Informe Orwell.- Una polémica medida impulsada por la administración Biden-Harris ha generado preocupación entre grupos conservadores y defensores de los derechos parentales. La nueva normativa federal, implementada en abril, permite que los niños en el sistema de cuidado temporal (foster care) que se identifiquen como LGBTQ+ sean colocados exclusivamente en hogares «afirmativos», donde su identidad de género sea respetada y apoyada, lo que incluye el acceso a tratamientos médicos relacionados con el cambio de género.

Este cambio, basado en un modelo desarrollado en el condado de Cuyahoga, Ohio, ha generado críticas por parte de activistas y padres que temen perder la custodia de sus hijos si no aceptan sus identidades de género. Según informes, varios padres ya han denunciado que las autoridades locales los han calificado de «no aptos» por no permitir que sus hijos inicien procesos de transición de género.

Uno de los aspectos más controversiales es la inclusión de materiales y productos como «binders» (fajas para reducir el busto) o prótesis en los hogares de acogida, así como el acceso a tratamientos médicos como bloqueadores hormonales. Los críticos sostienen que estas políticas empujan a los padres a aceptar tratamientos que pueden tener consecuencias irreversibles para los menores.

Vernadette Broyles, presidenta de la Campaña por los Derechos del Niño y los Padres, advirtió sobre un aumento en las intervenciones gubernamentales en familias que no afirman el género autoidentificado de sus hijos. «Estamos viendo cómo se investiga a padres simplemente por creer en la realidad biológica», señaló.

««La transfobia es maltrato infantil», afirmó el pasado otoño Alex Roque, que dirige el Centro Ali Forney para jóvenes LGBTQ sin hogar de Nueva York, en un seminario web del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS). En menos de tres minutos, expuso una visión para transformar completamente los sistemas de protección de la infancia en todo el país. El rechazo familiar a la identidad de género de un niño no puede descartarse como una opinión personal, argumentó. La no afirmación debe tratarse como un abuso. «Si les negaran la comida, el acceso a la escuela u otras cosas, habría titulares», continuó Roque. «Habría enjuiciamiento». Entre los activistas de género que la administración Biden-Harris ha reclutado para dar forma a sus políticas, la definición de abuso de Roque no es marginal, y su visión para remodelar el sistema no es hipotética», se lee en Daily Caller.

Organizaciones religiosas y conservadoras también han expresado su preocupación por la posibilidad de que la normativa federal afecte la libertad religiosa y el derecho de los padres a criar a sus hijos de acuerdo con sus creencias.

Aunque algunos estados han comenzado a implementar medidas similares, la norma federal podría tener un alcance mucho mayor y extenderse a disputas de custodia y otros ámbitos familiares.