Policías Nacionales reclaman la inmediata congelación del acuerdo alcanzado por el Ministerio del Interior y la Generalitat de Cataluña en la Junta de Seguridad de 5 de noviembre de 2021, mediante el que el Estado dio vía libre al aumento progresivo de efectivos de los Mossos d’Esquadra hasta alcanzar los 22.006 agentes en los próximos años, en lo que supone un incremento del 20% respecto al tope máximo fijado en 2006.

Según la CEP, la detención en las últimas horas de dos agentes del Cuerpo autonómico por su vinculación con la fuga del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo, así como la bochornosa inacción del dispositivo policial encaminado a su arresto, exigen poner en cuarentena aquel acuerdo y su financiación, acordada en diciembre de 2023 por ambos Gobiernos y que implica un gasto para el Estado de más de 1.300 millones de euros.

“Si algo está claro tras lo ocurrido ayer es que los máximos responsables de los Mossos d’Esquadra no han sido capaces de cumplir con una de sus misiones fundamentales. Y que esa inacción, justificada con argumentos tan peregrinos como la aplicación de un criterio de proporcionalidad u oportunidad, ha permitido que Puigdemont eluda la orden nacional de detención por un delito de malversación de caudales públicos, ratificada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 1 de julio”.

“Siendo esto ya grave, porque el fracaso del dispositivo policial diseñado por los mandos de los Mossos ha sido evidente y ha provocado bochorno entre no pocos miembros de ese Cuerpo, lo más significativo es que se ha producido una nueva y gravísima quiebra de la confianza en un servicio público esencial para la seguridad de los ciudadanos de Cataluña”, subrayan.

Si los Mossos no han sido capaces de detener a Puigemont, que se ha movido por Barcelona con una impunidad insultante, incluso por zonas urbanas en las que no había presencia de personas que pudieran poner en riesgo una detención, no se puede seguir alimentando desde el Estado el crecimiento de un Cuerpo y su financiación -pagada por todos los españoles- cuando no ha estado a la altura de lo que se esperaba en un momento crucial. Si la Generalitat quiere más policías, que se los pague. Porque la prioridad del Ministerio del Interior debe ser asignar esos 1.300 millones de euros a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los policías nacionales en Cataluña, que se ha convertido en una plantilla de paso en la que cada año más del 20% de los agentes piden otros destinos en el resto de España, debiendo ser reemplazados por policías de nuevo ingreso”.

La CEP insiste en que “Interior debe dedicar el dinero de todos los españoles a mejorar y dignificar las condiciones de prestación del servicio de los policías nacionales y guardias civiles. Aumentando nuestras retribuciones, dignificando nuestras pensiones, considerándonos profesión de riesgo y potenciando la protección física y jurídica frente al aumento de agresiones. Pero también aplicando mejoras salariales y profesionales para los compañeros/as destinados en Cataluña, en atención a las difíciles circunstancias en las que prestan servicio en aquellas cuatro provincias. En definitiva, defendemos que no puede gastarse un solo euro en pagar el incremento de efectivos de un cuerpo, financiando el coste de más de 3.400 nuevos agentes y cediendo competencias policiales que perjudican el esquema unitario de prestación del servicio policial en España. No cuando lo ocurrido ayer, sumado a otros episodios previos como la actuación de ese cuerpo durante la celebración del referéndum ilegal de 2017 o la escolta de Puigdemont por mossos fuera de servicio mientras estaba huido de la Justicia, demuestra que debe imponerse un relevo total en los niveles de mando para restaurar la confianza institucional y la de muchos agentes que no están de acuerdo con todos estos escándalos”, concluyen.

La Razón