La ofensiva conjunta de Pedro Sánchez, la Fiscalía y la defensa de la propia Begoña Gómez para intentar apartar de la causa al juez que investiga a la mujer del presidente no va a tener efectos inmediatos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) efectivamente cursó el miércoles la diligencia de ordenación por la cual se registra y se numera la querella de la Abogacía del Estado contra el magistrado Juan Carlos Peinado. Pero, según aclaró el propio TSJM ayer, éste es un trámite meramente burocrático a “efectos registrales”, puesto que “no presupone la admisión o inadmisión de dicha querella”.

Así las cosas, la “tramitación efectiva se realizará a partir de septiembre”. Solo entonces los jueces decidirán si ven en la querella que los servicios jurídicos del Estado presentaron en nombre del presidente base suficiente para investigar y abrir una causa contra Peinado por negarse éste a que Pedro Sánchez, citado como testigo en la causa contra su mujer por tráfico de influencias y corrupción, declarara por escrito.

En esencia, el TSJM avisa que no cree urgente ni inaplazable la resolución de la admisión a trámite de la demanda por prevaricación contra el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, por lo que, siendo inhábil el mes de agosto en los tribunales salvo excepciones, no va a acelerar los trámites.

La decisión del TSJM de no mover el expediente de la querella hasta septiembre, explicaron fuentes judiciales, tiene una segunda derivada y es que las partes en el ‘caso Gómez’ (la propia mujer de Sánchez, los otros dos imputados y la Fiscalía, particularmente) ven alejarse temporalmente la posibilidad remota de que prosperara en breve una petición de alejar a Peinado de esta causa, en el caso ya descartado de que se admitiera la demanda en plenas vacaciones, algo que hubiera sido del todo inusual.

Por otro lado, el turno de reparto de sala ha fijado que Francisco José Goyena sea el ponente de la resolución sobre la admisión o no a trámite de la querella en el presidente acusa a Juan Carlos Peinado por prevaricación (lo que supondrían su inhabilitación).

Se trata del mismo magistrado que el pasado 15 de julio elevó al Tribunal Supremo una exposición razonada para que, en su caso, impute al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos por haber dado la orden de difundir una nota en la que se airearon datos supuestamente confidenciales Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un comunicado de prensa que dio pie a que González presentara querellas contra contra la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal que interpuso la denuncia inicial contra la pareja de la presidenta.

El resto de la sala que decidirá la suerte de la querella de Sánchez contra Peinado estará compuesta por Celso Rodríguez, presidente del propio TSJM y exportavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura( APM); y Jesús María Santos, exletrado del Tribunal Constitucional.

Pocas posibilidades
Al margen de que la querella de Sánchez no se va a tramitar con urgencia, es que tiene escasas posibilidades de prosperar, según todas las fuentes consultadas, que destacan que este apresurado escrito de la Abogacía, que contiene incluso erratas y errores, no aporta pruebas de que la negativa a dejar declarar por escrito sea “irrazonable o evidentemente contrario a Derecho” (base para la prevaricación). Tampoco se justifica en la denuncia que Peinado haya violado las “garantías procesales” por el hecho de que el presidente del Gobierno tenga que comparecer presencialmente ante un juez, en vez de contestar por escrito. Y porque no se aportan pruebas para sostener una acusación tan grave como que el instructor quiso interrogar a Pedro Sánchez personalmente en Moncloa con “finalidades ajenas a las procesales”.

Y tampoco hay buenas noticias sobre la otra vía con la que la defensa de Gómez y la Fiscalía pretendían frenar, de manera exprés, la investigación a la mujer del presidente: los recursos de apelación de la defensa y el Ministerio Público ante la Audiencia Provincial para que cerrara o, al menos acotara, las diligencias previas de Peinado.

La Sección 23 del tribunal provincial ha fijado para el 30 de septiembre la “deliberación, votación y fallo” de los dos recursos, un horizonte temporal mucho mayor que el que esperaba el abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, cuando recomendó a su cliente no declarar el pasado 19 de julio y esperar que la resolución de esos recursos acabara con el ‘vía crucis’ procesal.

El pasado 26 de julio Camacho presentó un recurso de súplica ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que pide a esta instancia judicial que no esperara hasta el 30 de septiembre para atender su petición porque esa dilación causaría “un perjuicio de imposible reparación”.

El recurso metía prisas a los jueces para que deliberaran antes de agosto porque, argumentaba, la “endiablada investigación” con unas pesquisas “indeterminadas, prospectivas y en continuo crecimiento” están “lesionando gravemente su derecho de defensa”.

Sin embargo, empezado el agosto judicial inhábil, por el momento la Audiencia Provincial ni siquiera se ha manifestado sobre esta última petición de acelerar el proceso, algo que solo hace cuando de la solución de un recurso depende la libertad de un recluso (causa con preso), que no es el caso.