El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la votación de la Ley de amnistía

Esta semana, el Gobierno volvió a hacer equilibrios y enjuagues jurídicos para introducir en una enmienda del PSOE al proyecto de ley que regula el tipo mínimo de las multinacionales toda una concatenación de medidas adicionales que confluyen en un nuevo impulso a la presión fiscal sobre hogares, empresas y autónomos. El grupo socialista introdujo por la puerta de atrás una minireforma tributaria con sus enmiendas al proyecto de ley del tipo mínimo global del 15% aplicado a las grandes empresas. Si consigue apoyos suficientes para llevarla adelante con la redacción con la que ha sido presentadas, Pedro Sánchez tendría en la mano lograr una subida de impuestos que superaría los 4.500 millones de euros anuales, que serían asumidos en su mayor partes por las grandes empresas, el gasóleo y el tabaco.

En lo que el principal partido del Gobierno ha perdido la batalla ha sido en el impuesto extraordinario a las energéticas, al que ha tenido que renunciar antes de su vencimiento a final del año por falta de apoyos entre sus socios habituales del nacionalismo y el independentismo, PNV y Junts, a los que solo pudo arrancar la extensión del gravamen a la banca –convertido en un impuesto sobre el margen de intereses y las comisiones de las entidades financieras que podrá aplicar hasta el año 2028–, a cambio de ventajas para sus comunidades autónomas.

El PNV ha logrado que los impuestos a las empresas multinacionales y a la banca sean gestionados por las haciendas forales, tanto de la comunidad autónoma vasca como la de Navarra, que podrán recaudarlos y mantener la potestad normativa sobre ellos, con capacidad para cambiar su regulación y la graduación económica. Por tanto, la gestión de Sociedades de las multinacionales se integraría en sus haciendas propias si es aprobado.

Por su parte, Junts ha conseguido un paquete de medidas fiscales que «ahorrará 2.500 millones de euros en impuestos a los ciudadanos de Cataluña», reconoció la formación independentista, que también presumió de haber salvado inversiones de más de 1.100 millones de euros al parar el impuesto a las energéticas.

El PSOE también incluyó en el proyecto de ley otras subidas fiscales que afectan al diésel, a los vapeadores y al tabaco. De este modo, vuelve a la carga en su intento de equiparar la fiscalidad del gasóleo y la gasolina. Para ello pretende elevar los impuestos que paga el gasóleo de automoción en 9,37 céntimos por litro, gracias a que el tipo general pasaría de 0,307 euros por litro a 0,40069 euros, que se aplicará a los vehículos privados pero ano al de empresas y profesionales. La excusa es que el Gobierno está obligado por Bruselas a incorporar los costes ambientales derivados del transporte por carretera y contribuir a moderar los gases de efecto invernadero. Si finalmente es aprobado, el gasóleo de automoción pagará en concepto de impuesto de hidrocarburos un total de 0,47269 euros por litro, igual que la gasolina.

El tabaco y los vapeadores también está en su punto de mira. Así, los cigarrillos electrónicos que contengan menos de 15 miligramos de nicotina por mililitro de producto pagarán 15 céntimos por mililitro y 20 céntimos si la cantidad de nicotina es mayor. En cuanto al tabaco, subirá su gravamen a partir del 1 de enero de 2025. Según justifica la enmienda, este aumento irá a engrosar las arcas de las haciendas territoriales, en las que son una «fuente relevante de ingresos» y porque es un «instrumento al servicio de la política sanitaria».

El PSOE también propone elevar la tributación del ahorro para rentas que superen los 300.000 euros, que pagarán por este tramo un IRPF del 29%, un punto más que en la actualidad –medio punto de la escala estatal y otro medio de la autonómica–.

Pero el golpe más grande se centra en Sociedades. El Impuesto Mínimo Global (IMG) a grandes multinacionales traspondrá las directrices del Pilar 2 marcado por la OCDE en el plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, que establece un tipo mínimo del 15% sobre las grandes corporaciones para generar un «conjunto común de reglas» para determinar la base imponible de Sociedades en la Unión Europea. El impuesto se aplicará a aquellas empresas con un importe neto de su cifra de negocios consolidado igual o superior a 750 millones de euros. Hay que recordar que las haciendas forales vasca y navarra podrán autogestionar este impuesto tras el acuerdo con los nacionalistas vascos.

Otra enmienda del proyecto de ley permite compensar la mitad de las bases imponibles de las sociedades a los grupos de los que forman parte solo en 2024 y 2025. La única ventaja que plantea en PSOE es una bajada de Sociedades para las empresas que facturan menos de un millón de euros, que pagarán un 17 % por los primeros 50.000 euros de base imponible y el 20 % por el resto, en lugar del 23% actual. La aplicación de este tipo mínimo global lograría una recaudación anual de 3.578 millones de euros, según estima el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), que considera que el Gobierno aplicará el nuevo impuesto complementario con tres configuraciones complementarias entre sí, las dos primeras responden a la regla de inclusión de rentas y la tercera a la regla de beneficios insuficientemente gravados. Patronales de empresarios recuerdan que el Gobierno que sigue sin valorar los costes y las consecuencias que genera el aumento de la presión fiscal.

Otra de las enmiendas tiene que ver con la problemática de la vivienda, ya que el PSOE quiere impulsar la modificación de la directiva del IVA para que se graven los alquileres de corta duración, inferior a 30 días, en las zonas tensionadas con dificultad de acceso a la vivienda, ya sea por los altos precios o por la presión turística. De esta forma, los alquileres vacacionales y de corta duración dejarían de estar exentos de IVA y pasarían a tributar en la misma medida que los alojamientos hoteleros.

Pero el Gobierno aún debe afrontar una prueba de fuego, ya que al margen de PNV y Junts, el resto de sus socios habituales ya han mostrado su rechazo a este proyecto de ley porque exigen que se incorpore al texto definitivo el impuesto energético que los socialistas han hecho decaer.

Sumar, el segundo partido en el Gobierno, Bildu, ERC y Podemos ya han advertido que podrían tumbar la normativa si no se incluyen ambos tributos como permanentes, tal y como se concibieron en su origen para gravar los beneficios extraordinarios que empresas energéticas y financieras han registrado desde la pandemia. La propia vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ya amenazó al PSOE con que aprobar el impuesto a energéticas «es obligatorio» para reequilibrar la balanza fiscal, mientras que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defendía mantener el tributo a las empresas contaminantes del Ibex 35. Además, Díaz cree que hay más margen para elevar la presión fiscal, incluso por encima de los cuatro puntos que el presidente del Gobierno cree que todavía puede crecer y que se traducen en 60.000 millones más para las arcas de Hacienda. Para la vicepresidenta, ese esfuerzo fiscal tendría espacio para subirse cinco puntos más, que llevarían esos ingresos adicionales a 80.000 millones.