El Congreso, presidido por Francina Armengol, acumula ya 32 contratos adjudicados por valor de 557.938,85 euros en traductores en nueve meses, un balance que va desde el 19 de septiembre hasta finales de junio, según los datos recopilados. Si bien, de esas 32 adjudicaciones, 31 por valor de 512.000 euroshan sido a través de contratos menores (por debajo de 15.000 euros), una vía que permite asignar a dedo, sin concurso público ni prácticamente transparencia. A priori, esa práctica puede concluir pronto porque el Congreso ha sacado a concurso un contrato por valor de 12,5 millones de euros para servicios de traducción, interpretación y transcripción de lenguas cooficiales, aunque fuentes parlamentarias también advierten de que puede quedar desierto porque no ven fácil su adjudicación.

En concreto, en el periodo que abarca septiembre a diciembre de 2023, se adjudicaron 12 contratos menores para 12 traductores (tres de euskera, cuatro de catalán y cinco de gallego) por valor de 14.999,99 euros (más IVA, lo que asciende a 18.149,99 euros). No obstante, los intérpretes tan solo facturaron de forma periódica y en función del número de horas prestadas a lo largo de 2023, hasta agotar la cuantía máxima de la contratación (es decir, los 14.999,99 euros). Además, se adjudicó un contrato menor para la transcripción en el Diario de Sesiones por importe de 8.469 euros y otro por valor de 7.671,79 euros para el suministro de auriculares para escuchar la traducción simultánea durante las sesiones parlamentarias. Asimismo, por valor de 45.907,34 euros se alquiló el equipamiento (petacas), con una duración hasta diciembre ya que en enero se hicieron obras en el hemiciclo para cambiar las pantallas táctiles de todos los escaños y se colocaron unos dispositivos que incorporan la conexión a la traducción de las lenguas cooficiales. Las obras tuvieron un coste de tres millones de euros.

Esos contratos fueron aprobados por la Mesa del Congreso, ya que el secretario general del Congreso, Fernando Galindo, quería evitar asumir riesgos judiciales porque son contratos que obtuvieron luz verde antes de que se reformara el Reglamento para permitir el uso de las lenguas cooficiales. Naturalmente, la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso se impuso a los miembros del PP, que se opusieron a estas maniobras de Armengol para contentar a los independentistas. Cabe recordar que la presidenta del Congreso autorizó ya el uso de las lenguas cooficiales en el Pleno durante el debate de la reforma del Reglamento que habilitaba el uso de catalán, euskera o gallego.

A partir de diciembre, ya ha sido la Junta de Contratación quien ha ido aprobando los contratos, además de ir convalidando la prestación de servicios de los traductores adjudicatarios (pagando). En este sentido, el 21 de diciembre de aprobó la adjudicación de 14 contratos menores (se incorporó a dos traductores más que en septiembre) y todos ellos por valor de 14.999,99 euros con un plazo de ejecución a lo largo de todo el 2024 (como en 2023). El 7 de febrero, la Junta de Contratación aprobó un contrato menor para la transcripción entre febrero y agosto por valor de 4.840 euros. Los otros contratos se aprobaron en la Junta de Contratación del 21 de marzo: para traducción y transcripción, ambos sumaron un valor de 19.149,99 euros.

En total, en base a todos estos contratos recopilados, la estimación del gasto (conforme a las convalidaciones que ha ido haciendo la Junta de Contratación, que ascienden a 170) está en torno a 230.00 euros en nueve meses. La Junta de Contratación está compuesta por miembros de la Mesa del Congreso y algunos altos funcionarios, pero la mayoría continúa siendo afín al PSOE y Sumar.

Probablemente, la adjudicación de contratos menores se termine si hay adjudicatario del contrato de 12,5 millones de euros, aunque parece que no va a ser fácil. El anuncio salió publicado en el BOE el 10 de abril. En todo caso, fuentes parlamentarias señalan rotundamente que “no hay justificación para que se hagan contratos menores” porque la mayoría de adjudicaciones comparten el “objeto”. De hecho, el contrato de 12,5 millones de euros viene a reemplazar los contratos menores.

En este sentido, las mismas fuentes parlamentarias advierten del posible incumplimiento de varios preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público. Por un lado, los contratos adjudicados a traductores “forman parte de la misma unidad funcional” y, por tanto, se debería adjudicar un contrato que “debería tener un valor estimado igual a la suma” de todos los contratos (o sea fraccionados por lengua o sea conjuntamente) y eso superaría “el umbral máximo permitido para adjudicar contratos menores de servicios (14.999,99 euros)”. Por otro lado, fuentes parlamentarias también advierten de lo que estipula el artículo 308.2, que dice lo siguiente: “En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores”. Es decir, el Congreso no puede “instrumentar” la contratación de traductores a través del contrato de servicios.

No obstante, todo obedece a la vía “exprés” que ha querido usar el PSOE para contentar a los independentistas con el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y eso ha dado pie a contratos menores que pueden bordear consecuencias judiciales y a episodios caóticos porque ha habido momentos en los que se ha visto cómo los traductores tenían que marcharse a mitad de una Comisión a otra para prestar servicios.

En este sentido, fuentes del PP recriminan a Armengol que lleve casi un año “troceando contratos” y adjudicando “sin concurrencia pública”, cuando “debería de haber sido el procedimiento a seguir”.