La ministra de Defensa recibe en la Base Aérea de Torrejón a más de 200 militares ucranianos que se adiestrarán en España.

Yarisley Urrutia.- Agentes de inteligencia de Kiev usan el adiestramiento de reclutas ucranianos en España para obtener información de voces críticas al respecto de la narrativa oficial sobre el conflicto de Ucrania. Los servicios de traducción pueden ser una brecha para la seguridad. Agencias de verificación ucranianas buscan influir en la opinión pública española.

Más de 4.000 reclutas ucranianos han recibido instrucción en las bases militares del Ejército de Tierra, cuyos oficiales e instructores les adiestran en tácticas de combate estandarizadas en la OTAN y en el manejo de sistemas de armas de fabricación occidental. Pero la estancia de estos soldados también se salda con contradicciones y acciones imprevistas que han podido erosionar la confianza de la jefatura militar en el mando político del Ministerio de Defensa.

De acuerdo con la información que circula en los medios españoles, en enero los militares de España detectaron que determinados elementos del contingente ucraniano se extralimitaban de sus teóricas funciones. A saber, un oficial de los servicios de inteligencia de Ucrania (Servicio de Seguridad de Ucrania o SBU) que acompañaba el contingente abandonó sin autorización su acuartelamiento en la Academia de Infantería de Toledo y empezó a moverse por el país con el fin de recabar datos sobre ciudadanos que, no sujetos a las narrativas oficiales de la UE y la OTAN sobre el conflicto en Ucrania, pudieran estar difundiendo enfoques diferentes.

No es la primera vez que agentes del SBU (de la Seguridad del Estado) y no de la inteligencia militar (del Ministerio de Defensa ucraniano) son detectados entre los efectivos ucranianos que han llegado a los cuarteles en Toledo, Zaragoza y Cádiz, donde supuestamente velan por el orden y la seguridad entre sus propias filas, una tarea más propia de la inteligencia militar. Además, el agente en cuestión se ausentó en la primera semana de enero de su cuartel en Toledo y viajó a Madrid para una labor no autorizada de espionaje, que la misión EUMAM-UA de formación de soldados en absoluto contempla.

Su objetivo era la consecución de datos sobre personas, activistas e incluso asociaciones que, tildados de “prorrusos”, pudieran estar participando u organizando actos como conferencias u charlas, eventos como la marcha del Regimiento Inmortal en Madrid, o la difusión de puntos de vista disidentes de la posición oficial suscrita por el Gobierno de España sobre el conflicto armado en Ucrania.

Dado que en tales círculos de opinión y entornos no solo figuran rusos residentes en España, sino que proliferan mayoritariamente los propios españoles, los mandos del Ejército consideraron inadmisible la actuación del agente del SBU y propusieron su expulsión del país. Pero la orden cursada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Teodoro Esteban López Calderón, no fue atendida por la dirección política del Ministerio de Defensa, que solicitó su anulación para evitar tiranteces con el régimen de Zelenski.

Interés compartido

¿Qué se puede interpretar del desacuerdo entre el Estado Mayor y la jefatura del Ministerio de Defensa? Es obvio que el almirante López Calderón hizo lo correcto ante un caso que afecta a la seguridad nacional. “Y más aún cuando el agente estaba infiltrado en las Fuerzas Armadas españolas”, añade el historiador y periodista José Miguel Villarroya, que distingue un matiz en la decisión política de no dar curso a la petición del almirante de expulsar de España al agente detectado.

“Si [la ministra de Defensa] Margarita Robles se lo ha impedido, no es por motu proprio, sino porque al Gobierno de España le interesa, cosa que deja en bastante mal lugar al Gobierno. Pero también deja muy mal a la oposición, pues no ha preguntado por este tema en el Congreso de los Diputados ni se ha organizado ninguna comisión para esclarecerlo”, precisa Villarroya.

“Parece haber un interés compartido entre Gobierno y oposición para que estas personas puedan actuar con total impunidad en territorio español y puedan ir, como mínimo, señalando a personas de dentro y fuera de las Fuerzas Armadas que estén emitiendo opiniones diferentes a las del Gobierno”, añade, consciente de la gravedad de dejar suelto a un espía de los “no fichados”, de los no oficiales. “Porque los oficiales están en las embajadas”, recuerda.

No es la primera vez que España sufre espionaje por parte de países que considera aliados y tampoco es la primera vez en que su actividad se aborta del modo más discreto posible “por cortesía diplomática”. En diciembre, Madrid expulsó a dos espías de la Embajada de EEUU por sobornar a dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a cambio de información operativa de máximo rango.

Después del acuerdo bilateral

España y Ucrania suscribieron cooperar en materia de inteligencia y contraespionaje durante la última visita de Volodímir Zelenski a Madrid, donde él y Pedro Sánchez firmaron un acuerdo bilateral por el que Madrid entregará a Kiev en 2024 una ayuda militar por valor de 1.129 millones de euros.

En la práctica, tal cooperación venía produciéndose antes y se materializó con el despliegue de una “antena” de los servicios especiales españoles en Ucrania, según fuentes de El Periódico de España en la Seguridad del Estado. Por antena cabe entender uno o más agentes que recaban información. Por la parte ucraniana, sus antenas del SBU se intensificaron con el inicio de las misiones de adiestramiento a militares ucranianos en suelo español.

¿Cómo llegan con tanta facilidad este tipo de agentes a España? Los aviones que aterrizan en los aeródromos militares de Torrejón de Ardoz (Madrid), Zaragoza o Rota (Cádiz) despegan de bases en Polonia. Una vez aterrizan, sus pasajes no pasan por el habitual control de pasaportes ni se comprueban los visados, pues se supone que la estancia en España se limita al acuartelamiento. Ha habido 17 vuelos de esta naturaleza desde el otoño de 2023, y transportan tanto a soldados rasos como a efectivos más especializados (por ejemplo, los que reciben formación para operar los sistemas antiaéreos Hawk que España les dona).

Quién busca señalar a quién

Antes que los españoles, los propios ucranianos residentes en España pueden ser objeto de seguimiento. Es el caso del periodista y opositor ucraniano Anatoli Shari, residente en Cataluña desde hace 10 años y cuya casa fue atacada con cócteles Molotov en otoño de 2023 y, más recientemente, en marzo, adonde se acercó un posible sicario con un arma de fuego.

“Resulta que las fuerzas de seguridad ucranianas pueden incluso llevar a cabo asesinatos por encargo en España sin ningún problema”, escribió Shari en su cuenta personal de X al respecto de la actividad del SBU en el seno de las Fuerzas Armadas españolas.

Las actividades de espionaje ucranianas en España no tienen por qué limitarse a la acción de sus agentes infiltrados. Hay estructuras legales, incluso bajo la égida de la UE, de las que también se pueden valer para recabar información. Por ejemplo, la agencia ucraniana de verificación de noticias StopFake busca medios de comunicación afines a los que financiar en el marco de un proyecto de verificación más amplio que favorezca las informaciones que vierte Kiev sobre el conflicto en Ucrania, para lo que contacta con empresas españolas de verificación de datos.

Los fondos los proporciona el European Media and Information Fund, una organización con base en Portugal financiada por la UE, que en realidad arma proyectos de esta naturaleza por toda Europa, incluido el Reino Unido.

¿Y por qué la ucraniana StopFake ejerce el papel subsidiario de seleccionar los fact checkers para el proyecto? Fundada en 2014 en la Universidad Mohyla de Kiev al calor del golpe del euromaidán, sus colaboradores proceden en su mayoría de tal universidad, que cita como referentes a Mijaíl Saakashvili, Madeleine Albright o Zbigniew Brzezinski.

“Pero también colaboran miembros vinculados a think tanks occidentales, como el Atlantic Council”, escribe Javier Couso en su ensayo Rusofobia: la propaganda antirrusa al servicio de la guerra, donde explica que la actividad de la organización se lleva a cabo en 11 idiomas y cuenta con la financiación del International Renaissance Foundation, la Embajada del Reino Unido en Ucrania, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checha y el Sigrid Rausing Trust.

Los tertulianos, más expuestos

En España son notorias las voces disidentes con el discurso oficial sobre el conflicto en Ucrania, si bien no obtienen la cobertura de los grandes medios.

Además, es sabido que determinados think tanks (el CIDOB de Barcelona) confeccionaron listas de periodistas, políticos, profesores de universidad y líderes de opinión a los que se tildó de contemporizar con la visión del Kremlin.

Preguntado sobre si teme que el SBU recoja datos sobre su persona, José Miguel Villarroya, cuyas intervenciones en el canal 8TV son muy mediáticas, afirma no haber recibido amenazas o señalamientos.

“Yo ya estoy señalado desde que empezó el conflicto, cuando desde el inicio mantuve una posición muy clara, así que no creo que manden espías para averiguar si soy prorruso o no, porque ya lo he demostrado públicamente”, defiende, confirmando su inclusión en uno de los listados.

“El hecho de ser una persona más o menos conocida públicamente hace que no les interese que se me amenace, porque tendría una repercusión mayor. Imagino que ellos buscan a gente más anónima, a los que se mueven por redes sociales, que no tienen una visibilidad tan pública, y a los que es más fácil amenazar y coaccionar para que dejen manifestar sus posiciones”, concluye Villarroya.

Problemas con los intérpretes

A la tensión suscitada por los espías ucranianos fuera de su acuartelamiento, cabe añadir la problemática potencial a cuenta de los servicios de traducción español-ucraniano, cuya contratación mediante empresas subsidiarias ha estado revestida de polémica.

Un filtrado incorrecto de los intérpretes puede suponer una brecha para la seguridad nacional, dada la naturaleza de las materias que se imparten (manejo de armas, uso de explosivos, etcétera). Es decir, es un conocimiento que no debe trascender ni quedar fuera de control. Un informe del Ejército alertó al Ministerio de Defensa de tal riesgo y ha provocado cambios en la elección de las empresas contratadas.

Las labores de traducción son ejercidas en muchos países por los propios militares, y así lo hizo España hasta 2022 en la Base Aérea de Zaragoza. Pero a partir de entonces se decidió externalizar el servicio. Ofilingua, que también asiste con sus intérpretes al Ministerio del Interior, fue su primera concesionaria y por contrato debía de garantizar la seguridad.

El perfil de dos de sus traductores ofreció dudas y estos fueron rechazados, por ejemplo.

Pero en diciembre, el Ministerio de Defensa adjudicó un contrato dotado con casi ocho millones de euros a Oncall Europa, una empresa civil sin experiencia en España, de propietario libanés y que en 2022 no había tenido empleado alguno.

Sorprendentemente, en las bases de la convocatoria no figuraba la exigencia de garantías de seguridad a los candidatos, por lo que Oncall Europe no ejerció un control previo y no quedaba obligada a revisar a los traductores a fin de evitar riesgos de infiltraciones y filtraciones.

La situación suscitó que las otras dos empresas que pugnaban por la concesión del contrato presentaran un recurso contra esa concesión a Oncall Europe, cuya oferta era mucho más barata. El recurso prosperó en enero y, finalmente, Eulen logró la licitación.