«L’Etat c’est moi» es una frase atribuida a Luis XIV, quien fue considerado el «Rey Sol» por el esplendor de su Corte, considerada la más importante de su tiempo entre los Monarcas del momento. Todavía no había nacido Montesquieu, el autor de la «división de poderes» –el legislativo, el ejecutivo y el judicial– que caracterizan a las monarquías parlamentarias y democráticas actuales, frente a las absolutistas del «antiguo régimen» que concentraban esos tres poderes en la persona del rey. No estaba muy equivocado por tanto Luis XIV, al considerar que «el Estado era él», pero no es el caso de Pedro Sánchez –cuando menos de momento– si bien a su clara vocación autocrática le encantaría poder definirse como Pedro I el Grande, pero no consta que lo sea todavía. Viene a colación este comentario por el uso y abuso que está haciendo el perdedor de las últimas elecciones generales e inquilino de La Moncloa a base de dar lo que quieren para desguazar la Nación y su Estado a quienes tienen los votos para mantenerle allí como su inimaginable elegido para dañar a España.

Son Puigdemont, Otegi, Ortuzar y ERC junto a las múltiples siglas y variantes comunistas ex «lideradas» por su vicepresidenta Yolanda. La utilización de esa institución del Estado para actuar como la defensa letrada del marido de una investigada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, es un escándalo más, a añadir a los presuntos delitos investigados. Y observar que la Abogacía del Estado se utiliza para denunciar por prevaricación al Juez Instructor de la eventual corrupción de la esposa de Sánchez, resulta más propio de su amigo Maduro –y cía.– que de una democracia de la UE y de un Estado democrático de Derecho. Todavía la ciudadanía española no ha oído ni una sola palabra para explicar, aclarar o negar, con el debido fundamento, cómo es posible que la ciudadana Begoña Gómez sin licenciatura universitaria conocida, realice la actividad que desarrolla en una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid –con el daño reputacional consiguiente, por lo que el Rector también está investigado– sin que ello sea posible sino es por la actividad política de su marido. Quien, por cierto, proclamó solemnemente en la moción de censura su compromiso con la «transparencia» para salvaguardar la «calidad de nuestra democracia», y ahora se niega a declarar como testigo, y su mujer lo mismo y por dos veces, siendo investigada. Toda la argumentación conocida ha sido tachar de «bulo y lodazal de la ultraderecha» las denuncias presentadas, y acusar ahora al Juez de «prevaricador». Por haber «osado» investigar ese oscuro tinglado.