El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la votación de la Ley de amnistía

Susana Burgos. – María Jesús Montero Cuadrado (Sevilla, 4 de febrero de 1966). Nadie más sanchista que ella y con más poder en el Consejo de Ministros después de que Sánchez la nombrara vicepresidenta primera del Gobierno. Y nadie más entusiasta tampoco a la hora de «jalear» al jefe, como dicen en su tierra. Se ha podido comprobar en cada acto del PSOE y en cada pleno del Congreso, aunque se vio de una manera especialmente elocuente a las puertas de Ferraz el 27 de abril, cuando se cernía sobre el partido la amenaza del adiós del presidente tras su carta de «hombre profundamente enamorado».

Sólo han pasado tres meses entre el vídeo de Montero dándose golpes de pecho y tarareando el «Quédate» de Quevedo, y la foto del pasado martes tras la Comisión Ejecutiva Federal de su partido, que avaló el acuerdo del PSC con ERC para investir a Salvador Illa. ¡Pero qué tres meses para la ministra de Hacienda! Se ha llegado a decir que se fue de vacaciones esa misma tarde para no tener que pronunciarse sobre la voladura del sistema de financiación de las autonomías entregada a los independentistas. ‘El Debate’ está en condiciones de desmentirlo. Aunque no asistiera a la comparecencia de Sánchez en Moncloa al día siguiente -donde sí estuvieron Pilar Alegría y Félix Bolaños-, Montero permaneció en Madrid hasta el viernes, día en que viajó a Sevilla. Otra cosa es que no tuviera ningún acto público en toda la semana en el que volver a hacer el ridículo.

Menuda papeleta la de la vicepresidenta del Gobierno, que en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 15 de julio negó tajantemente que existiera una negociación bilateral con Cataluña para un trato singular. Una de dos: o no se había empezado a cocer el pacto, o no se lo habían contado. Cuesta creer lo primero, porque las reuniones con los independentistas han sido constantes en las últimas semanas. Así que se impone la opción del ninguneo, la más incómoda para ella, que antaño defendía desde la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía que «no caben modelos bilaterales porque todos tenemos que comer de la misma tarta y del mismo plato».

Lo cierto es que entre una cosa y la otra, desde que llegó a Madrid, la ministra no ha parado de contradecir las reivindicaciones que hacía en su comunidad. Puro modelo sanchista. Y eso que su nombre nunca ha dejado de sonar del todo para encabezar la lista a las andaluzas. Debe de ser por su principal mérito: salir indemne de los ERE a pesar de haber resistido a los tres relevos socialistas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Debe de ser.

Intentan vestir el santo estos días desde el PSOE andaluz de Juan Espadas argumentando que no importa quién cobre los impuestos, sino quién los reparte. Ni ellos mismos se lo creen.

Intentan vestir el santo estos días desde el PSOE andaluz de Juan Espadas argumentando que no importa quién cobre los impuestos, sino quién los reparte. Ni ellos mismos se lo creen. El mensaje de Juanma Moreno resulta mucho más convincente: «A más Sánchez, menos Andalucía». Y hace bien el malagueño en criticar además que no se enteraran del dislate de la soberanía fiscal de Cataluña por boca de la ministra de Hacienda, que encima es andaluza, sino por Marta Rovira, la líder de Esquerra Republicana prófuga de la justicia, hoy amnistiada.

Pedro Sánchez aseguró la semana pasada en el transcurso de su balance del curso político que tiene intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2025 antes de que termine el año. Otro marrón para Montero. Marronazo, después del varapalo de Junts, que ya tumbó en el Congreso el techo de gasto y los objetivos de estabilidad, que establecían un límite de déficit del 2,5 % del PIB para el año que viene, del 2,1 % para 2026 y del 1,8 % para 2027.

Una vez arrebatada al Senado la capacidad de veto a través de una bochornosa enmienda introducida en la Ley de paridad, la única posibilidad de arreglar el desaguisado habría sido facilitar la investidura de Puigdemont en lugar de entregar a sus enemigos de Esquerra «la llave de la caja» al margen del régimen común, como dicen los separatistas sin el más mínimo pudor. Tanto en Hacienda como en Moncloa saben que no tienen apoyos para sacar adelante unas nuevas cuentas públicas después de haber tenido que prorrogar las del año 2023 por la convocatoria electoral. Así que el reto está en definir el discurso para convencer a los ciudadanos de que este nuevo revés, consecuencia de la extrema debilidad del Gobierno, no debe interpretarse como una señal más de que la convocatoria de elecciones generales está cerca.

Lo que ocurre es que cada día cuesta más poner sordina a la evidencia de que Pedro Sánchez no está en condiciones de seguir gobernando España. Por mucho que resucite cada vez que se le da por muerto. Por mucho que siempre esté a su lado Marisú Montero para tocarle las palmas.