Varias personas se concentran para protestar contra el presidente del Gobierno antes de que su mujer, Begoña Gómez, llegue a declarar como investigada, en los juzgados de Plaza de Castilla, este viernes.

El aplazamiento al 19 de julio de la declaración de Begoña Gómez por parte del juez que la investiga por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción ha dado más munición al PP para elevar su ya enconado enfrentamiento con el Gobierno por la causa abierta a la mujer del presidente Sánchez.

En un comunicado, los populares acusaron a Gómez, primero, de “no facilitar” e, incluso, “obstruir” la acción de la Justicia al acogerse a su derecho a no declarar -su defensa alegó que no le habían notificado una de las querellas- y, tras fijar el juez Juan Carlos Peinado la nueva fecha, de “alargar la agonía de los inquilinos de la Moncloa y la vergüenza de todos los españoles”.

En Génova cundía la expectación por una cita judicial que, entendían, resulta “dañina” para Sánchez y su entorno. En esa línea, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, incidió en la calificación de la jornada como “un día negro para la democracia española”. “Quien prometía llegar a la Presidencia para desterrar la corrupción, hoy es un presidente manchado hasta la médula”, afirmó durante su intervención en la junta directiva provincial del partido celebrada en Valladolid. “Sánchez tiene mucho interés en seguir en el Gobierno para poder defender a su familia, a sus socios y a sus compañeros de partido de la acción de la Justicia”, interpretó.

En el Gobierno, en cambio, se perciben como “víctimas” del procedimiento incoado por el magistrado Juan Carlos Peinado. Su portavoz, Pilar Alegría, insistió en que la investigación parte de «una denuncia falsa» y reprochó indirectamente al juez que “haya llegado tan lejos”. “Va a declarar una mujer que en estos momentos y todavía en estas fechas no sabe de qué se le acusa. Y lo único que conocemos es una denuncia falsa propuesta por Hazte Oír y por Manos Limpias”, señaló la también ministra de Cultura antes de que comenzara la vista, tildando a ambas organizaciones como las “más ultras y oscuras” del panorama español.

Pero en paralelo, Alegría intentó también trasladar un mensaje de calma ante la agenda judicial que cerca a la Moncloa. “Lo que les puedo trasladar es la máxima tranquilidad porque sabemos eso, que hay una denuncia falsa y que no hay nada, absolutamente nada. Y de hecho así lo demostró también un informe sólido de la Guardia Civil que desmontaba uno por uno sus argumentos falsos de la denuncia de Hazte Oír y Manos Limpias”, reiteró, en alusión al documento de la UCO no ve indicios penales en las actividades de Gómez.

Carga de Robles
Incluso la ministra de Defensa, la también magistrada Margarita Robles, rompió su habitual neutralidad en lo que a las decisiones judiciales se refiere. Señaló que el juez Peinado “buscaba” que la esposa del presidente del Gobierno “hiciera el ‘paseíllo'”; y cargó contra los manifestantes congregados en la madrileña Plaza de Castilla. “Cuando veo a personas que se reúnen delante de los juzgados insultando al Gobierno creo que no representan a España”, zanjó.

La ministra, a preguntas de los periodistas, dijo no entender que “un juez, pese a que una persona le dice que no tiene los elementos de juicio suficientes para declarar, la obligue a comparecer como ha hecho”. Una situación que a su juicio da a entender que “el único objetivo era que hiciera un ‘paseíllo'” (la investigada entró por el garaje), ya que “él sabía perfectamente que Begoña Gómez no estaba informada de aquello por lo que se le llamaba a tomar declaración”.

“Llevo más de 40 años en el mundo judicial y lo que he visto me sorprende, no lo comprendo y creo que es una mala imagen para la Justicia”, reiteró Robles. La ministra terminó recordando que los jueces son “servidores públicos” que “están para prestar un servicio, no para tener protagonismo”.