El Gobierno quiere poder elegir, a través de un órgano competente de la Administración General del Estado, cuál debe ser la Comunidad Autónoma a la que se traslade desde Canarias, Melilla y Ceuta a los menores inmigrantes no acompañados en caso de sobreocupación en estas regiones

Así se desprende del texto de la reforma de la Ley de Extranjería, que añade que esta situación se dará siempre que se produzca una sobreocupación del 150% respecto del número de plazas disponibles en el sistema de protección de personas migrantes menores de edad no acompañadas. La iniciativa, para su debate en el Parlamento, no recoge en principio ninguna dotación económica para llevar a cabo este nuevo sistema de reparto.

Establece que en Canarias el número de plazas disponibles es de 2.000, por lo que sería 3.000 la cifra que determinaría la existencia de sobreocupación, una situación que ya se produce en estos momentos. Mientras, en Ceuta sería de 88 y 132 y, en Melilla, de 166 y 249.

Además, según la propuesta del Gobierno, se establecerá un periodo transitorio en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y las Ciudades de Ceuta y Melilla, para el traslado de menores migrantes solos que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren ya en Canarias, Ceuta y Melilla y formen parte de la sobreocupación en el sistema de protección. Una vez identificadas, deberán ser trasladadas en el plazo máximo de un año.

También contempla que, en el caso de que se localice a una persona extranjera no acompañada, tanto si su minoría de edad es indubitada, como si se trata de menores extranjeros no acompañados indocumentados, se procederá a realizar su “reseña inmediata” o “a la mayor brevedad posible”, y a su inscripción dentro de las veinticuatro horas siguientes.

El documento también señala que, mientras se mantenga la referida sobreocupación respecto del número mínimo de plazas del sistema de protección de menores migrantes solos en Canarias, Ceuta y Melilla, el niño cuya minoría de edad sea indubitada o no pudiera ser establecida con seguridad, será trasladado en el plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de inscripción en el registro a la comunidad autónoma de destino.

La propuesta de ubicación en una comunidad autónoma se adoptará por el órgano de la Administración General del Estado designado en el Plan y en la normativa reglamentaria de aplicación de forma simultánea a la inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

EL GOBIERNO ABORDA LA REFORMA CON LAS COMUNIDADES EN LA SECTORIAL

El Gobierno abordó este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia con comunidades autónomas la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados.

El cupo a repartir este año son 347 niños. Según la propuesta del Ejecutivo, Andalucía acogería a 30, Aragón 20, Asturias 24, Baleares 10, Cantabria 29, Castilla y León 21, Castilla-La Mancha 20, Cataluña 31, Comunidad Valenciana 23, Extremadura 30, Galicia 26, Madrid 30, Murcia 16, Navarra 15, País Vasco 18 y La Rioja 4.

Las comunidades autónomas han comenzado a debatir en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebra en Tenerife, la reforma de la ley de Extranjería para garantizar la acogida solidaria de los menores no acompañados que llegan a Canarias, pero lo han hecho con criterios encontrados y reclamando que cualquier medida esté acompañada de la financiación adecuada.

Uno de los primeros en expresar sus dudas acerca de esta reforma ha sido el consejero de Derechos Sociales de la Generalitat catalana, Carles Campuzano, que ha aseverado que la acogida de los menores no acompañados tiene que hacerse “bien, de manera ordenada” y ha indicado que en los términos en los que se presenta la modificación de la ley de Extranjería, “el Govern de Catalunya no puede avalarla”.

Campuzano ha insistido en que entiende las necesidades de Canarias y por ello acude a esta reunión con un “ánimo constructivo” pero ha recordado que desde el 2017 ha recibido a 14.000 jóvenes migrantes, por lo que tiene “vocación de acogida”, si bien ha recriminado al Ejecutivo estatal que no lo esté haciendo “bien”, al tiempo que ha reclamado “orden y financiación”.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social de Castilla La Macha, Bárbara García, ha expresado su apoyo a la reforma de la Ley de Extranjería para repartir la tutela de los menores no acompañados que llegan a las costas canarias, pero ha señalado que tiene que estar acompañado de financiación.

También el Gobierno Vasco y los tres diputados forales, competentes en materia de infancia, han pedido al Ejecutivo central “reglas claras” en la atención de los menores migrantes no acompañados y un plan estructural que evite las vulneraciones de derechos humanos.