En un giro inesperado de los acontecimientos, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, fue destituida de su cargo tras emitir una orden de arresto contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en el marco de una investigación por trata de personas. La destitución ha generado un gran revuelo en el país y ha puesto en el centro del debate la independencia del poder judicial.

Gutiérrez, quien había estado liderando la investigación, declaró que su destitución fue una represalia directa por su decisión de proceder con la orden de arresto.

“Emitimos un mandamiento de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma, así como contra otras personas involucradas. Sin embargo, esta orden fue anulada y, poco después, fui destituida de mi cargo”, afirmó la exfiscal en una conferencia de prensa el 3 de octubre.

La orden de arresto contra Morales, emitida el 2 de octubre, se basaba en acusaciones de trata y tráfico de personas, así como de estupro (tener relaciones sexuales con un menor de edad).

Según Gutiérrez, la investigación incluía a una posible víctima menor de edad, lo cual complicaba aún más el caso.

“No puedo proporcionar más detalles debido a la naturaleza sensible de la investigación, pero puedo asegurar que teníamos pruebas suficientes para proceder”, añadió.

El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, ha sido señalado por Gutiérrez como el principal responsable de su destitución. Según la exfiscal, Lanchipa intervino directamente para frenar la investigación y ordenó su destitución el 3 de octubre cuando ella se negó a renunciar voluntariamente.

“Me pidieron que renunciara en 20 minutos, y cuando me negué, fui destituida”, denunció Gutiérrez.

Por su parte, Lanchipa emitió un comunicado en el que negó haber interferido en la investigación y justificó la anulación de la orden de arresto por supuestas irregularidades procesales.

“La orden de arresto fue anulada por una jueza de garantías constitucionales debido a la violación de derechos fundamentales”, explicó el fiscal general.

Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, ha rechazado categóricamente las acusaciones en su contra y las ha atribuido a una persecución política.

“No me extraña ni me preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me han amenazado, perseguido y encarcelado. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”, escribió Morales en sus redes sociales.

La destitución de Gutiérrez ha generado una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que consideran una clara violación a la independencia judicial y han pedido una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de su destitución.

El caso ha avivado las tensiones políticas en Bolivia, especialmente dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.

La disputa por el liderazgo del partido entre Morales y el actual presidente, Luis Arce, se ha intensificado, y este escándalo podría tener implicaciones significativas para las elecciones presidenciales de 2025.

Mientras tanto, Gutiérrez ha anunciado que presentará pruebas sobre la presión ejercida por Lanchipa para abandonar el caso y ha solicitado protección para ella y su familia. “No me van a silenciar. Seguiré luchando por la justicia y por las víctimas de trata de personas”, concluyó la exfiscal.