Ana Martín / El Debate.- No puede decirse que en el Gobierno haya sorprendido la decisión de Isabel Díaz Ayuso de no acudir a la ronda de reuniones de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. Era lo previsible. Cuando no, directamente, lo deseado: el plante sirve al presidente para para desviar la atención de la corrupción que está anegando los bajos del Ejecutivo, al menos durante unas horas. Y del revés que sufrió Sánchez el viernes, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid archivó la querella que había interpuesto contra el juez instructor del caso Begoña.

La Moncloa respondió este lunes casi en tiempo real al comunicado de Ayuso, en el que daba dos motivos para plantar a Sánchez: que la ronda se celebra después de que el presidente haya roto la Hacienda común pactando un cupo catalán con ERC y porque el jueves pasado la difamó desde Bruselas. Se refería a cuando Sánchez pidió la dimisión de Ayuso por ser «pareja de un delincuente confeso» que se lucró con las mascarillas durante la pandemia. «Y presuntamente la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente», añadió en rueda de prensa tras el último Consejo Europeo.

A media mañana de este lunes ya había comunicado del Ejecutivo acusando a la presidenta madrileña de «violentar la normalidad institucional» y declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de varios ministros poniendo de manifiesto la «gravedad» de la decisión de la presidenta madrileña. Entre ellos, de Óscar López, Félix Bolaños, Óscar Puente, Elma Saiz y Pablo Bustinduy. «La señora Ayuso lo mezcla todo y hace esa política absolutamente destructiva donde siempre va al choque», señaló el titular de Transformación Digital. También del secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, uno de los más interesados en que no se hable del caso PSOE, como número dos de José Luis Ábalos que fue.

No obstante, el Gobierno eligió el peor de los argumentos posibles para recriminar a Ayuso su actitud, que la dirección nacional del PP ha afirmado comprender, aunque no compartir. En su comunicado, la Moncloa señala: «Por encima de las personas que ostentan cargos están las instituciones que representan». Cuando si algo le viene reprochando la oposición a Sánchez, a propósito del caso Begoña, es el concepto patrimonialista que tiene de la Presidencia del Gobierno. La paja en el ojo ajeno.

De hecho, durante la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, el presidente trató de valerse de su condición de tal para no declarar como testigo. A pesar de que el instructor le había llamado en su calidad de esposo de la investigada, no como presidente. Después, Sánchez volvió a esgrimir esa misma condición para reivindicar su derecho de declarar por escrito, cosa que Peinado no le permitió.

Y cuando presentó una querella contra ese juez utilizó a la Abogacía del Estado, no a un despacho de abogados privado. Querella que, no obstante, fue desechada el pasado viernes por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid. «Concebir como un ataque innecesario a la actuación del Gobierno la citación en calidad de testigo de su Presidente en una causa penal carece de la más elemental justificación», respondieron los magistrados.

Eso no es todo. Durante meses, el Gobierno ha utilizado la sala de prensa de la Moncloa para defender a la mujer del presidente y cargar sistemáticamente contra la instrucción del juez Peinado. La última vez fue con motivo del respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid a la investigación del instructor. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, retorció el auto de los tres magistrados hasta inventarse que estos reprochaban al juez su investigación prospectiva, cuando hacían justamente lo contrario. Casi en cada rueda de prensa semanal, Alegría insiste en que «no hay caso» y que acabará archivado.

Hay más. Cuando el presidente de Argentina llamó a Begoña Gómez «corrupta» durante un acto de Vox en mayo en Madrid, el Gobierno de Sánchez respondió elevando a la mujer del presidente a la categoría de institución; como justificación para retirar a la embajadora española en el país.

En concreto, el ministro de Asunto Exteriores acusó a Javier Milei de responder a la hospitalidad española con un «insulto a nuestras instituciones», como si la mujer del presidente fuese una institución. «Las instituciones son indiscutibles, los gobiernos son indiscutibles, los países son indiscutibles», argumentó José Manuel Albares entonces.

Entretanto, el abogado del novio de Ayuso, Alberto González Amador, ha convocado a Sánchez y al ministro Félix Bolaños a un acto de conciliación, paso previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias. Les reclama 150.000 euros por llamarle «delincuente».