El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del PP con la que se insta al Gobierno a reconocer al candidato opositor Edmundo González Urrutia (en la imagen) “como el legítimo ganador” de las elecciones presidenciales de pasado 28 de julio en Venezuela y, por tanto, como presidente electo y legítimo” del país.

El mandato ha salido delante con el apoyo del PP, Vox, PNV Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y el voto en contra del PSOE, Sumar y los socios habituales del Gobierno. Eso, sí Junts no ha participado en la votación porque sus diputados han abandonado el Congreso para asistir a las movilizaciónes por la Diada y el exministro socialista, José Luis Ábalos, ha optado por la abstención, desmarcándose de su antiguo partido.

El texto aprobado especifica que este “reconocimiento se basa en la reiterada negativa de las autoridades electorales venezolanas a publicar los resultados en tiempo y forma, la publicación por parte de la oposición del 83.5 % de las actas verificables que demuestran un categórico resultado electoral, y los pronunciamientos oficiales de instituciones internacionales como el Centro Carter, Naciones Unidas, y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, el español Josep Borrell.

De esta forma, el Congreso exige no solo el reconocimiento de Edmundo González como presidente “legítimo”, sino que también insta al Ejecutivo a liderar el este reconocimiento en las instituciones europeas e instancias internacionales, con el objetivo de asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente venezolano.

También reclama que se exija al régimen de Maduro el cese “inmediato” de la represión contra las protestas pacíficas y la liberación de todos los presos políticos.

UN SISTEMA DEMOCRÁTICO PARA VENEZUELA

Asimismo, la Cámara Baja urge a contribuir a reforzar las medidas de seguridad personal de los dirigentes de la oposición como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia ante las “amenazas por su lucha en defensa de la democracia” en Venezuela. A los que piden también respaldarles como los “únicos interlocutores legítimos” en las negociaciones para la transición democrática.

A nivel internacional, se reclama al Ejecutivo que lidere iniciativas para garantizar que el voto de los venezolanos sea respetado, y que se inicie un proceso de transición hacia un sistema de derechos y libertades basado en el reconocimiento de los resultados del 28 de julio.

También se exige promueva ante la Unión Europea la reinstauración de las sanciones a los dirigentes del régimen de Maduro que fueron levantadas antes de las elecciones como “presunto y a todas luces inútil” gesto de “buena voluntad”, y ampliar estas sanciones, dirigiéndolas especialmente a los intereses económicos de los “colaboradores de la dictadura”.

Finalmente, en los dos últimos puntos del texto, el Congreso reclama apoyar en primer lugar la comparecencia en el Congreso de la dirección del Centro Carter para que explique con detalle las conclusiones de sus informes sobre las elecciones venezolanas y en segundo lugar, apoyar todas aquellas iniciativas de las fuerzas democráticas venezolanas y en especial, aquellas dirigidas a mantener viva la movilización en defensa del resultado electoral.