Magdalena del Amo.- Podríamos haber empleado el verbo presionar, pero, según el diccionario de la Real Academia, obligar es impulsar a alguien a que actúe contra su voluntad. Y decirle a una mujer que se niega a abortar “aténgase a las consecuencias” es una amenaza en toda regla que merece nuestra repulsa. También hemos pensado en el título “El gran negocio de los niños robados por los chiringuitos de Igualdad”. Lo que está ocurriendo es para llorar.

Todos hemos visto alguna película en la que los protagonistas, en general padres con hijos en estado de vulnerabilidad o víctimas de informes falsos sobre maltrato o abuso, todo ello barnizado de oscuros intereses, son injustamente perseguidos por los Servicios Sociales del Estado llegando a convertirse en auténticos guiñapos sin esperanza. Pero la realidad supera la ficción. Esto está ocurriendo en nuestro país.

En la actualidad, muchas parejas o mujeres solas con hijos están siendo acosadas. Es cierto que, en algunos casos, existen antecedentes de malos tratos o drogadicción, pero en muchos otros no; el problema es tan simple como no tener trabajo estable o una vivienda. ¿Es moralmente aceptable retirar los hijos a una pareja por carecer esta de recursos económicos? Visto cómo funciona todo –incluidas las leyes— en este mundo distópico, puede ser incluso legal, pero rematadamente injusto. ¡Y tenemos constancia de varios de estos casos!

Por lo que hemos podido ver y escuchar de labios de los afectados y sus defensores jurídicos, estos organismos, concebidos para ayudar a quienes realmente lo necesitan, son a menudo gestionados o atendidos por personas poco empáticas que, amparadas en informes o dictámenes de dudosa credibilidad –muchas veces, historias creadas artificialmente—, toman medidas injustas, vulnerando así el fin para el que fueron creados.

Poner a los niños a salvo en casos de desamparo extremo es lo correcto; pero no todas las madres o parejas que en estos momentos luchan por recuperar la custodia de sus niños se encuentran en estas situaciones graves. Nos consta que, al menos en algunos casos, de manera interesada, se ha tejido toda una serie de irregularidades que no se corresponden con la realidad. Se vislumbra una suerte de interés mezquino en separar familias. Suena fuerte, pero las noticias que han llegado a nosotros, parecen indicarlo. Por cada niño separado de sus padres estos chiringuitos reciben una cuantiosa ayuda mensual en concepto de tutela. Si el tutelaje se ha mercantilizado hasta este punto, y los niños suponen auténticas “gallinas de los huevos de oro” es comprensible que organismos y personas que no se caracterizan precisamente por su elevada moral analicen con lupa a los posibles proveedores de menores, fabricándoles incluso historiales falsos.

En los últimos años, a raíz de la implementación de la distopía del género, los Servicios Sociales y todo lo relacionado con el ministerio de Igualdad son un desaguisado sinsentido, pura proyección de mentes desequilibradas y sin empatía, no aptas para el trato y la tutela de seres humanos, máxime siendo menores. Por no hablar de los escandalosos casos de prostitución de adolescentes tuteladas en Baleares y la corrupción de menores en la Comunidad valenciana en los que el abusador de una niña adolescente tutelada era nada menos que Luis Eduardo Ramírez Incardi, marido de Mónica Oltra, a la sazón, vicepresidente de la Comunidad y consejera de Igualdad. El inefable pederasta fue condenado a cinco años de cárcel por la Audiencia Provincial de Valencia; sentencia ratificada por el Tribunal Supremo.

En el caso de que hubiese una buena intención tras estos “robos legales” de niños, debemos preguntarnos qué ayuda reciben los afectados –padres de estos menores— para mejorar su situación y poder recuperar a sus retoños cuanto antes. Sabemos que, en la mayoría de los casos, ninguna o muy poca; y sí, en cambio, que son tratados y vigilados como auténticos delincuentes peligrosos y constantemente humillados.

Por si lo expuesto no fuese suficiente, lo más escandaloso e inasumible por personas con un mínimo de conciencia es la presión que están sufriendo algunas mujeres embarazadas, de escasos recursos, para que aborten. Y si se niegan a hacerlo, les dicen que se “atengan a las consecuencias”. Esto se traduce en que no les devolverán a los hijos que les han retirado. Esto está ocurriendo en Madrid, y tenemos los nombres de las afectadas. ¿Cómo hemos llegado a este estado de deterioro moral? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad?

A la luz de lo expresado, todo apunta a que el bienestar de familias en situaciones extremas parece no ser prioritario; nos referimos a familias en su conjunto y no a niños por separado, que son los que “cotizan”.

Actuar sin analizar el dolor y el sufrimiento que acarrea la toma de ciertas medidas inhumanas y deshumanizantes, como es la retirada de los hijos, es un camino fácil, pero muy peligroso para la sociedad, porque la encanalla e insensibiliza. Se puede decir que “cortar por lo sano” es el modus operandi de estos organismos sin alma. Los daños irreparables no son contemplados y parece no importar a nadie que esto ocurra. Por eso los Servicios Sociales cargan a sus espaldas tantas historias negras, dignas de ser llevadas al cine. A quién corresponda: esto debe cambiar. No podemos permitirlo; por los menores, por los padres, por todos. Un mundo mejor es posible.

*Psicóloga, periodista y escritora