Asturias tiene que salir de la crisis. Asturias pierde población. La juventud asturiana está condenada a la emigración.

Los profesionales jóvenes no encuentran ayudas para la creación de empresas que les permitan salir adelante y con ello además la creación de nuevos empleos. Pues bien, nuestros políticos, los que van a resolver estos problemas que condenan a Asturias al atraso y al subdesarrollo, han dado con la solución.

Lo principal para salir de la crisis de Asturias es declarar el bable como idioma cooficial de español para no ser menos que las comunidades de Cataluña, Valencia y Baleares con el catalán, las de País Vasco y Navarra con el euskera y la de Galicia con el gallego.

Como todas las demás regiones, nadie puede negar el derecho al estudio y al conocimiento de estas lenguas y así se tuvo en cuenta en la Constitución de 1978 que protege este derecho en el artículo tercero.

En todas las Autonomías que tienen el “privilegio” de contar con una lengua vernácula propia, se ha seguido un mismo camino de implantación: Primero se ha empezado su utilización de manera voluntaria y así se ha introducido su uso en la escuela. En esta situación estamos actualmente en Asturias. El segundo paso el de la cooficialidad, vino a continuación de manera inevitable en las demás comunidades cuando en la práctica notaron que la población se valía de manera suficiente con el uso del idioma común, el español. Y en consecuencia vino el tercer paso que ya es más grave que es el de la inmersión lingüística para limitar el uso del español, lo que conculca el propio artículo 3 al que me he referido anteriormente y que en su primer apartado declara el uso obligatorio del español como lengua del Estado.

Si estuviéramos en un país nacional normal, en un Estado capaz de respetar las propias normas de convivencia que se ha dado, cualquier ciudadano podría negarse a contestar en una lengua vernácula a un funcionario autonómico, alegando el mutuo conocimiento que obligatoriamente ambos deben tener que es el español (artº e.1). Pero no estamos, desgraciadamente en este caso, aquí las fuerzas nacionalistas han tomado la delantera y en este aspecto como en otros muchos, el Estado es incapaz de defender los derechos de los ciudadanos frente a los derechos de los territorios.

¿Cuáles han sido los efectos de la política lingüística en esas Comunidades pioneras?:

El primero de todos ellos ha sido la división de la población por razón de la lengua en dos clases, los que usan la del Estado y los que usan la de la Comunidad.

Por similitud, en Asturias habrá una división entre: “castellano-hablantes” y ”astur-falantes”. ¿Es positivo este hecho para los ciudadanos? Depende de su aplicación, pero es necesario analizar lo sucedido, sin excepción en las Comunidades pioneras. En todas ellas la lengua vehicular en la enseñanza ha sido la vernácula, mientras que el español ha sido prácticamente eliminado con lo que las nuevas generaciones están desconectándose con un idioma, el español, que hablan más de 500 millones de personas, que se habla como lengua propia en más países en el mundo y que junto con el inglés, tiene una demanda mayor para aprendizaje.

¿Podemos considerar positiva esta política lingüística para nuestros hijos o nuestros nietos?. Esta pregunta se contesta sola pero da lugar a otra que surge inevitablemente.

Si esa política no es positiva para los ciudadanos comunes, ¿a quién beneficia?

La contestación no puede ser más lógica: A sus promotores. Hay una serie de fuerzas políticas que se han empeñado en romper la unidad de España y han ido aflorando, con el pretexto de las Autonomías, unos nacionalismos que estaban larvados, algunos desde los siglos XVIII y XIX, y otros de reciente cuño que desean subirse al mismo carro. Y a estas fuerzas que al final no les queda más objetivo que plantear la secesión como ha ocurrido en Cataluña, les acompañan otras de implantación nacional como ocurre con los partidos Socialista, Comunistas, Independentistas, terroristas (la malgama de partidos que sustentan a Pedro Sánchez) que propone una reforma constitucional por la que se declare a España como Estado plurinacional. Además de la finalidad de la ruptura de la unidad del Estado, patente para los nacionalistas cuyo fin es la secesión, hay otro objetivo común que es la obtención de mayor poder y de mayores recursos económicos.

¿Cuántas organizaciones, asociaciones, se constituyen a consecuencia de estas políticas lingüísticas? Y ¿cuántos recursos públicos se destinan a su financiación?

Poder para colocar a sus afines y dinero para la financiación. No importan las trabas que hayas que poner a los ciudadanos comunes, como contestar a los requerimientos de la Administración en la lengua vernácula, rotular en esa misma lengua los productos o servicios ofrecidos en las actividades comerciales, la prohibición del acceso a la función pública a los funcionarios de otras comunidades o a aquellos que no tengan suficientes conocimientos de la lengua vernácula. Lo más curioso del caso es que todo ello lo tenemos que financiar con nuestros impuestos, con la rebaja de las pensiones y con los recortes en la prestación de servicios como la sanidad y la educación. Al final va a cumplirse la profecía, creo que de Lenin, que dijo: “Nos van a pagar ellos mismos la cuerda con las que les vamos a colgar”.

España es un país unitario desde Recaredo. Resistió la invasión árabe con el levantamiento de Pelayo, precisamente en Asturias, y después de 8 siglos fue, una vez más, reunificada por los Reyes Católicos. No hay ninguna nación en el mundo que haya demostrado más vocación por la independencia y la unidad.