Antonio R. Naranjo / El Debate.- Quiso acortar el horario de los restaurantes, controlar el turismo y prohibir los vuelos de corta duración, pero Yolanda Díaz no se aplica a sí misma esas restricciones: solo en un año, se gastó en comidas, viajes y hoteles casi el doble del salario medio de España, 44.000 euros cargados al erario para hacer una especie de «turismo político».

Una cifra que sube a los 75.000 euros si se amplía el periodo y que no incluye el inmenso coste de movilizar el Falcon u otros aviones del Estado en algunas de sus excursiones oficiales.

Ese es el derroche que la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar se ha permitido entre 2020 y 2022, según la documentación oficial que ella misma ha tenido que desvelar a El Debate tras negarse a hacerlo como gato panza arriba y hacerlo finalmente obligada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

México, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina, Indonesia y Estados Unidos. Seis viajes al extranjero con destinos tan «relevantes» para su condición de vicepresidenta y ministra de Trabajo como su visita a la Feria del Libro en México y encuentro con la jefa de Gobierno de la ciudad.

La «gira internacional» de Yolanda Díaz en 2022 le ha costado a las arcas públicas la friolera de 44.117 euros. Solo en desplazamientos, alojamiento y restaurantes. Quizá así se entienda la desobediencia de la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno para cumplir una orden firme de Transparencia.

Finalmente, Yolanda Díaz ha claudicado tras haber sido demandada ante el TSJM. El Debate ha accedido en exclusiva a los documentos que con tanto celo la vicepresidenta ha querido mantener guardados en un cajón. Ante la posibilidad de que una sentencia condenara a la ministra de Trabajo, El Debate ha obtenido el detalle de los importes destinados a sus gastos en hoteles, restaurantes y desplazamientos, una información que este periódico solicitó en enero de 2023 y que ha sido remitida por Trabajo en pleno verano en el seno de la causa seguida ante el TSJM.

En ella, el ministerio de Yolanda Díaz reconoce no solo que desde que llegara al cargo, en enero de 2020, y hasta diciembre de 2022, necesitara más de 75.000 euros para sus gastos, sino que sus viajes de promoción personal han costado a los españoles más de 44.000 euros.

Los viajes de Díaz fueron más de promoción personal y se justificaron con argumentos tan peregrinos como que eran para «ensanchar la democracia»

Durante gran parte de este periodo existieron diversas restricciones para los desplazamientos debido a la pandemia de covid-19. Respecto de sus numerosos viajes en Falcon, los mismos no computan como gasto individual, según criterio aplicado por Moncloa.

En concreto, el más cuantioso de todos los desglosados por el Ministerio es el que realizó por Uruguay y Argentina, que alcanzó los 8.688,98 y cuyos detalles permanecieron ocultos durante meses, tal y como desveló El Debate, evidenciando las reticencias de la vicepresidenta a la hora de explicar sus viajes, hasta tal punto que fue reprendida por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

La mayoría de los abultados gastos se han localizado en Latinoamérica, a lo largo de 2022. La vicepresidenta estuvo asimismo en Brasil, donde gastó 1.115 euros en alojamiento y 2.380 euros en el desplazamiento; en Chile, con un gasto de 777 euros en hoteles y restaurantes y 5.639 euros en traslados; y en México, donde, sorpresivamente, no gastó nada en alojamientos, pero sí 8.805 euros en desplazamientos.

Pero también viajó a otros rincones del mundo como Indonesia, para asistir a una reunión del G20, donde registró un gasto de 806 euros en hoteles y restaurantes a lo que se suman 6.647 euros en traslados; y en Estados Unidos, un encuentro con su homólogo que tuvo un coste de 1.317 euros en hoteles y restaurantes y 7.943 en traslados.

Y es que, el periplo administrativo y judicial que ha tenido que realizar este periódico para poder acceder a esta información es un claro ejemplo del férreo control de Díaz sobre toda la información que tiene que ver con sus desplazamientos, pues tiene como punto de partida, nada más y nada menos que el 4 de enero de 2023, cuando se solicitaron al Ministerio los gastos derivados de sus viajes.

Mientras Díaz pontificaba sobre turismo, restauración o el uso de aviones, escondía las facturas que pasaba por esos conceptos

Desde entonces todo han sido excusas y procedimientos para dilatar plazos, ya que El Debate tuvo que interponer una reclamación ante el CTBG en febrero de 2023 por el silencio del Ministerio, que, posteriormente, emitió una resolución en la que se indicaba, que «la solicitud no se justifica con la finalidad de transparencia de la ley», añadiendo, además, que esta cuestión era «abusiva».

Este argumento fue pronto desestimado por el órgano independiente, que emitió la resolución 712/2023 de 6 de septiembre, en la que propinaba un sonoro correctivo a la vicepresidenta ante su sorprendente respuesta. De hecho, manifestaba que «conocer el importe de las dietas y gastos abonados a los altos cargos y miembros del Gobierno contribuye indudablemente a conocer cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, por lo que entronca directamente con la finalidad de transparencia de la acción de los responsables públicos a la que sirve la LTAIBG».

Además, reprendía a la ministra de Trabajo por considerar esta cuestión «abusiva», ya que «ni hay una extralimitación en la conducta carente de finalidad seria y legítima, con voluntad de perjudicar o huérfana de interés legítimo, ni se observa un exceso en el ejercicio del derecho que pueda calificarse como anormal. En consecuencia, no se puede considerar justificado el carácter abusivo de la solicitud».

Tras ello, sobre la mesa de Yolanda Díaz se han ido acumulando requerimientos para obedecer las órdenes del CTBG. En dos ocasiones, el 25 de septiembre y el 20 de octubre, la institución ha reiterado «la necesidad de dar cumplimiento a lo señalado en la parte dispositiva de la Resolución R CTBG 712/2023», sin obtener respuesta alguna, pese a que se trata de resoluciones ejecutivas desde el momento en que las mismas son dictadas, por lo que la vicepresidenta debía haberlas cumplido desde esa misma fecha, informa Alicia Martín.

Posteriormente, los servicios jurídicos que han asesorado a El Debate a lo largo de este procedimiento, enviaron un escrito a Trabajo, «al amparo del artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa solicitando el cumplimiento íntegro de la resolución», avisando de que, de no hacerlo, se llevaría el asunto ante la justicia, algo que fue inevitable ante el silencio recurrente de Díaz.

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite la demanda interpuesta contra la ministra con el objetivo de lograr la rendición de cuentas de la vicepresidenta ante los ciudadanos, ordenando la remisión de todo el expediente administrativo para su examen.

Finalmente, el pasado mes de julio y tras verse acorralada en un juzgado, fue Virginia Uzal García, Directora de Gabinete de la ministra, quien remitía la relación de todos los gastos de viajes requerida hace más de un año por este periódico.

Abogacía del Estado, encargada de la defensa de Yolanda Díaz, dirigía entonces un escrito el pasado 31 de julio al TSJM y al que ha tenido acceso este periódico, solicitando el «archivo del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto o satisfacción extraprocesal, pues consideraba que ya con la entrega de los datos, «la resolución administrativa en cuestión ha sido cumplida en su integridad».

Según informan fuentes jurídicas personadas en el procedimiento entablado contra Yolanda Díaz, «estamos ante un triunfo del derecho a saber del ciudadano; además, es un despilfarro de los recursos públicos a disposición de la ministra que ha incumplido porque le ha dado la gana. Por eso mismo pediremos condena en costas», añaden las mismas fuentes.

Yolanda Díaz, reincidente
De hecho, este periódico ha venido relatando los múltiples impedimentos que ha puesto Díaz desde que llegó al cargo para conocer el alcance del coste de sus innumerables ‘excursiones’. Uno de los más relevantes corresponde a la visita que realizó la vicepresidenta a Brasil, para acudir a la toma de posesión de Lula Da Silva en la Nochevieja de 2022. Un viaje cuyos gastos ocultó de forma reiterada y que puso a una de sus subordinadas al borde de la prevaricación.

Es más, solo un día después de que este periódico publicase que un alto cargo podría haber incurrido en esta conducta delictiva al incumplir la resolución 890/2023 del CTBG de 3 de noviembre de 2023, el Ministerio de Trabajo se vio obligado a remitir un documento reconociendo que la excursión al país carioca costó 10.690,14 euros.

Del mismo modo, tal y como se ha relatado anteriormente, el gasto del periplo latinoamericano «para ensanchar la democracia» que llevó a Díaz por tierras argentinas y uruguayas también fue un motivo de reproche por parte del CTBG, pero, finalmente, la vicepresidenta tuvo que rendir cuentas.