Antonio R. Naranjo.- La detención de Nacho Cano, con una redada policial previa en pleno ensayo de su espectáculo, parece ya de entrada algo sobreactuada en un país cuyo gobierno, a través de sus apéndices judiciales, está anulando todas las condenas de los ERE de Andalucía, ha amnistiado un golpe de Estado en Cataluña después de indultar a sus cabecillas, utiliza la Fiscalía General y la Abogacía General del Estado para defender a Begoña Gómez y atacar al Tribunal Supremo o, entre otras barbaridades, transfirió las competencias penitenciarias al País Vasco para saltarse los informes contrarios a conceder privilegios a los presos terroristas y, al trasladarlos, facilitar que se los concedieran.

Acusarle de favorecer la inmigración ilegal o de vulnerar los derechos de los trabajadores podría llegar a tener sentido, de ser cierto, aunque no dejará nunca de sorprendernos la doble vara de medir que aplica el poder, al menos cuando lo ostenta Pedro Sánchez.

Porque si alguien ha potenciado la inmigración ilegal es su Gobierno, con una política que oscila entre la incompetencia y la negligencia y ha tenido un efecto llamada tan evidente como los datos que lo evidencian: mientras Italia logró reducirla un 60 % en 2023, España la aumentó un 82%.

Y si alguien vulnera los derechos de los trabajadores es también nuestro insigne Gobierno, el del Aquarius pero también el de la valla mortuoria de Melilla, al no tener un plan mínimamente decente para que los acogidos desarrollen al llegar una vida razonable, con derechos y obligaciones, que justifique lo que sufrieron para llegar y a la vez lo que supone acogerlos en todos los sentidos.

Una vez traídos a España, en vuelos constantes desde Canarias, les colocan en campos de refugiados indignos, les niegan la posibilidad de trabajar y les condenan a una vida que oscila entre el confinamiento y la clandestinidad.

No parece que Nacho Cano pueda empeorar el balance gubernativo en este capítulo, y tampoco se antoja fácil de creer que un artista se dedique a explotar a quienes, previamente, ha incluido en un acuerdo formativo público para incorporar como becarios a estudiantes mejicanos con opciones de trabajar en su espectáculo cuando viaje a México.

La imagen de Cano cascando de lo lindo contra Marlaska, con la práctica totalidad de los estudiantes acompañándole en su denuncia, no parece precisamente la de un tipo siniestro que, para ahorrarse unos durillos, se trae de un país situado a 9.200 kilómetros a unos chavales para tratarlos como Pablo Escobar a los peones de sus campos de cocaína en la Colombia de los 90.

Aunque el artista hubiera cometido algún error, exceso o incluso delito, que viendo los hechos con algo de frialdad parece improbable, la pirotecnia desplegada en la operación parece denotar una perversa intención política que el propio afectado ha denunciado, tal vez sobrado de rotundidad por las circunstancias, pero con ese tipo de valentía que suelen exhibir los inocentes.

Para él, se trata de una represalia política por su conocido respaldo a Ayuso, expresado en tiempos de pandemia de manera inusual en su sector: es más difícil ver a un artista diciendo algo bueno de la derecha que algo malo de la izquierda, que va sobrada de melodramáticos apoyos resumidos en la hiperventilada Marisa Paredes o el desatado Pedro Almodóvar y reunidos, en tiempos, en el ínclito «Clan de la ceja».

Quizá no sea así y la Policía, vaya usted a saber por qué, tiene órdenes de perseguir abusos laborales en un país donde ya nadie quiere ser empresario, para regocijo de Yolanda Díaz, pero la sospecha tiene fundamento: todo lo que esté remotamente cerca de Ayuso es un objetivo para Sánchez.

Y a nadie le extrañará que, para un presidente dispuesto a tapar la boca a jueces y periodistas para ayudar a su esposa a escurrir el bulto, le parezca mucho más peligroso Nacho Cano que Puigdemont, Griñán, Otegi o el mismísimo Txapote.