Es difícil encontrar un precedente de parecidas dimensiones de desgobierno al que tenemos en España desde hoy hace 11 meses de la investidura, el 16 de noviembre de 2023, día en el que Sánchez fue investido presidente pese a haber perdido las elecciones generales del 23J. Esas elecciones las convocó anticipadas para intentar frenar en seco el efecto político provocado por el descalabro electoral padecido en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, y fue derrotado como sabemos. Aferrarse a La Moncloa le obligó a aceptar la indignidad –violando compromisos solemnes relativos a los pactos de gobierno– de pactar con una macedonia de siglas que comparten el común objetivo político de dañar a España e irse de ella rompiendo la «indisoluble Unidad Nacional», fundamento de nuestra Constitución.

Por supuesto, ni Junts ni ERC ni el PNV o Bildu podían imaginar que un día tendrían al mismísimo presidente del gobierno de España cogido en sus manos y preso de sus votos, gracias a los cuales llegó a La Moncloa. Esta inadmisible situación obliga a una seria reflexión acerca de los instrumentos legales de que se ha dotado nuestro Estado de Derecho, que son incompatibles con lo que proclama como fundamento la propia Carta Magna. ¿Es compatible con la «indisoluble unidad de la nación española» que sean legales y reciban financiación pública, partidos cuyo fundamento es radicalmente contrario al que establece el artículo 2 de la CE? No son pocos los políticos y expertos en materia de Derecho Constitucional que consideran un «oxímoron» –»una contradicción existencial– esa realidad que tenemos en España; y que conviene conocer que ningún Estado de los 27 de la UE acepta en sus ordenamientos legales.

Ni Francia ni Alemania ni Italia, etc., consideran legales a partidos cuyo objeto declarado sea la ruptura de la unidad nacional respectiva. Es imposible considerar constitucional a formaciones que atentan claramente contra el fundamento de la «indisoluble unidad de la nación», (o el Estado, la República, el Reino, la Patria…) consagrado en el mismo texto constitucional. No se trata de distinguir entre el objetivo prioritario y las leyes para hacerlo posible, –argumento utilizado habitualmente–, porque leyes que lo permitan serían inconstitucionales por su propia incompatibilidad con dicho fundamento.

Ese oxímoron en que está instalada España, está siendo utilizado para dañar e intentar destruir la unidad nacional aprovechando que existe una persona como el inquilino actual de La Moncloa.

En el caso de Bildu la ignominia alcanza cotas inimaginables, no solo de inconstitucionalidad sino de un mínimo de autoestima.