí que el PSPV decidiera no sumarse a la manifestación de este sábado en Valencia contra el presidente regional, mientras Compromís y Podemos tratan de capitalizar la indignación ciudadana contra la gestión de la DANA. De ahí, también, que ni un solo miembro del Gobierno se haya atrevido a decir que el presidente valenciano o su consejera de Justicia e Interior tienen que irse. La ministra y líder del PSPV incluso ha anunciado con mucha premura que su partido apoyará los Presupuestos del Ejecutivo regional porque «hay que estar a la altura», según Morant.
Más ejemplos. El ministro al que más le gusta confrontar, Óscar Puente, no ha hecho en estas dos semanas ni una sola declaración altisonante. Tampoco Félix Bolaños ni Óscar López, otros dos de los perfiles más políticos del Gobierno, siempre prestos y dispuestos para la batalla contra el PP o contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña. Eso en público, porque en privado hace días que la Moncloa puso su maquinaria a trabajar en busca de grabaciones, declaraciones y todas las informaciones que comprometan la actuación de Mazón y sus consejeros. E incluso una campaña en redes sociales.
Mención aparte merece la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la única que ha ido más lejos contra Mazón. Pero porque tiene un interés particular: el próximo martes Teresa Ribera se examinará en el Parlamento Europeo y no quiere que la DANA frustre su plan de convertirse en vicepresidenta de la Comisión Europea. Ella es la responsable de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar y, sin embargo, estuvo desaparecida hasta que el viernes entró en la SER para contar que le costó «cuatro llamadas» localizar al presidente valenciano aquel martes. Aunque la versión de él es distinta.
La Comunidad Valenciana y la política se adentran ya en la tercera semana después de la DANA. Este lunes el Consejo de Ministros se reúne para aprobar nuevas medidas para paliar los efectos de la DANA. Especialmente, en lo laboral. El miércoles, el Gobierno ha dejado que sea el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el que comparezca en el Congreso para «dar cuenta de la gestión del Gobierno en relación con la DANA que ha afectado a diferentes provincias», reza la convocatoria.
Y, el jueves, Mazón comparecerá por primera vez en las Cortes valencianas. Será un día difícil para él, pero también para el PSPV, que se verá arrastrado por Compromís. Pero los socialistas valencianos tienen ese grillete: no pueden dejar que se note que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ha dejado que el lodo llegue al cuello del presidente valenciano para no mancharse él las botas.
Salir en tromba contra la Generalitat valenciana, pedir dimisiones, sería también recordar a la ciudadanía que el presidente pudo haber tomado el control, pero no lo hizo por cálculo político
10/11/2024 Actualizada 04:30
La ministra de Ciencia y líder de los socialistas en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, entró el jueves por la noche en la antena de la SER. La emisora estaba contando que la consejera de Justicia e Interior de la Generalitat, Salomé Pradas, había confesado en una entrevista previa que desconocía el sistema de alertas por móvil hasta ese mismo día. También se hacía eco a esa hora ciertas de filtraciones interesadas por parte del Gobierno para echar toda la responsabilidad sobre las espaldas del presidente valenciano y su equipo.
A Morant le preguntaron cómo es posible que el Ejecutivo del que ella forma parte permanezca de brazos cruzados sin asumir el mando si cree —como así lo cree— que los responsables de la Generalitat valenciana están mostrando incompetencia. La ministra se quedó callada un momento y respondió: «Los valencianos le tenemos mucho apego y mucho respeto a la institución de la Generalitat valenciana, que tiene grandes servidores públicos. Y entendemos que la mejor manera de afrontar una catástrofe de esta dimensión es hacerlo juntos, de manera coordinada, respetando la institución de la Generalitat valenciana, respetando a sus servidores. Y entendemos que esa es la mejor manera de ser eficaces en un momento en el que todavía hay muchos problemas que resolver y el trabajo es muy complejo».
El Gobierno de Pedro Sánchez ha caído en su propia trampa, la que el presidente tendió a Carlos Mazón. El empeño de Sánchez desde el primer momento en no declarar la emergencia nacional para no ponerse al frente del operativo y que el presidente valenciano asumiera todo el desgaste —aun con más de 200 muertos— ha acabado atrapándolo. Ahora ni él, ni sus ministros, ni tampoco la líder del PSPV tienen las manos libres para cargar contra Mazón y sus altos cargos, ni para pedir dimisiones. Porque Sánchez pudo dar la orden de desplazarlos de la primera línea y no quiso hacerlo por cálculo político. Aunque la versión oficial hable de razones de «unidad, eficacia, respeto institucional y responsabilidad», que son la que el propio líder del Ejecutivo dio el martes en una comparecencia en la Moncloa.
La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, tan invocada estos días, señala en su artículo 29 que la declaración de emergencia nacional la hace el ministro del Interior, «bien por propia iniciativa (es decir, la del presidente) o a instancia de las comunidades autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas». No faltó cobertura legal. Tampoco faltó motivación. Simplemente faltó voluntad y sobró intencionalidad.
Ésa es la razón de la moderación que, de forma temporal y aparente, el presidente, los ministros y los socialistas valencianos están teniendo con el Ejecutivo valenciano. Unida a la pretensión del Gobierno de sacar rédito político de esta fase de respuesta y posterior reconstrucción. Pero salir en tromba contra Mazón y su equipo, pedir dimisiones, es también recordar a la ciudadanía que Sánchez pudo haber tomado el control, pero no lo hizo ni lo hará, a pesar de la insistente petición de Alberto Núñez Feijóo (también cargada de intención). «Hay que ayudar al resto de administraciones a que desempeñen sus competencias con la mejor eficacia posible. Sustituir sería restar eficacia», insiste el presidente, que estos días ha recuperado el término «cogobernanza», de infausto recuerdo para los presidentes autonómicos durante la pandemia.
De ahí que los socialistas repitan incesantemente que ya llegará el día de pedir responsabilidades, pero que ahora es el momento de estar «todos a una». De ahí que el PSPV decidiera no sumarse a la manifestación de este sábado en Valencia contra el presidente regional, mientras Compromís y Podemos tratan de capitalizar la indignación ciudadana contra la gestión de la DANA. De ahí, también, que ni un solo miembro del Gobierno se haya atrevido a decir que el presidente valenciano o su consejera de Justicia e Interior tienen que irse. La ministra y líder del PSPV incluso ha anunciado con mucha premura que su partido apoyará los Presupuestos del Ejecutivo regional porque «hay que estar a la altura», según Morant.
Dos ejemplos. El ministro al que más le gusta confrontar, Óscar Puente, no ha hecho en estas dos semanas ni una sola declaración altisonante. Tampoco Félix Bolaños ni Óscar López, otros dos de los perfiles más políticos del Gobierno, siempre prestos y dispuestos para la batalla contra el PP o contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña. Eso en público, porque en privado hace días que la Moncloa puso su maquinaria a trabajar en busca de grabaciones, declaraciones y todas las informaciones que comprometan la actuación de Mazón y sus consejeros. E incluso una campaña en redes sociales.
Mención aparte merece la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la única que ha ido más lejos contra Mazón. Pero porque tiene un interés particular: el próximo martes Teresa Ribera se examinará en el Parlamento Europeo y no quiere que la DANA frustre su plan de convertirse en vicepresidenta de la Comisión Europea. Ella es la responsable de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar y, sin embargo, estuvo desaparecida hasta que el viernes entró en la SER para contar que le costó «cuatro llamadas» localizar al presidente valenciano aquel martes. Aunque la versión de él es distinta.
La Comunidad Valenciana y la política se adentran ya en la tercera semana después de la DANA. Este lunes el Consejo de Ministros se reúne para aprobar nuevas medidas para paliar los efectos de la DANA. Especialmente, en lo laboral. El miércoles, el Gobierno ha dejado que sea el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el que comparezca en el Congreso para «dar cuenta de la gestión del Gobierno en relación con la DANA que ha afectado a diferentes provincias», reza la convocatoria.
Y, el jueves, Mazón comparecerá por primera vez en las Cortes valencianas. Será un día difícil para él, pero también para el PSPV, que se verá arrastrado por Compromís. Pero los socialistas valencianos tienen ese grillete: no pueden dejar que se note que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ha dejado que el lodo llegue al cuello del presidente valenciano para no mancharse él las botas.
El Debate
