El gobierno socialista de López Obrador expropia una mina de Vulcan Materials y la empresa estadounidense anuncia batalla legal
López Obrador
Informe Orwell.- El gobierno socialista de México, líderado por López Obrador, decretó la expropiación de la mina Calica, propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials, ubicada en el estado de Quintana Roo, al convertir el área de más de 53 mil hectáreas en una zona natural protegida. La empresa, con sede en Alabama, ha anunciado que impugnará legalmente esta decisión.
El decreto, publicado el lunes en el Diario Oficial de la Federación, establece la creación del Área Natural Protegida (ANP) Felipe Carrillo Puerto, que abarca los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel. La expropiación prohíbe la explotación de minerales y la realización de cualquier actividad que pueda dañar el ecosistema, incluyendo la extracción de material para la construcción y el vertido de residuos contaminantes en la zona.
Vulcan Materials, que operaba la mina Sac-Tun (anteriormente conocida como Calica) en una extensión de 2 mil 387 hectáreas, expresó su descontento con la medida y anunció que se defenderá por la vía legal. «Esta expropiación constituye una violación a los compromisos comerciales de México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte», declaró la empresa a Reuters, asegurando que la medida les priva del uso de su propiedad.
Reacción internacional y sanciones propuestas
La expropiación no solo ha generado tensión entre Vulcan Materials y el gobierno mexicano, sino que también ha provocado reacciones en Estados Unidos.
El senador estadounidense Bill Hagerty, junto a otros legisladores demócratas y republicanos, presentó una propuesta de ley para imponer sanciones a las embarcaciones que utilicen la terminal marítima de Puerto Venado, la cual forma parte de la infraestructura expropiada. Según la iniciativa, las embarcaciones que lleguen a puertos estadounidenses después de haber utilizado instalaciones confiscadas en países del hemisferio occidental podrían ser sancionadas.
El proyecto de ley, que sigue la línea de una propuesta similar presentada en la Cámara de Representantes en mayo, subraya que Estados Unidos no permitirá que ninguna nación, incluido uno de sus principales socios comerciales, intimide a una empresa estadounidense sin enfrentar consecuencias.
