El fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, preside el Consejo Fiscal

El máximo órgano consultivo del fiscal general del Estado ha sido tajante tras la reciente imputación de su titular, en el Supremo, por un presunto delito de revelación de secretos. La mayoría de los vocales del Consejo Fiscal, un total de 7 de los 9 miembros electos del Pleno, compuesto por 12 consejeros, han exigido la dimisión de Álvaro García Ortiz «por el bien de la institución».

Tan sólo cuatro de los integrantes del cónclave, los dos representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que fue presidida por el propio García Ortiz, y dos de los miembros natos del CF –su ‘número 2’ la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde y la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz Gaite– han respaldado su decisión inamovible de no apartarse del cargo.

Así las cosas, seis de los siete fiscales que han pedido al Fiscal General del Estado que reconsidere su posición han manifestado que la misma responde, en esencia, «según nos ha expuesto, a que su actuación se enmarcó en el deber de informar de los asuntos relevantes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, de manera que, ponderando las circunstancias, ha estimado que lo menos gravoso y más prudente es su propia continuidad en el cargo».

Ante tal afirmación, los vocales de la Asociación de Fiscales «le hemos trasladado nuestro parecer, compartido por la inmensa mayoría de los Fiscales, en nuestra función de miembros del órgano de representación de la Carrera Fiscal».

«El más absoluto respeto tanto a las resoluciones judiciales como a la presunción de inocencia nos debe llevar a abstraernos de los presupuestos fácticos que constituyen el objeto del proceso seguido en el Tribunal Supremo, y los hechos y circunstancias que el Fiscal General alega en defensa de su posición», han apuntado los seis consejeros de la entidad mayoritaria.

A su juicio, éste debe ser «el punto de partida para valorar si, en efecto, lo menos gravoso para el Ministerio Fiscal español es que el Fiscal General del Estado se encuentre investigado en un procedimiento judicial que tenga por objeto aclarar su posible responsabilidad penal por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Y, ante ello, sólo cabe entender que el perjuicio que se deriva para la Institución al mantener este escenario supera con creces cualquier afectación producida por su conclusión, empezando por la propia anomalía que supone que quien está llamado a intervenir como parte del proceso en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, actúe bajo la jefatura superior del investigado en ese proceso».

Para los representantes electos de la Asociación mayoritaria, «la decisión del Fiscal General de continuar en el cargo pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la Carrera, mucho más allá del marco de este proceso, por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación. Y nos resulta absolutamente inasumible el impacto que produce dentro y fuera de nuestras fronteras la imagen de un Ministerio Fiscal dirigido por un Fiscal General del Estado imputado por el Tribunal Supremo».

Clamor casi unánime en la Carrera

Cabe recordar que nada más conocerse el contenido del auto por el que el Supremo asumió la competencia para investigarle, dada su condición de aforado, en una causa especial que instruirá el magistrado Ángel Hurtado, la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) emitía un comunicado en el que reconocía lo triste de la noticia para quienes han consagrado su profesión a «defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, asumiendo normalmente una posición activa en el proceso penal».

La Junta Directiva de la AF denunció entonces –tras conocerse que la Sala Segunda del Alto Tribunal abre causa contra el máximo responsable de la institución–, en línea con lo que han manifestado sus 6 representantes electos durante el Consejo Fiscal de esta tarde, que la noticia de la imputación de García Ortiz afecta a los que «actuamos en cumplimiento de los principios de imparcialidad y legalidad».

«Desde el más escrupuloso respeto a la instrucción abierta en el Tribunal Supremo y al derecho a la presunción de inocencia de todos los involucrados queremos expresar» que «no es admisible afirmar que lo que se cuestiona es una función de la Fiscalía General del Estado, sino su actuación concreta y si ha existido un exceso en su ejercicio en contra de la legislación vigente». De modo que la decisión de García Ortiz de mantenerse en el cargo «solo se puede interpretar como una voluntad de mantener el control de la Institución en su propio interés, y desde luego no en el interés de la Fiscalía española».

No en vano, que el fiscal general «se tenga que defender en un proceso penal y a la vez el Ministerio Fiscal tenga que actuar en defensa de la legalidad, cuestiona ésta última. Y no se soluciona con la abstención (…) en dar órdenes cuando se atribuirá esa función a su número dos, nombrada por él», denunciaban desde la AF.

En la misma línea se ha pronunciado Salvador Viada, único vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en el Consejo. De hecho, la entidad profesional a la que pertenece ya avanzó que es «absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito» que, además, está directamente relacionado con el cargo que ostenta el actual titular del Ministerio Público.