Cuando, ayer, Carles Puigdemont en su carta abierta a los militantes de Junts, señalaba que la única ley que había conseguido aprobar el Gobierno era la de la amnistía y que ni siquiera esa norma podía darse por válida, estaba describiendo, muy a su pesar, suponemos, la realidad de la situación política española, en la que ningún actor público es capaz de entrever el futuro más allá del cortísimo plazo.

Situaciones que rozan el esperpento, como la de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero, negando hace poco más de una semana que Cataluña fuera a tener su propio régimen fiscal mientras su jefe de filas negociaba exactamente esa cesión con ERC, es el último de los numerosos episodios de un gobierno en permanente huida hacia adelante, en el que sus miembros nunca saben con certeza qué «cambio de opinión» se obligarán a realizar y, además, trasmitiendo entusiasmo y convicción a la opinión pública.

Pedro Sánchez puede sentirse satisfecho por haber conseguido la Generalitat para el PSC, que, es relevante, había ganado ampliamente las elecciones regionales catalanas, pero lo ha hecho a costa de una promesa que es una carga de profundidad para la estabilidad del modelo autonómico español y, además, a cambio de un pacto de investidura en el que uno de sus firmantes no garantiza la gobernabilidad a lo largo de toda la legislatura. Con el agravante de que se ha sometido a plazos perentorios –la financiación propia del Principado debe ser un hecho para 2026–, aunque, desde la experiencia acumulada, para el sanchismo es un término temporal dilatado y maleable a nuevos cambios de rumbo.

Se argüirá que un gobierno tripartito de izquierdas en Cataluña no supone novedad alguna, pero, con ser cierto, también lo es que la situación de Salvador Illa depende de cómo evolucione la lucha de poder interna de su principal socio, de una mayoría que se sostiene por un solo voto y de cómo actúen otro de los factores principales de la trama: los siete votos en el Congreso de los Diputados de Junts, esenciales no sólo para llevar adelante un programa de gobierno, con sus Presupuestos, sino, incluso, para la propia supervivencia de la legislatura.

La sucesión de derrotas parlamentarias que ha sufrido la minoría socialistas, con la colaboración de los votos de Carles Puigdemont es el mejor aval de lo que decimos, y sin tener en cuenta la amenaza implícita del ex presidente de la Generalitat, dispuesto forzar la situación hasta su encarcelamiento. Un gobierno con tantos frentes abiertos y sostenidos por un cruce de alianzas parlamentarias inestables, al que se le abre, además, una crisis interna en el propio partido carece de las condiciones objetivas, al menos en los países de nuestro entorno, para gestionar los intereses públicos de la Nación y de sus ciudadanos.